Se cumplieron cinco meses desde que, con el Partido Nacional (PN) como líder, la Coalición Multicolor asumió el gobierno. Con los resultados electorales de octubre llegaron al Parlamento varios legisladores de Cabildo Abierto (CA), partido recientemente formado, aunque con ideas no tan nuevas.
Luego de 15 años de gobiernos frenteamplistas, el 1 de marzo asumió la presidencia el nacionalista Luis Lacalle Pou. El actual presidente ganó las elecciones en el balotaje, con un acotado margen de 37.000 votos. Se puede decir que Lacalle Pou no ganó solo, sino que lo hizo con la ayuda de una coalición que reunió a varios partidos políticos, algunos que durante años se vieron enfrentados ideológicamente. El Partido Colorado, el PN, el Partido Independiente, CA y el Partido de la Gente unieron sus votos para desplazar al Frente Amplio del Poder Ejecutivo.
El nuevo gobierno asumió y CA debutó con 11 diputados y tres senadores, además de tener a cargo el Ministerio de Salud Pública (MSP) y el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente.
Lo mismo de siempre
“¿Hasta cuándo seguirá actuando este tipo de venganza? ¿Era necesario e imprescindible detener en estos momentos de pandemia al capitán Lawrie Rodríguez con todas sus vulnerabilidades? ¿Hasta cuándo se seguirá procesando a militares octogenarios por hechos ocurridos hace 50 años?”, dijo el actual senador y líder de CA, Guido Manini Ríos, en la media hora previa a la sesión de la cámara alta del 14 de abril. El también ex comandante en jefe del Ejército utilizó como ejemplo el procesamiento de Lawrie Rodríguez, asesino de Iván Morales Generalli, para defender a militares que en épocas dictatoriales cometieron delitos de lesa humanidad. Por su parte, lo justificó argumentando que en ese momento “el país vivía un estado de guerra interna”.
Un tiempo después, el senador de ese partido Raúl Lozano comentó en una entrevista con Radio Carve que cuando “CA habla de determinadas ideas las traduce en hechos”, en referencia a la presentación de un proyecto de ley de amnistía para militares que hayan actuado en la última dictadura. Al igual que Manini Ríos, Lozano hizo uso de la media hora previa a la sesión parlamentaria del 16 de junio para repudiar el procesamiento de Leonardo Vidal, militar acusado de asesinar al tupamaro Nelson Berrerta Hernandez en 1972. Lozano aseguró que el fallo judicial es una “persecución ideológica de venganza y que nada tiene que ver con la justicia”. Un par de días después, Manini Ríos aseguró a Radio Montecarlo que el partido no está trabajando en ninguna amnistía “como alguien ha dicho por ahí” y afirmó que “simplemente” quieren que los fallos de la Suprema Corte de Justicia sean respetados.
El 4 de agosto, los senadores Manini Ríos, Lozano y Guillermo Domenech, presentaron un proyecto de ley que pretende reinstalar la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado. Este proyecto, que se presentó con el objetivo de “sellar definitivamente un pasado de violentos antagonismos, que finalizó ya hace más de 35 años”, cuenta con siete artículos. En el primero se expresa el derecho de los familiares y sucesores de los desaparecidos durante la dictadura a seguir con su búsqueda. Sin embargo, el sexto artículo refiere a ratificar la “plena vigencia de los principios de irretroactividad de la leyes penales y de las leyes procesales penales” para los casos en que los más perjudicados son los enjuiciados y, de esta manera, derogar “todas las normas que directa o indirectamente desconozcan estos principios”. El último artículo, por su parte, refiere a la vigencia de los plazos de prescripción “previstos para los delitos en nuestro sistema penal”.
Desde afuera
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se pronunció sobre el proyecto de ley y manifestó “preocupación” a través de Twitter. en suma, el organismo resaltó que, de ser aprobado, se podría incumplir con lo sentenciado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos para el caso Gelman sobre “la obligación de investigar los hechos e identificar, juzgar y en su caso, sancionar, a los responsables y adecuar la legislación interna para estos efectos”. La CIDH llamó a Uruguay a abstenerse de aprobar este tipo de iniciativas e instó a “seguir avanzando en la investigación de estos graves crímenes, en la identificación de sus responsables y en la aplicación de las sanciones pertinentes”.
El miércoles, CA presentó una moción en la que exhortó al Senado a rechazar lo declarado por la CIDH, ya que consideran que “excede las naturalezas de las recomendaciones” e “implica una inadmisible injerencia en la competencia legislativa” para con la representación ciudadana. También “observan con sorpresa” que la Comisión se pronunciara antes que los legisladores pudieran acceder formalmente al texto del proyecto de ley. CA se comprometió a respetar el derecho internacional sin “desmedro de nuestra independencia y soberanía nacional”.
La actividad parlamentaria transcurre mientras Manini Ríos sigue esperando la resolución a su desafuero, pedido en noviembre del año pasado. El pedido se dio a raíz de su actuación como comandante en jefe ante la confesión de José Nino Gavazzo, quien admitió haber desaparecido el cuerpo del tupamaro Roberto Gomensoro, y el no pasaje del caso a la Justicia. El desafuero se trató en abril de este año, pero con el ingreso de la Ley de Urgente Consideración al Parlamento se decidió postergar su consideración. El tema fue reactivado en junio y aún no se sabe su resolución.
