Según un estudio del Observatorio Uruguayo de Drogas realizado en 2019, aproximadamente cien mil personas han solicitado alguna vez ayuda profesional por consumo problemático de drogas. Entre ellos, la última muestra da cuenta de una alta demanda de atención por cocaína (33%) y pasta base (26%), teniendo en cuenta que los parámetros internacionales se ubican en torno al 15%.
Sin embargo, el mismo estudio indica que la droga más consumida por los uruguayos es el alcohol, declarándose consumidores un 77%. Quienes presentan algún tipo de consumo problemático son aproximadamente 327 mil personas, siendo la droga con principal riesgo sanitario.
La fundación Madres del Cerro, un colectivo social integrado por madres y familiares de personas con problemas de adicción y consumo problemático de drogas, desde 2017 reclama que se atienda la problemática. En este sentido, esta organización fue la principal impulsora desde la sociedad civil de este proyecto, que el mes pasado consiguió los votos oficialistas para ser aprobado en el Senado.
El proyecto presentado por el Partido Colorado (PC) y Cabildo Abierto (CA) fue aprobado el 8 de mayo por la cámara alta luego de haber escuchado la opinión profesional de expertos integrantes de la Junta Nacional de Drogas, la Red Nacional de Drogas, sociedades de psiquiatría y el Sindicato Médico del Uruguay. Los profesionales coincidieron en el rechazo al proyecto y argumentaron que “no resuelve adecuadamente” el problema que pretende afrontar.
Sobre este debate, Sala de Redacción consultó al doctor en psicología y miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI-ANII) Paul Ruiz Santos. “Es una puerta giratoria”, opinó sobre la ley y advirtió qué “no soluciona nada, lo que hace es sacar a los pibes que estén haciendo algún desmadre en algún lugar para cumplir su deseo de consumo”. “Lo que está indicado es que una persona con consumo problemático pueda dejar firmado un consentimiento y cuando esté sacado pueda ser internado a la fuerza”, indicó. Y en esta línea indicó qué “no está nada claro” el criterio para dar de alta a los pacientes, así como tampoco de quién depende este proceso. Consultado sobre las capacidades del sistema de salud para atender este tipo de casos apuntó que “no está preparado, no hay camas suficientes, no hay lugares y no hay formas de retener a la gente si se quiere ir”.
Santos entiende que “existen otras alternativas para fortalecer dentro del sistema” antes que esta propuesta, entre las que mencionó las casas de medio camino pertenecientes a ASSE, así como los dispositivos con los que cuenta la Red Nacional de Drogas. En cuanto a este aspecto, llamó a “volcar el presupuesto a una red enorme de clínicas y centros de atención”.
“Es una mala medida, para llenar el ojo y dejar a un grupo de gente conforme”, sentenció sobre el final de la entrevista.
Enfoque equivocado
El ex secretario general de la Junta Nacional de Drogas, Julio Calzada, en diálogo con Sala de Redacción, opinó que esta medida “no va a solucionar absolutamente nada de lo que están pretendiendo que solucione”, y agregó qué “lo único que garantiza la legislación que se quiere aprobar es un mayor desencanto de las familias que se ven afectadas por esta situación”.
“Lo que se pretende y a lo que se aspira es más que nada a dar una señal en determinada dirección” indicó Calzada, y calificó a las señales como “lamentables”: ”se plantea ese tipo de salida sin ningún sustento desde el punto de vista de la ciencia médica, de la ciencia social y de la ciencia jurídica”. A su vez, el sociólogo entiende que la ley “va a generar un embrollo desde el punto de vista jurídico, desde lo institucional, desde el punto de vista de las prestaciones y a la salud en general” sobre todo por “el tipo de redacción” que tiene la norma.
Consultado sobre la capacidad del sistema público para garantizar la recuperación de las personas con problemas de adicciones, Calzada valoró que “garantías no se pueden dar, no solamente en el tema de las adicciones sino en ningún campo de la salud”. Con respecto a esto, remarcó que “es importante precisar que no estamos ante aspectos mecánicos, estamos ante personas que tienen un conjunto de problemáticas que se acarrean desde hace décadas en muchos casos”.
“Entre ocho y diez por ciento de consumidores de una determinada sustancia, generan una adicción hacia ella”, indicó. En cuanto a esto último, añadió qué “tenemos más de 200.000 usuarios problemáticos de alcohol. Si vamos a generar internaciones extensas para más de 20.000 personas, estamos pensando en generar un sistema de reclusión imposible para las capacidades del sistema público”.
Sobre las alternativas más allá de la internación, Calzada opinó que “en la privación de libertad siempre tienen que existir garantías”; en tal sentido consignó que hay cerca de treinta dispositivos de atención en diferentes departamentos donde la persona puede ir a consultar con “excelentes resultados”. “La cuestión es que es un enfoque equivocado” y añadió que “cuando se parte de la base de que la única solución es la internación, entonces difícilmente puedan existir ni hoy, ni mañana ni jamás las posibilidades de internación para todas las personas que tienen un uso problemático de drogas”.
Más que internación
En ese sentido, el proyecto de ley original -presentado por las diputadas Nibia Reisch (PC) y Silvana Pérez Bonavita (CA)- sufrió algunas modificaciones en su tratamiento en el Senado, entre las que se destaca el cambio del cuestionado artículo 2; la posibilidad de las personas a expresar anticipadamente su voluntad de someterse a una internación (incluso si ante una eventual recaída se manifiestan en contra), fue reemplazada por el “ser sometido al tratamiento adecuado e indicado de desintoxicación, ya sea en forma de internación o no”.
La senadora nacionalista Carmen Asiaín, integrante de la Comisión de Salud Pública del Senado, opinó en conversación con Sala de Redacción que los propósitos de esta ley son “bastante humildes” en el sentido de “ofrecer una herramienta más y no pretender la solución del problema”. “Si se salvan dos o tres personas, está más que cumplido nuestro cometido como legisladores”, agregó.
“Las modificaciones que introdujimos en el Senado entonces trataron de salvar algunas observaciones que había hecho la Junta Nacional de Drogas” referidas precisamente a la internación, entendiendo que los cambios apuntan a que “el tratamiento será el qué indique el equipo de salud” y no necesariamente la internación exclusivamente.
Asimismo, habló sobre la modificación que permite que la expresión de voluntad anticipada se realice mediante dos testigos y no necesariamente mediante intervención notarial, como rezaba el artículo 3. La intervención obligada de un escribano tiene sus costos, entonces esto “facilitaría el proceso a quien no tenga los medios para poder financiarlo”. En este sentido, valoró que la fundación Madres del Cerro mostró su total acuerdo con estos cambios en el articulado del proyecto original.
Entiende que el proyecto va “en línea de no dar un uruguayo por perdido” y que con el mismo “estamos respetando el derecho de las personas a anticipar su voluntad y obrar en consecuencia”. “Es algo que recogieron de forma empírica la fundación Madres del Cerro”. En ese sentido las citó: “no han recabado ni una sola persona que pasara por consumo problemático de sustancias y haya dicho que no firmaría esa declaración anticipada de voluntad”.
“Esta medida viene acompañada de una decisión del gobierno de destinar 20 millones de dólares en salud mental y adicciones” en esta rendición de cuentas, afirmó y agregó que “evidentemente va a haber que asignar más recursos para dar una respuesta” a quienes haya que atender. “Lo que no se hizo en el pasado, en el que se aprobó una ley de salud mental pero sin asignación de recursos, se va a tener que hacer en este en este periodo”, apuntó.
El proyecto modificado volvió a la Cámara de Representantes para su aprobación.
