La agenda del sistema educativo se ha visto plagada de situaciones violentas no sólo en el interior de las instituciones sino también en sus alrededores y otros lugares de esparcimiento frecuentados por niños y adolescentes, muchas veces vinculadas a conflictos entre bandas y a las dinámicas del narcotráfico.
Según el último informe sobre el estado de la educación del Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEED) y las estadísticas de Aristas Media (evaluación nacional de logros educativos), en los últimos años ha aumentado la percepción de la violencia en centros educativos y su entorno. Los datos establecen que desde el 2022 en adelante los estudiantes han desarrollado una mayor sensación de inseguridad dentro de las instituciones, especialmente en áreas comunes como los pasillos, baños y patios.
Los altos niveles de inseguridad en centros educativos se posicionan cada vez más como una problemática grave en el país y preocupa tanto a docentes como a familias de alumnos en educación media y primaria. Entre los casos recientes se pueden hallar el ataque de parte de un estudiante a un subdirector de UTU en Salto el pasado 30 de agosto y la agresión de una madre tanto hacia su hijo como a una maestra en la escuela 129 de Montevideo el 16 de octubre. En consecuencia se definieron paros de 24 horas desde la Asociación de Funcionarios de UTU (Afutu) y la Asociación de Maestros del Uruguay (ADEMU) respectivamente.
El contexto socioeconómico y cultural tanto del centro y sus alrededores como de los estudiantes y sus familias juegan un papel fundamental. Cada vez son más los casos de menores víctimas de balaceras encabezadas por redes de narcotráfico o por rapiñas en casos presuntamente aislados.
Según cifras del Departamento de Emergencia Pediátrica del Hospital Pereira Rosell la cantidad anual de ingresos por heridas de arma de fuego en ese centro de salud ha aumentado exponencialmente de 2016 a 2022. Entre los años 1989 a 1995 se recibía un herido de bala cada 67 días, actualmente el registro evidencia uno cada 15. Estos se posicionan como los datos más recientes, sin incluir los centros de salud privados ni otros hospitales, ni amparar aquellos que mueren en el lugar.
Los contextos de violencia —en cuyo epicentro muchas veces se encuentran los centros educativos— se traducen en que aproximadamente cada 15 días se atienda a un niño o adolescente con heridas de bala. En este sentido, no sólo está en juego la educación de los menores sino también sus propias vidas.
La respuesta institucional
En ese contexto Daysi Iglesias, consejera de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), conformó un grupo interdisciplinario con el objetivo de paliar la violencia en centros educativos.
En conversación con Sala de Redacción dijo que se trata de una situación sistemática y que la base del problema no está en las instituciones sino en la sociedad y en el abordaje realizado desde los entes estatales. Iglesias declaró que el Estado “tiene muchísimas acciones simultáneas y no coordinadas”: “están los cargos, las estructuras y los presupuestos, lo que hay que hacer es coordinarlos y realizar acciones concretas. A veces hablar es más fácil que actuar”. Planteó en este sentido que “faltan acciones interdisciplinarias y líneas de política armónicas”.
A principios de octubre ANEP realizó una jornada interinstitucional para abordar los hechos de violencia en conjunto con la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza del Uruguay (CSEU). Entre las propuestas se incluyó reuniones periódicas con equipos técnicos —grupos interdisciplinarios compuestos por psicólogos y médicos— para desarrollar estrategias específicas. Además, se acordó implementar nuevas modalidades de trabajo dentro de las aulas para abordar los temas referidos a la violencia y una convocatoria a conformar la mesa de trabajo interinstitucional.
A lo largo de los años han sido varios los programas e iniciativas que se han intentado implementar a la hora de trabajar con niños y adolescentes sobre la problemática de la violencia. En 2021 ANEP presentó un mapa de ruta para abordar este tipo de situaciones en la educación primaria que buscó brindar información operativa ante situaciones de maltrato y violencia generalizada. Pese a esto, los resultados no han sido los esperados y las situaciones de violencia se han propagado de forma creciente tanto en primaria como en secundaria y escuelas técnicas.
