Las personas con problemas de fertilidad viven mes a mes un constante duelo después de ver frustradas sus ilusiones con otro intento fallido. Ellos esperan que la ciencia les pueda proporcionar lo que no pueden lograr por medios naturales: tener un hijo. La Ley 19.167, promulgada hace un año, establece la cobertura de las técnicas de reproducción asistida por parte del Estado. Comprende los procedimientos de baja y alta complejidad. El mes pasado se reglamentó dicha ley para las técnicas de baja complejidad, que son aquellas en las que se fecunda el óvulo dentro del cuerpo de la mujer. Hoy se hizo público el decreto reglamentario, que obliga a las prestadoras de salud a dar cobertura a las mujeres comprendidas dentro de la ley.
El subsecretario de Salud Pública, Leonel Briozzo, en declaraciones a la Secretaría de Comunicación de la Presidencia de la República, informó que se están recibiendo los fondos para poder tener los equipos de trabajo y que ya se puede consultar sobre estos tratamientos en los centros de salud. Para acceder a ellos, las usuarias primero deben pasar por una consulta con su ginecólogo, para luego ser derivadas al equipo de referencia, que les indicará el método que corresponda dependiendo del caso. Según expresó, “es un nuevo derecho que se incorpora a la cartera global de los derechos sexuales y reproductivos que posicionan a Uruguay en un lugar destacado en el mundo”.
Financiación – Estos procedimientos van a ser financiados por el Plan Integral de Asistencia en Salud (PIAS), en parte por un aumento en la cuota que las instituciones cobran por cada usuario y por un ticket moderador que se les cobrará solamente a los pacientes del FONASA. Esos copagos, en el caso de las técnicas de baja complejidad, son iguales para todos, es decir, no hay diferencia por ingresos. Sí hay diferencia según el número de intentos, que se limitan en un máximo de tres. Según explicó Briozzo, el primer copago está entre los 4.000 y 5.000 pesos; el segundo intento entre 10.000 o 12.000 pesos y el tercero se ubica entre los 17.000 o 18.000 pesos. Para los usuarios de ASSE, los tres primeros intentos continuarán siendo gratuitos, como los son desde hace diez años en el Hospital Pereira Rossell, donde funciona en forma exitosa una unidad con índices de fertilización por encima del 60 %. El subsecretario declaró que en total, se logró disminuir un 50% de los costos.
Sala de Redacción dialogó con algunos integrantes de la asociación civil Procrea Uruguay, que vienen luchando hace mucho tiempo para hacer efectiva la ley de fertilización asistida. Si bien reconocieron que se avanzó con la instrumentación de las técnicas de baja complejidad, están esperando que se reglamenten las de alta complejidad. Son los procedimientos donde el óvulo es fecundado fuera del cuerpo de la mujer, y luego transferido a su útero. Requieren más infraestructura y también son más caras. La ley establece que dichos procedimientos sean financiados por el Fondo Nacional de Recursos (FNR). El punto es que estas técnicas también serán realizadas bajo un sistema de copagos.
Situación actual
La presidenta del FNR, Cristina Mier, explicó a Sala de Redacción que en este momento se está terminando de elaborar el decreto reglamentario para los tratamientos de alta complejidad. Es necesario también un decreto de financiación, que es competencia del Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Economía y Finanzas en conjunto. Luego de que ambos estén aprobados, empezará la cobertura por parte del FNR, que se encargará de contratar a las clínicas que estén habilitadas y de proveer los medicamentos. Mier señaló que en el caso de estas técnicas, habrá una diferencia sustancial con otras prestaciones, porque va a existir un copago que será una proporción del costo total. Dicha proporción va a ser diferencial en cinco franjas de acuerdo a los ingresos de la persona o el núcleo familiar y también de acuerdo al número de intentos. Para la primera franja según ingresos, que hagan el primer intento, no va a haber copago. El monto a pagar irá en aumento hasta llegar a la quinta franja, que es la de mayores ingresos. Mier aclaró que como el copago será proporcional al costo, aun no se sabe cuánto va a ser efectivamente su valor porque todavía no cerraron la negociación de precios con los proveedores.
