De acuerdo a la información aportada por la Superintendencia de Servicios Financieros (SSF) del Banco Central del Uruguay (BCU), la solvencia de las instituciones financieras radicadas en Uruguay permitiría que el sistema bancario uruguayo soporte en promedio un escenario de crisis severa, manteniendo un nivel patrimonial adecuado. Según la rendición de cuentas 2018 de la SSF, la solvencia de las instituciones financieras medida en función de la relación capital-riesgo es considerada por la autoridad monetaria como “holgada”, ya que es 1,88 veces superior al mínimo regulatorio exigido. Este requisito incluye capitalización ante potenciales riesgos de crédito, de mercado, operacionales y sistémicos.
A fines de 2018, la rentabilidad de las instituciones fue de 2,1 por ciento sobre activos y de 18,4 por ciento sobre el patrimonio. La situación holgada que menciona el BCU en su informe anual se sustenta en que el sistema muestra rangos de liquidez a 30 y 90 días, ubicados en el entorno del 42 por ciento.
El análisis de la superintendencia toma en cuenta la desaceleración del crecimiento de las economías desarrolladas que se registró a fines de 2018, especialmente en los países de Europa. En Estados Unidos, por esta desaceleración la Reserva Federal anunció para 2019 un crecimiento menor que la tasa de interés de referencia. La SSG reconoce que la situación competitiva de Uruguay se deterioró con respecto a los países de la región en base a una cotización dispar del dólar, pero sostiene que frente al resto del mundo la competitividad registró una leve mejora.
A nivel bancario, el informe establece que los créditos al sector privado residente crecieron con respecto a 2018. En moneda nacional el incremento fue de 12,5 por ciento y en moneda extranjera de 0,8 por ciento. Esta estabilidad de las instituciones financieras radicadas en Uruguay es uno de los elementos tomados en cuenta por la calificadora independiente de riesgo canadiense DBRS, que otorgó a Uruguay a fines de enero de 2019 el grado de riesgo bajo BBB con perspectiva estable.
Otros factores tomados en cuenta por la consultora son el escenario político y las perspectivas electorales, el comportamiento económico reciente de Uruguay y las dinámicas fiscales del país. Según los analistas canadienses, los activos manejados por el gobierno central superan los 2,2 billones de dólares, complementados por otros 2,4 billones provenientes de líneas de crédito complementarias accesibles a través de organismos multilaterales. Si estas reservas se toman conjuntamente, dejarían a Uruguay una disponibilidad neta de 3,2 billones de dólares para afrontar eventuales necesidades de deuda que se generen durante 2019.
