Con los votos de legisladores del Frente Amplio, la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal 2018. El proyecto será votado en siete días por la Cámara de Representantes y volverá al Senado.
El mensaje del proyecto, firmado por el presidente de la República, Tabaré Vázquez, y todos los ministros, reconoce un déficit de 1.574 millones de dólares correspondiente a la ejecución presupuestal del gobierno en 2018. Este déficit se registra durante el décimo sexto año consecutivo de crecimiento de la economía uruguaya, según establece el informe entregado a la vicepresidenta Lucía Topolansky por el ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori, y el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Álvaro García.
Luz roja
Desde el gobierno se sostiene que el resultado fiscal se encuentra tensionado hace varios años debido al menor crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) y a la evolución del gasto endógeno del Estado. Así, se justificaría que el déficit fiscal de 2018 sea mayor que el del año anterior y que alcanzó en diciembre de ese año el 4% del producto, aunque los cálculos de mayo de 2019 lo sitúen superando el 4,8%.
El proyecto, aprobado esta semana con duras críticas de la bancada de la oposición, reconoce también una perspectiva poco alentadora para este año, ya que “el monto del déficit alcanzado constituye un escenario base que proyecta un deterioro adicional en 2019 y que, por lo tanto, no permitirá alcanzar la meta de un resultado del sector público consolidado de -2,5% del PIB” para el final del quinquenio.
¿En qué se gasta?
El Estado obtiene ingresos por recaudación (impuestos, rentas, ventas de servicios, intereses de préstamos, beneficios legales) y genera egresos por gastos (compra de bienes y servicios, inversiones públicas, transferencias y pago de intereses de deuda). Cuando el monto de lo que gasta el Estado es mayor que lo que percibe, se configura un “déficit fiscal”.
Según datos del Portal de Transparencia Presupuestaria de la OPP, el monto de la ejecución presupuestal disponible para 2018 fue de 15.610 millones de dólares. Sólo 6% de ese monto se destinó a inversiones, que se definen como “bienes y actividades que incrementen el patrimonio físico de los organismos que integran el Presupuesto Nacional, con el fin de ampliar, mejorar, modernizar, reponer o reconstruir la capacidad productora de bienes o prestadora de servicios”. La mayor parte de la ejecución presupuestal se divide entre gastos de funcionamiento (64%) y gastos de personal (30%).
Las cinco áreas programáticas en las que OPP identifica el mayor gasto presupuestal fueron: Protección y Seguridad Social, Servicios Públicos Generales, Educación, Salud y Seguridad Pública. En las últimas tres áreas, el gasto en personal osciló entre 50 y el 60% del total disponible para ejecutar.
Ejecución Presupuestaria 2019. Top 5 de Áreas programáticas con mayor gasto presupuestal en miles de pesos (m). Elaboración propia en base a datos OPP.
Esperanza
A pesar del deterioro en el resultado fiscal, el proyecto de Rendición de Cuentas 2018 afirma que no se ha traducido en un incremento sustancial de la deuda como porcentaje del PIB. De hecho, la deuda bruta del sector público consolidado bajó casi 0,9 puntos porcentuales del PIB en 2018, mientras que la deuda neta bajó marginalmente de 41,3% a 41,1% del PIB. Este resultado fue posible por el efecto transitorio generado en los ingresos del Banco de Previsión Social gracias a la reforma de los cincuentones (Ley N° 19.590). Estos ingresos son de carácter transitorio y no constituyen fondos que puedan gastarse, pero el pasaje de activos financieros de manos de privados a manos de un organismo público – en su gran mayoría títulos públicos – tiene un efecto directo en el decrecimiento de la deuda pública.
En el informe elevado al Parlamento, el Poder Ejecutivo destaca que la inversión de UPM Kymmene en Pueblo Centenario, cuyo anuncio formal se concretó hace pocos días, constituirá un factor dinamizador de la economía nacional, además de ser la inversión privada más grande en la historia del país.
Según el proyecto, se crearán 10.000 puestos permanentes de trabajo en la primera etapa, 4.000 empleos indirectos y se generarán unos 200 millones dólares en sueldos y salarios anuales, además de consumir bienes y servicios de más de 600 pequeñas y medianas empresas uruguayas.
Con la segunda planta de UPM, el Estado recibirá unos 170 millones de dólares anuales de impuestos y contribuciones, más un canon fijo anual por veinte años de 5,6 millones de dólares por operar en régimen de Zona Franca. Se estima que la exportación de 1.100 millones de dólares anuales desde Durazno significará un aumento de 2% en el PIB uruguayo.
En materia de generación de empleo se destaca el proyecto del Ferrocarril Central, que implica la construcción y mantenimiento de 273 kilómetros de vías férreas entre el puerto de Montevideo y la ciudad de Paso de los Toros, bajo la modalidad de participación público-privada. Una vez operativo y como establece el contrato firmado con UPM, generará al Estado un pago por disponibilidad máximo de unos 150 millones de dólares anuales por 15 años. El funcionamiento del Ferrocarril Central que transportará la producción de pulpa de celulosa desde Durazno a Montevideo necesita también de múltiples obras en rutas, carreteras y pasos viales desde el Río Negro a la terminal portuaria capitalina, lo que, según el gobierno, generará ocupación adicional de mano de obra en los próximos dos años.