No fue como imaginaron
Según explicaron las integrantes de la asociación Procrea Uruguay, Mónica Cabrera y Silvana García, al promulgarse la ley los pacientes entendían que al menos las técnicas de baja complejidad, por estar incluidas dentro del PIAS, serían completamente gratuitas y cubiertas por el Estado. Señalaron que el costo del ticket moderador está muy por encima de los aranceles que pagan a nivel privado, donde se les cobra determinado monto por única vez, independientemente del número de intentos. “A nivel público, cuanto más querés intentar concebir un hijo, mayor es el castigo, porque tenés que pagar más plata”, expresó Cabrera. Explicó que, si bien en cierta forma les están dando lo que querían, la aplicación de la ley está mal pensada, porque quieren garantizar el éxito del tratamiento en el primer intento, cuando en realidad las posibilidades de lograr un embarazo en la primera oportunidad son muy bajas. Tanto García como Cabrera dijeron ser conscientes del alto costo que tienen las técnicas de alta complejidad, ya que requieren más destreza e infraestructura, pero no están de acuerdo con todos los requisitos que tienen que alcanzar para acceder a ellas. Sienten que los criterios de exclusión no consideran a las pacientes de forma integral, sino que son formas de filtrar gente debido a los costos del tratamiento. Manifestaron su disconformidad porque entienden que no se está contemplando la parte psíquica de la mujer. Explicaron que todo el proceso genera mucha angustia y ansiedad. Además de los grandes esfuerzos económicos para poder acceder a la técnica, son demasiadas las exclusiones. Los principales requisitos que mencionaron con los que no están de acuerdo son la exclusión por edad y por índice de masa corporal. “El FNR nos da sus fundamentos técnicos, pero nosotros lo vivimos desde el lugar de pacientes, desde la espera por poder ser padres”, explicó Cabrera.
Lo que esperan
Cabrera declaró que lo que buscaban con la promulgación de esta ley era que el Estado garantizara el derecho a gestar así como garantiza el derecho a no gestar. Que como usuarias, a través del MSP, puedan acceder al derecho de ser mamá, que según entiende se les está vulnerando. “Nosotros no pretendemos que todos los tratamientos sean gratuitos, pero sí que se nos dé una mano y sea un proceso equitativo, igualitario y accesible”, agregó.
García espera que se contemple la enfermedad sin trabas, y tener la posibilidad de cumplir el sueño de ser madre independientemente de su edad o su peso. Explicó que procrear es un derecho que todos tienen, y como tal el Estado debe garantizarlo y facilitar el acceso.
Ambas integrantes de Procrea Uruguay contaron que muchos de sus compañeros venden sus casas, sus autos e incluso se endeudan para poder acceder a los tratamientos de alta complejidad, que pueden costar hasta doce mil dólares. Explicaron que sumado a eso, la suerte puede jugar su papel. Pueden lograr un embarazo y tienen los costos de criar un niño, que no son bajos. “Eso está presente todo el tiempo en nuestras mentes, es mucha presión y poca facilidad. Queremos que el Estado nos facilite ese derecho”.
La excepción
Mier fue consultada acerca del motivo por el qué los tratamientos de fertilización serán los únicos que tendrán el sistema de copagos. La presidenta explicó que lo que hace diferente a la reproducción asistida son las circunstancias y no el concepto de prestación en salud. Todas las prestaciones que la institución incluyó desde 1980 fueron aprobadas luego de muchos estudios, en los que está la evidencia de que mejora la salud y la calidad de vida. En esos casos se prevé el aumento de la cuota prepaga para poder solventarlo. Con respecto a la reproducción asistida, dijo que es la primera vez en la historia que primero se aprueba la ley que obliga al FNR a dar cobertura, para luego calcular los gastos. Mientras tanto, los usuarios deberán ir cubriendo esa parte del costo que no estaba previsto. Otro motivo que apuntó es que, por tratarse de una prestación que se daba hasta ahora solamente en el ámbito privado, no hay más que estimaciones de cuál va a ser la demanda. Declaró que la idea de la institución nunca fue poner copagos porque creen en la equidad y en el libre acceso pero, como explicó, el proceso tuvo una lógica distinta a lo que habitualmente se utiliza para incluir las distintas prestaciones. El decreto reglamentario ya fue consensuado entre todos los que participaron de su elaboración y está prácticamente terminado. Briozzo declaró que se está trabajando para que en el correr de noviembre quede reglamentado y antes de fin de año “el procedimiento esté en marcha en todo el país”.
Virginia Leberrié
