“La gran apuesta es ir caminando hacia un Programa Universitario en Cárceles”, explicó a Sala de Redacción Ana Vigna, socióloga e integrante del Núcleo de Análisis de la Criminalidad y la Violencia de la Facultad de Ciencias Sociales (FCS). El año pasado, la Comisión Central de Estudios en Privación de Libertad presentó ante el Consejo Directivo Central de la Universidad de la República propuestas para profundizar la educación terciaria en las cárceles del país. Asimismo, Gabriela Pasturino, una de las primeras integrantes de la Comisión, sostuvo a SdR que “la propuesta excede lo que la Comisión tenía como mandato”, porque también propone a los estudiantes privados de libertad la oportunidad de participar en actividades de extensión e investigación -además de la enseñanza-, que “se conciben como funciones integrales”.
A su vez, busca mejorar las condiciones en las que vive el estudiantado, sin que las carencias existentes -según Pasturino; hacinamiento, falta de comida, no ver a sus familias, tener sanciones sin razón aparente, ausencia de control sanitario- “pasen por el costado”. “No es sólo trabajar en educación sino también dar respuesta a un problema del país que no lo iba a atender nadie más”, afirmó la integrante.
Actualmente, dentro del área metropolitana hay 94 estudiantes distribuidos en diferentes carreras de la Universidad y cuatro de ellos están cursando en la Facultad de Información y Comunicación, según el registro que lleva la Comisión. A partir del censo realizado a los estudiantes por la FCS y la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración, hasta el año pasado la cantidad de estudiantes privados de libertad -en la misma zona- era de 53. De ese total, aproximadamente ocho de cada 10 comenzaron sus estudios en la Universidad estando privados de libertad -los restantes ya los habían iniciado afuera, y una vez dentro del sistema penitenciario los retomaron-. Consultados sobre si se habrían inscripto estando fuera de la cárcel, el 46% respondió que sí, pero cuatro de cada 10 declaró que no.
Otra de las principales propuestas es la creación de un circuito universitario. Pasturino explicó que consiste en la implementación de un circuito que abarque las unidades Nº4 “Santiago Vázquez” (ex Comcar), Nº6 “Punta de Rieles” vieja, Nº10 Juan Soler -ubicada en el departamento de San José-, Nº5 “Mujeres” y Nº9 “Mujeres con hijos”. De esta manera, se generaría un “espacio universitario” donde se reunirían los estudiantes carcelarios y se desarrollarían “todas las actividades de la Udelar y los servicios universitarios”. Las personas privadas de libertad que quisieran estudiar en la Universidad serían trasladadas a los centros penitenciarios que pertenezcan al circuito. Añadió que esta iniciativa tiene la intención de generar una “cultura de la participación de los estudiantes, es decir que ellos puedan tener un sentido de pertenencia, de lugar y que lo construyan”.
A principios de este año, el comisionado parlamentario para el sistema penitenciario, Juan Miguel Petit, se reunió con autoridades de la Udelar para presentar el Informe 2019, que releva las carencias del sistema. Fue allí que se plantearon posibles aportes que la Udelar podría implementar, referidos a la medicina legal, a la salud y a la educación, entre otros. Por un lado, se pretende que los internos puedan tener un carné de salud y por ende que todos accedan a los estudios médicos correspondientes. A su vez, potenciar la investigación desde la medicina legal respecto al trato inhumano y degradante hacia los reclusos, así como los casos de muerte bajo custodia. Específicamente en cuanto a la educación, se sostuvo que si bien es necesaria para las personas privadas de libertad, también lo es para los funcionarios del sistema carcelario.
Por otro lado, al respecto de la pandemia y sus efectos, Pasturino dijo que las actividades presenciales fueron suspendidas, pero no así el trabajo: “Intentamos sostener el vínculo educativo que trasciende el contenido curricular, para que supieran que hay gente afuera que está pensando en ellos”. Sin embargo, explicó que retomar la actividad presencial “costó mucho” y el proceso que había comenzado en marzo tuvo un gran retroceso, porque hubo un aumento de la violencia y del hacinamiento.
La génesis
Si bien los privados de libertad tenían la posibilidad de rendir y acreditar Primaria, seguir con Ciclo Básico y luego Bachillerato, una vez finalizado no existía la posibilidad de realizar estudios terciarios, por lo que cursaban nuevamente Bachillerato. En un principio, la Udelar sólo estaba presente mediante estudiantes de la Universidad que iban a realizar actividades dentro de la cárcel, a través de programas de extensión e investigación. Pero, a partir del año 2016, los estudiantes que están privados de libertad tienen la posibilidad de salir transitoriamente y cursar en la Udelar.
Pasturino comentó que el proceso inició con algunos reclusos del ex Comcar que tenían la intención de seguir estudiando -una vez que ya habían aprobado Bachillerato- y contaban con el apoyo de operadores penitenciarios, quienes los inscribieron en la Universidad.
En un primer momento, se pensó que la demanda era de aproximadamente 15 estudiantes, pero resultó que eran una cantidad mayor. Así comenzó el proceso: se generaron vínculos con las comisiones de carreras, con el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), con el Poder Judicial, y “de alguna forma fuimos pateando puertas y convenciendo”, manifestó la integrante de la Comisión. Además, en el año 2018 -a partir de la propuesta de la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay- se creó la Comisión Central de Estudios en Privación de Libertad, que según planteó Vigna, busca “articular las respuestas que dan los distintos servicios a los estudiantes carcelarios, para actuar de un modo más coordinado y con una visión política más acordada”.
