El fiscal Diego Pérez tiene hasta marzo de 2012 para procesar a los implicados en el caso de los casinos municipales porque la prueba en la que se basó para pedir los procesamientos es del 4 de marzo de 2002 y, como lo determina el Código Penal, las penas de penitenciarias que tienen un máximo de dos años prescriben a los 10 años.
El pasado martes 30 se desató un huracán político cuando el fiscal Pérez pidió a la jueza Fanny Canessa, en el marco de la investigación sobre la gestión en los casinos municipales en el periodo 2000-2005, el procesamiento con prisión de Mariano Arana, María Julia Muñoz y Alberto Rosselli por los delitos de fraude, coima y abuso de funciones.
Ahora, la jueza Canessa deberá fijar una audiencia para tomar declaraciones a los indagados, paso previo a tomar resolución. Esa instancia tendrá lugar recién a mediados de octubre y en dicha audiencia, los tres ex altos jerarcas municipales deberán presentarse con sus abogados, y tendrán la posibilidad de pedir el diligenciamiento de nuevas pruebas antes de que Canessa comience a estudiar el pedido del fiscal Diego Pérez y resuelva si ordena o no sus procesamientos con prisión.
En su defensa el exintendente Mariano Arana autorizó este jueves a que se levante el secreto bancario de sus cuentas e hizo públicas sus declaraciones juradas de bienes e ingresos entre 2002 y 2009.
El senador Enrique Rubio, líder de la Vertiente Artiguista, dijo que el dictamen del fiscal es producto de un “error garrafal” y consideró “absolutamente desproporcionado” el pedido de procesamiento del ex intendente. La ex secretaria general de la comuna, María Julia Muñoz, fue más lejos y dijo: “Lo que hay acá es una mano atrás que le mueve las piolas al señor fiscal”.
Para Jorge Gandini diputado por el partido Alianza Nacional y uno de los impulsores de la investigación, hay “clara responsabilidad” de los ex funcionarios.
El abogado Víctor Della Valle, actual defensor del ex director de Casinos Juan Carlos Bengoa, quien está libre desde el año pasado, consideró que la estrategia seguida por Arana, Muñoz y Rosselli fue “equivocada” porque “se la agarraron” con su cliente “pensando que se salvarían echándole la culpa de todo”. Para el abogado, los pedidos de procesamientos contra Arana, Muñoz y Rosselli “no mejoran ni empeoran” la situación de Bengoa, para quien el fiscal Pérez pidió que sea condenado a cinco años de prisión.
Por su parte, el presidente José Mujica respaldó ayer al exintendente y opinó que “la Justicia también se equivoca” en sus resoluciones, pero resaltó que el fallo que adopte la jueza Canessa en torno a los exjerarcas de la Intendencia de Montevideo deberá acatarse.
La investigación de los casinos municipales comenzó a raíz de denuncias por irregularidades detectadas en el período 2000-2005, cuando Arana era el intendente de Montevideo. Según declaró el fiscal, el ex intendente, la ex secretaria general de la Intendencia y el ex director de Desarrollo Económico conocían el cambio de estrategia en los casinos que implicó pasar de comprar a alquilar las máquinas tragamonedas en las salas de juego administradas por la comuna. Esta maniobra causó grandes pérdidas a la Intendencia (alrededor de US$ 15 millones) mientras que los empresarios que arrendaban los juego ganaron millones.
En diciembre de 2007 Juan Carlos Bengoa, que entonces era director nacional de Casinos, fue procesado con prisión por lo delitos de fraude, concusión y conjunción del interés público y privado. También fueron procesados los asesores Orestes González y José Luis Antúnez, el ex funcionario municipal Gustavo Dalmonte y el empresario Felipe Ruiz.
Damián Genes
