En el verano de 2020 una ocupación masiva tuvo lugar en un terreno de 72 hectáreas en Santa Catalina, una propiedad privada que a vistas de los vecinos llevaba años abandonada. La velocidad de la ocupación impidió a las autoridades reaccionar a tiempo; hoy son más de 300 familias las que viven en el predio. Con la iniciativa de crear una comunidad, los vecinos del asentamiento Nuevo Comienzo se organizaron desde el principio: se ocuparon de realizar parcelas en el terreno, de crear las primeras calles y de dar comienzo a las primeras ollas populares. Pero en el mismo mes de la ocupación llegó la primera denuncia por parte de Dervalix Sociedad Anónima, empresa que afirma ser la propietaria del terreno.
El viernes 26 de marzo, la Justicia falló a favor de una de las familias de Nuevo Comienzo y en la sentencia se reconoció la situación de vulnerabilidad. Al dejar constancia que sus derechos “deben ser protegidos”, se obligó al Estado a otorgarles una vivienda digna en un margen de 24 horas. Hoy lunes 5 de abril, por otra parte, se resolverán otros dos casos. “Si el juzgado penal te obliga a irte y dejar el único ranchito que tenés, entonces que el Ministerio (de Vivienda y Ordenamiento Territorial) te dé algo donde vivir”, dijo a Sala de Redacción el abogado Juan Ceretta, que defiende a los vecinos.
En busca de asesoramiento, los vecinos ya habían recurrido a Ceretta, quien tuvo la iniciativa de notificar a la ONU. Fue entonces cuando el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CESCR) solicitó al Estado uruguayo la suspensión de los desalojos del asentamiento, con motivo de “evitar posibles daños irreparables”, según expresa el documento. En vistas de que los procesos de desalojo seguían en marcha, el Comité reiteró su reclamo al gobierno uruguayo. “Parece que vamos a pasar a ser de los países que desoímos las indicaciones de Naciones Unidas, sería una pena”, se lamentó Ceretta.
También fueron enviadas cartas al Comité Internacional de Derechos del Niño, bajo la autoría de niños que viven en Nuevo Comienzo, en la que expresaban el deseo de tener un hogar con “un techo que no se llueva” y la comodidad de “tener piso de material”. Con las cartas se abría una nueva denuncia, esta vez por violación de los derechos del niño, pero Naciones Unidas solicitó a Ceretta que se optara por uno de los dos caminos, por lo que se decidió continuar con la primera denuncia realizada ante el CESCR.
Una excepción en tiempos excepcionales
A principios de marzo, diputados del Movimiento de Participación Popular (MPP) presentaron un proyecto de ley que implicaría la suspensión de los desalojos de asentamientos durante la emergencia sanitaria. Un mes después, aún no hay novedades. Se trata de una “medida excepcional en el marco de la excepcionalidad que estamos viviendo por la pandemia”, comentó la diputada frenteamplista Lucia Etcheverry a La Diaria. Remarcó que no se está pidiendo una “solución inmediata en términos de vivienda”, sino más bien la prevención para “no agravar más la situación sanitaria exponiendo a estas familias a una situación de muchísima más vulneración que la que ya están viviendo”. Por su parte, Ceretta comprende que lo ideal sería una solución “a largo plazo”.
Si bien el abogado comparte “al cien por ciento la filosofía del proyecto”, sugiere algunos “retoques técnicos para que no se malinterprete”, y pone énfasis en el uso de la palabra “desalojo”. “Hay quienes dicen que desalojo es cualquier acción para sacar a alguien de la casa donde vive y hay otros que le dicen desalojo solamente a las acciones que se transmiten ante los Juzgados de Paz”, expresó, y añadió que en función de esta última definición “el caso de Nuevo Comienzo no quedaría abarcado por la ley”. De todas formas, el abogado afirma que, aclaradas estas cuestiones, el proyecto “tendría efectos”.