No todo es color de rosas
“La enseñanza terciaria en el sistema penitenciario, si bien ha tenido un desarrollo muy importante en estos últimos años, es todavía muy incipiente”, expresó la socióloga. Para Pasturino, “hay que seguir peleando en la idea de que la educación es un derecho y no un beneficio”, y por lo tanto “no se pierde” por estar privado de libertad ni por estar sancionado.
Explicó, además, que existen ciertos límites que influyen en las actividades que desarrollan dentro de los centros penitenciarios; “la situación inhumana” en la que viven los estudiantes y el “tema presupuestal”, entre otros. Según Vigna, “de fondo hay una cuestión de recursos escasos” y por ende, habría que pensar cómo administrarlos de la forma “más eficiente” para llegar a una gran cantidad de población, y así lograr que “la vida universitaria permee dentro del sistema de privación de libertad lo más posible”.
Por otra parte, Pasturino añadió que la aprobación de la Ley de Urgente Consideración (LUC) implicó limitantes para pensar la educación en cárceles, principalmente respecto a la redención de pena y a las salidas transitorias. Comentó que la mayoría se acerca a estudiar para redimir “y la gente piensa que eso está mal”, pero muchas veces “ese tipo que te dijo ‘yo vengo a redimir pena’, dos años después está en la puerta de la facultad tomando mate con sus compañeros”. En cuanto a las salidas transitorias, sostuvo que a partir de la LUC se obliga el uso de tobilleras electrónicas, pero no hay “ni siquiera para hacer cumplir las leyes previas”, como la Ley de Violencia Basada en Género.
Puntualmente, la LUC establece que para conceder las salidas transitorias “el tribunal competente dispondrá la aplicación de dispositivos de rastreo y control electrónico, tales como pulseras electrónicas, tobilleras electrónicas o dispositivos similares”. Sobre la redención de pena, determina que “a los procesados y condenados se les abonará un día de reclusión por dos días de estudio sin perjuicio de lo previsto en este artículo para determinados delitos. Se computará como un día de estudio la dedicación a dicha actividad durante seis horas semanales, así sea en días diferentes. Para esos efectos, no se podrán computar más de seis horas diarias de estudio”. También quedan excluidos de la posibilidad de redimir pena quienes cometieron los delitos de violación, abuso sexual, abuso sexual especialmente agravado, homicidio especialmente agravado, homicidio muy especialmente agravado, rapiña con privación de libertad, copamiento y/o secuestro.
Todos son víctimas del sistema
“La visión sobre el guardián de cárceles que sólo está para evitar las fugas y para reprimir es burda, el trabajo penitenciario es muy complejo”, expuso Vigna. De la misma forma, Pasturino explicó que “se trabaja en malas condiciones, por malos salarios, con mala formación”, y que eso explica la mitad de las cosas que pasan en la cárcel. Aseguró que “muchas veces son personas a las que se les negaron sus derechos y terminaron laburando ahí, no porque les guste la cárcel, sino porque es necesario que alguien vaya”.
Según el informe de 2019 de Petit, en el año 2010 se creó la figura del “operador penitenciario”, con el objetivo de que fuera una “figura activa” que sostuviera y estimulara las actividades y los programas existentes, más allá de ser un cuidador u observador. Para lograrlo, se creó el Centro de Formación Penitenciaria que se encarga de la capacitación profesional de los funcionarios del INR.
En el informe se explica que “los resultados alcanzados (a partir de la investigación) reflejan la dificultad de cambiar una concepción funcionarial custodial -y punitiva- arraigada durante décadas”. Algunos operadores han desarrollado un rol “fuertemente educativo”: generan actividades e incitan a los internos a participar, “conocen sus realidades y tratan de apoyar sus cambios positivos, transmiten valores y cuidan que todo se desarrolle en un clima positivo y estimulante”. Pero, por otro lado, algunos operadores que “no han captado o entendido el nuevo rol”, no dialogan con los internos, no generan actividades, no se interesan por conocerlos y se limitan a lo custodial o “se encierran en tareas administrativas o de papeleo”.
Los técnicos responden a uno de los perfiles de funcionario penitenciario. Para Vigna, el desarrollo de ese rol “implicaría una gran mejora en las condiciones de vida y en el trato impartido hacia la población privada de libertad”. Asimismo, Pasturino sostuvo que es necesario “darle un reconocimiento a ese trabajo, darle formación, darle oportunidades”, y manifestó que una de las propuestas de los ciclos iniciales es que los funcionarios y funcionarias puedan cursar junto con las personas privadas de libertad. Agregó, sin embargo, que “hasta que la cárcel no tome esa decisión”, desde la Udelar no se puede hacer mucho.
Pasturino expresó que si bien la intención es promover la educación en el sistema penitenciario, “la cárcel y el encierro no son la respuesta para todo, hay muchas formas de hacer pero ninguna es la que Uruguay hace. En la investigación del mundo nada indica que encerrar sirva para algo, más bien todo lo contrario”.