En la misma línea la socióloga, docente e investigadora Nilia Viscardi, especializada en el estudio de violencia en y hacia los jóvenes desde hace más de 20 años conversó con Sala de Redacción y estableció que la problemática puede concebirse en base a tres aspectos.
En primer lugar identifica la emergencia de fenómenos delictivos en los entornos y en el interior de los centros educativos, cuyo abordaje “va a depender de la capacidad que el centro educativo tenga de vincularse con el entorno”. El segundo punto ocurre en base a las relaciones entre estudiantes: “en la vivencia del vínculo encontramos antagonismos que pueden llevar a violencias”. Por último, plantea Viscardi, hay una tercera dimensión vinculada al entorno institucional: “la autoridad que infringe la violencia en el uso del poder, el desprecio hacia los estudiantes, la falta de recursos en infraestructura, la falta de luz, es decir, la cuestión del entorno”.
Una problema estructural
En torno a estos puntos, Viscardi plantea que el problema de la violencia en los centros educativos es “un tema histórico, no un problema reciente” y la forma que toma “depende del aumento de la violencia social”.
Varios actores sindicales y de la sociedad civil, como la ADEMU, coinciden con Iglesias en este último punto y plantean que esta problemática no puede tratarse desde una única perspectiva sino que es fundamental abordarlo desde una mirada multidisciplinaria y con una mayor y más directa incidencia del Estado.
La incidencia del narcotráfico es otro de los factores denunciados desde ADEMU en repetidas ocasiones, bajo la denuncia de que se “está expandiendo y calando” en el estudiantado, como se manifestó en el comunicado abierto emitido por la asociación el pasado mes de julio. En el mismo los docentes cuestionan las acciones estatales y la falta de medidas respecto a la problemática: “¿Qué está haciendo el Estado para cuidar a nuestras niñeces y juventudes? ¿Cuáles son las intervenciones interdisciplinarias y las políticas interinstitucionales que se van a desplegar en el corto plazo para que podamos ir con tranquilidad a nuestros espacios de trabajo y de aprendizaje?”
Para Viscardi, una de las principales fallas en esta materia es la falta de espacios de diálogo y discusión que lleven a tomar acción frente a episodios de este calibre. “Todos los días es necesario que existan una o dos horas de reflexión y de análisis sobre el trabajo en convivencia; eso es una carencia de nuestro sistema educativo”, opinó. Asimismo coincidió con el planteo de que el Estado “tiene mucho para reforzar trabajando en programas de prevención de la violencia” e hizo énfasis en que se trata de “una dimensión de la política que afecta el derecho a la educación”.
Promesas de campaña
En plena campaña electoral de cara al balotaje del próximo 24 de noviembre conviene revisar las propuestas de los dos partidos que compiten por la presidencia del país para lidiar con problemas de esta magnitud.
El programa del Partido Nacional plantea el desarrollo de un plan piloto de amplio impacto en barrios con poblaciones vulnerables. Se promete la potenciación del programa “Comunidad Educativa Segura” para reforzar la seguridad en los centros educativos y sus alrededores. Asimismo, plantea la implementación de estrategias de convivencia en instituciones educativas a nivel de relacionamiento interpersonal y seguridad. El objetivo es desarrollar “acciones en diversos formatos, sostenidas en el tiempo e intervenciones puntuales sobre educación emocional, convivencia, mediación y resolución de conflictos, y prevención de conductas de riesgo en todos los niveles”, también una formación docente con “herramientas para colaborar en la detección temprana de conductas de riesgo”.
Por su parte, el Frente Amplio promete en sus bases programáticas la incorporación de equipos multidisciplinarios para brindar acompañamiento y apoyo a las adolescencias y juventudes que estén cursando la enseñanza media. El objetivo principal es generar “condiciones para la promoción del bienestar y la convivencia en los centros educativos” y favorecer con ello a una articulación de carácter interinstitucional. Asimismo, se propone implementar espacios de contención y escucha para prevenir posibles situaciones de violencia dentro de los centros.