Otras propuestas
En mayo, el dipudado de CA Sebastián Cal presentó un proyecto de ley que propone regular la actividad sindicalista, iniciativa que el PIT CNT repudió. El documento cuenta con siete artículos en los que se propone la obligatoriedad de que los sindicatos tengan personería jurídica, además de la creación de un registro público de los trabajadores y empleados afiliados.
El 20 de julio, Eduardo Lust, abogado y diputado de CA, y el senador Domenech presentaron a Presidencia de la República un escrito solicitando la destitución del fiscal de Corte Jorge Díaz. Este hecho ocurrió luego de que iniciara una investigación a la fiscal Natalia Charquero, responsable de archivar una denuncia contra el intendente de Colonia, Carlos Moreira, a partir de los audios que se viralizaron en 2019, en los que ofrecía renovar pasantías a cambio de sexo con una funcionaria de la comuna. Díaz fue el responsable de crear una Unidad Especializada en Derechos Humanos en la Fiscalía General de la Nación, con el propósito de asesorar a los fiscales en la investigación de los crímenes cometidos durante la dictadura. En declaraciones a los medios luego de entregar el escrito, Lust dio a entender que, de no ver atendido este pedido por parte del Poder Ejecutivo, la continuidad de la colación estaba en riesgo. Manini Ríos, sin embargo, dijo que esa fue una afirmación que el diputado hizo a título personal y que CA no tiene intención de romper la colación.
De un tiempo a esta parte
Por iniciativa de CA, el capitán de navío Gastón Bianchi había sido designado como vicepresidente de la Administración Nacional de Puertos, antes de que el semanario Búsqueda diera a conocer los comentarios que realizaba en Facebook sobre figuras políticas y colectivos sociales. Uno de los damnificados por sus dichos fue Pablo Mieres, actual ministro de Trabajo y Seguridad Social, al que calificó como “roedor”. El ministro de Transporte y Obras Públicas, Luis Alberto Heber, también fue atacado por el capitán, de quien dijo que los ciudadanos “le importan tres carajos”.
Además, Bianchi consideró en sus redes sociales que el Poder Judicial es un “mamarracho” y “solo sirve y actúa como defensoría legal de los coimeros, corruptos y ladrones”. Arremetió también contra los dirigentes sindicales, a quienes tildó de “parásitos”, sostuvo que no tienen “hábitos de trabajo” y que deberían estar “todos presos”. En otro posteo opinó que el Partido Comunista debería estar “hace rato proscrito como opción democrática en nuestro país”.
Las feministas también fueron insultadas por el capitán de navío. En un posteo en el que habló de las “salidas higiénicas” que se le permitía a los militares mientras él era joven, recordó que volvían al cuartel sonrientes y con “el secreto de las fechorías (algunas salvajes)”. Igualmente, escribió que lo que hacía en esos encuentros sexuales eran “picardías de novato comparado con la posibilidad de arponearse a uno de estos ballenatos o cachalotes aparecidos en las marchas feministas mostrando sus dudosos encantos biológicos”. Por si fuera poco, Bianchi describió a estas mujeres como “tocinos entrados en carnes, con higiene deficitaria e indomables modales” y “caldo del retrete con delirio de la fina lavanda francesa”.
Pero no es la primera vez que integrantes de CA hablan sobre feminismo. La diputada Sabina Calvo dijo en una sesión extraordinaria convocada para tratar la emergencia nacional por violencia de género que “la mayoría de los varones no son maltratadores, ni homicidas, por el contrario, aman a las mujeres y cumplen con sus deberes como integrantes de la sociedad”. En suma, aseguró que las mujeres no deben “ver a los varones como un competidor que avasalla” sus derechos sino como un “compañero” que las ayuda “a llevar adelante la vida”.
En esa misma sesión, Inés Monzillo, diputada y candidata a intendenta de Canelones por CA, dijo que “no sirve pedir penas más duras o diferenciar homicidio de femicidio. Es demostrado que las denuncias las mismas víctimas las retiran y otras veces se hace abuso de las mismas”. Además, aseguró que el “feminismo de género” no la representa, sino que se siente representada por el “feminismo de la libertad”. Luego, en el programa radial Fácil Desviarse de Del Sol, sostuvo que “el hombre mata por el problema psicológico, tampoco es odio, capaz es un exceso de amor” y que no mata a la persona por ser mujer.
La violación de la laicidad en las escuelas también fue un tema tratado por diputados de este partido. En la sesión de la Cámara de Representantes del 13 de mayo, Cal denunció una viñeta que se encuentra en el Cuaderno para leer y escribir, que el legislador no interpretó con el humor y el sarcasmo que denota. Para el legislador, la viñeta viola la laicidad y la autoridad de los padres y es “muy alarmante” que se lean libros donde los niños le digan a los padres que ellos pueden decidir qué amigos tener. “Esto es entregado a un niño de nueve o diez en cuarto año de escuela en un texto, obviamente, niños de esa edad dependen de la orientación de sus padres para tener amistades”, remató.
Por un error, la versión original de esta nota afirmaba que Cabildo Abierto cuenta con cuatro senadores, cuando tiene tres. Ese dato fue modificado después de la publicación del artículo.
