El gobierno decidió intervenir el Centro Asistencial del Sindicato Médico del Uruguay (Casmu) debido a la crisis institucional por la que atraviesa. Además, en conjunto con la intervención, impulsó una ley que le otorga una garantía de US$56 millones. La ministra de Salud Pública Karina Rando dijo a El Observador que el objetivo es solucionar principalmente su “situación financiera”.
El director del Casmu, Raúl Rodríguez, en diálogo con Sala de Redacción (Sdr) señaló que la intervención es positiva, que están trabajando en conjunto con los interventores y de buena forma. Con respecto a la ley, aseguró que ve con optimismo el hecho de que el sistema político haya respaldado al Casmu por unanimidad: “es inédito, que una institución privada tenga el respaldo de todos los partidos políticos es increíble”, agregó. Por otro lado, Rodríguez contó que en este momento se está trabajando en el proyecto de reestructura del funcionamiento interno de la institución.
Ariel Irigoytia, presidente de la Asociación de Funcionarios del Casmu (AFCASMU) en conversación con SdR dijo que el sindicato tuvo instancias de diálogo con los interventores, que les permitieron conocer la forma en la que estos se desenvuelven, y que hasta ahora están expectantes de cómo va evolucionando la situación. Irigoytia recalcó que están en contra de cualquier intervención que implique el cierre del Casmu y expresó que “después de las charlas que tuvimos con el Ministerio de Salud (MSP), convocamos a una asamblea donde resolvimos levantar la ocupación en el marco de la información que nos dio el ministerio de como iban a ser las características de la intervención y las potestades que tenía”.
El representante de AFCASMU aclaró que “si hay alguna situación que se desencamine o se descarrile, convocaremos a una asamblea general, pero por ahora no está planteada esa situación”. Declaró que quieren saber el plan de reajuste que el Casmu le planteó al MSP, en ese sentido se reunirán con los directivos de la institución la semana que viene.
El sindicato manifestó no tener clara la ley con respecto a la representación de las partes: “no sabemos cuándo se va a generar la comisión de seguimiento donde nosotros consideramos que debería estar la Federación Uruguaya de la Salud y nosotros”, cerró Irigoytia.
Se preevé que la intervención del gobierno dure un año. Los interventores tendrán que levantar un diagnóstico a los 60 días de empezada y, en caso de haber irregularidades, las autoridades podrían ser desplazadas de su cargo.
