Movilización de los clasificadores nucleados en UCRUS en defensa de los puestos de trabajo, Montevideo. (Archivo 2013). Foto: Rebelarte / Xanti Revueltas
La clasificación de residuos no es una práctica habitual de los hogares de Montevideo. Pocos son los que sistematizan la basura mientras que muchos son los trabajadores que la clasifican. Según datos de la Intendencia de Montevideo (IM), se estima que hay 3.200 clasificadores en la ciudad. De este número, 128 trabajan formalmente en las cuatro plantas de clasificación existentes. El resto trabaja informalmente. Si bien diversas políticas públicas y proyectos han puesto el foco en la inclusión social de los clasificadores, el problema continúa y no se encuentra contemplado en ninguna propuesta de los candidatos a la IM.
Los residuos domiciliarios en Montevideo son retirados por camiones recolectores y clasificadores. Cierta parte de lo recogido por los clasificadores queda en el hogar y lo demás es vendido a “intermediarios” que se encargan de revenderlos a un precio más caro a los depósitos formales. En Montevideo existen tres depósitos que, por un lado, exportan lo que les llega y, por otro, venden lo restante a las plantas de reciclaje.
Las cuatro plantas surgen a partir de la reglamentación de la Ley de envases a instancias de la IM, la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama), el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y la Cámara de Industrias del Uruguay, que propone el cuidado del medio ambiente, generar mecanismos por los cuales las empresas se responsabilicen por los productos envasados que generan y plantear políticas que tiendan a la inclusión social de los clasificadores.
Dentro de la IM se creó el departamento de Desarrollo Social encargado de generar políticas que tengan como eje principal la inclusión social de los clasificadores. Natalia Michelena, licenciada en Psicología y Educadora Social, integra el departamento y sostiene que para lograr ese cometido se buscó analizar -junto con el Instituto de Estadística de la Facultad de Ciencias Económicas- cuál era la población de clasificadores que existía en Montevideo. Se tomó como unidad de análisis a los hogares clasificadores y se confirmó que existen unos 2.200. Con esos datos se pasó a ver cómo se podía “mejorar las condiciones de vida de esta población, que ya estaba caracterizada a través de otras investigaciones como una población con todos los indicadores en menos si se la compara con sus vecinos del asentamiento“.
Se generaron diversos programas que apuntaron a la capacitación de los clasificadores para una posterior inserción laboral, tanto dentro del ámbito de clasificación de residuos como fuera. Michelena sostuvo que se acompañó a clasificadores para que ofrecieran su servicio de recolección a supermercados exigiendo remuneración por ello. Se generaron también talleres de construcción y manipulación de alimentos. A su vez, se ofreció a ciertos grupos asociados de clasificadores que pasaran a integrar las nuevas plantas de clasificación.
Tabaré Pírez, clasificador organizado en el ex grupo asociativo La Lucha y ahora trabajador de la planta Géminis, sostuvo que “si bien los proyectos de gestión de ley de envases pretendían desarticular el sistema informal de clasificador, es un argumento engañoso, porque en las plantas trabajan unas 128 personas y en la calle hay como 7.000. Sirve para decir ‘estamos haciendo algo’ pero no es una solución“.
Michelena afirmó que se intentó apoyar a los grupos asociativos que estaban formados antes de las plantas para que pudieran, llegado el momento, autogestionarse y devenir en cooperativa. En este punto, Pírez sostuvo que “no está funcionando” ya que la capacitación que se realiza una vez por semana está lejos de generar herramientas para que los trabajadores aprendan de autogestión.
La psicóloga sostuvo que el problema radica en que, al momento en que se crean las plantas, los grupos no están en condiciones de autogestionarse y a su vez presentan “manejos de poder complicados”, además de “diferencias”. Manifestó que se decidió entonces incluir a ONGs en el proceso para que generen “propuestas de capacitación que incluyan ir tendiendo hacia la autogestión” de los trabajadores. Pírez lo ve como un “retroceso” ya que los trabajadores -previo a la creación de las plantas- presentaban “formas de autogestión” y, además, las ONGs “tienen escasa experiencia en recolección de residuos”.
Pírez plantea que la incorporación de las ONGs fue un “cortafuegos” para que se dejara de criticar al Mides “por no hacer nada por los clasificadores”. En definitiva, sostiene que “las ONGs les dibujan lo que el Mides más o menos quiere oír y ellos le ponen el sello”. Michelena considera que, si bien son organizaciones sociales las que se presentan, se está buscando también organizaciones más especializadas en relación a la gestión de residuos y remarcó que “todos queremos que salga todo divino de entrada pero en realidad este es un proceso que es inédito, son cosas que se van a ir viendo”.
Con respecto a los “intermediarios” que compran la basura para revenderla a las empresas formales, Michelena explicó que la mayoría son clasificadores “que les fue un poquito mejor que al resto y que tienen más poder”. Aseguró que es un tema que “preocupa” a la IM y que hubo intentos por parte del área de Desarrollo Ambiental, de la DGI, del Ministerio de Economía y Finanzas y de la Dinama para regularizar el tema. Sin embargo, plantea que hasta el momento el problema no fue resuelto ya que si se formaliza a estos trabajadores, los más perjudicados van a ser los clasificadores informales. Agregó que “el clasificador es el más explotado en la cadena del negocio” ya que los intermediarios, al no estar controlados ni pagar impuestos, sobreexplotan a los clasificadores al pautarles los precios.
El objetivo principal tanto del Programa Uruguay Clasifica del Mides como del departamento de Desarrollo Social de la IM es la “inclusión social”. Con respecto a este punto, Pírez se cuestiona: “¿Qué entendemos por la inclusión social de los trabajadores? ¿Es la inclusión de los trabajadores marginados con recibo de BPS?”. Agrega que el problema radica en que “los clasificadores somos tratados como objetos pasivos receptores de políticas públicas. ¿Se puede creer en nosotros como un sector organizado, que puede sacar proyectos? Las instituciones no creen. Esa discusión se ha querido dar con todos los sectores, pero no hay ambiente de recibo. El camino que queda es sindicalizarse”.
Texto: Mariana Cianelli
Producción periodística: Johana Caraballo, Mariana Cianelli, María Eugenia Gómez
