Durante la última sesión de la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la Cámara de Senadores, en la que autoridades del Ministerio de Ambiente estuvieron presentes, el senador del Partido Nacional (PN), Sergio Botana, aprovechó para regar inquietudes sobre cómo son declaradas las áreas protegidas y revivió una discusión que se suponía saldada.
No es la primera vez que este debate tiene lugar en el Parlamento. En el 2020, por iniciativa del Poder Ejecutivo, se incluyeron dos artículos en la segunda versión del borrador de la Ley de Urgente Consideración, que tenían como objetivo modificar la manera en que los predios ingresan al Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP). De acuerdo a la propuesta, para incorporar una nueva área al SNAP se debía contar con el consentimiento de los dueños de los predios, y en caso de no obtenerlo, el camino a seguir sería la expropiación.
Pero la iniciativa generó diferencias incluso en la propia interna de la coalición. Dentro de los argumentos en contra, se consideró que esta modificación, además de exigir más recursos económicos, retrasaría la generación de nuevas áreas. Aún así, esta vez Botana manifestó la intención de sumar un nuevo artículo a la Rendición de Cuentas, que otra vez busca modificar el funcionamiento del SNAP, e insiste con tener en cuenta el permiso de los propietarios para decretar un área protegida.
En esta ocasión el senador manifestó especial preocupación por la reserva natural de Paso Centurión, ubicada en el departamento de Cerro Largo, dónde, según sus declaraciones, la limitación del área que prohíbe la deforestación impide precisamente la explotación de esas tierras para producción. “Nos encontramos con la situación de los titulares de los predios en la extensión de una zona que fue hecha por decreto nacional, sin otra intervención más que la participación en las asambleas de parte del gobierno departamental”, declaró.
Mencionó el tiempo de discusión de la LUC como una instancia oportuna pero desaprovechada para dar una solución al asunto. Para Botana “pasa el tiempo y no hemos hecho nada”. Asimismo, expresó: “¿Por qué le imponemos a la gente este tipo de situaciones? Yo estoy dispuesto a impulsar la reserva, soy estricto en la preservación ambiental, pero también me siento obligado y responsable”, y remarcó que una cosa es preservar y otra, limitar la producción y generación de puestos de trabajo.
Las repercusiones
Consultado por Sala de Redacción, Gerardo Amarilla, subsecretario del Ministerio de Ambiente (MA), optó por no emitir opiniones y dijo que aguardará las precisiones del servicio técnico de la Dirección General de Biodiversidad, que está evaluando la propuesta en estos momentos. De forma contraria, la conversación parlamentaria generó notorio malestar en las organizaciones ambientales.
En su intervención, según la versión taquigráfica de la comisión, el nacionalista también aprovechó para referirse al rol de los guardaparques, a quienes definió como “loquitos sueltos”, justificando que para los dueños de las propiedades son extraños con los que conviven y que realizan tareas que se desconocen. En respuesta, Ramiro Pereira, biólogo e integrante de la Asociación de Guardaparques que fue consultado por SdR, aseguró que se “opina desde el desconocimiento y sin fundamentos”.
“Obviamente la gente del campo no tiene contacto con los guardaparques en muchos aspectos” pero por lo general, dependiendo de cada área, los actores más relevantes sí mantienen relación, más allá de que puedan surgir conflictos, explicó el guardaparques. Para Pereira es importante destacar que desde el MA hay un reconocimiento del rol que ocupan y que desde la Asociación de Guardaparques se viene trabajando conjuntamente con el SNAP con el fin de profesionalizar la tarea.
En ese aspecto, “se buscó una contraparte desde la formación formal en el Estado y fue en la UTU donde encontramos un buen interlocutor”, contó Pereira. Fue así que se lograron concretar los cursos de formación de guardaparques en la UTU de Arrayanes, en la ciudad de Piriápolis. Por ello se supone que para ejercer tareas en las áreas protegidas existe un perfil definido y la formación es excluyente, pero el biólogo señaló que hay ocasiones en las que no se cumple con el perfil acordado con el ministerio y se hacen llamados para el puesto que “no son muy prolijos”. Como ejemplo señaló a la Intendencia de Rocha, que, según afirmó, ha asignado puestos de guardaparques como cargos de confianza o por decisión directa del Intendente.
Por otro lado, Pereira indicó que el principal problema es presupuestal porque ningún área tiene la suficiente dotación de guardaparques para cubrir todas las funciones y asimismo, asegurar la conservación, como sucede en Cabo Polonio, que es en la actualidad la zona con más cantidad de guardaparques. Allí una de las principales funciones por las que se tiene un régimen de cobertura 24/7 durante todo el año es el control de ingreso. Aunque esa función es necesaria, se descuidan otras actividades fundamentales para la conservación, como la atención al público, la educación ambiental, monitoreos, controles y la vigilancia.
Otra fuerte reacción ante las declaraciones de Botana fue la de María Selva Ortiz, integrante de REDES – Amigos de la Tierra (Redes – AT), quien alegó que la discusión tiene intereses económicos. Para ella, el debate se dio muy fuerte en un inicio con Paso Centurión y la Quebrada de los Cuervos por la presencia de una importante presión por parte de privados, principalmente de los forestales que compraron las tierras. Paso Centurión, por la gran riqueza en su biodiversidad, que ha dado lugar a la aparición de nuevas especies, se declaró dentro del SNAP y eso “limita mucho la libertad de acción de los forestales”.
Ortiz enfatizó que hay que tener en cuenta que somos un país con un ecosistema de pradera que es muy importante, que no está protegido y que año a año pierde muchas hectáreas. Una de las mayores afectaciones que tienen estos ecosistemas es la implementación de monocultivos de árboles a gran escala que impactan negativamente. Por esta razón la manera que se tiene de proteger estos espacios es justamente que se reconozcan como área protegida. “Algún académico uruguayo ha dicho que el estrés que implica deforestar la Amazonia es igual al estrés ecológico que implica sustituir pastizales por monocultivos de árboles como hacemos en este país”, comparó la activista.
En relación a la pérdida de puestos de trabajo a la que alude el senador, Ortiz afirmó que “Botana está totalmente equivocado”. No es que no se pueda ocupar esas zonas para producir, sino que la actividad productiva debe ser sustentable y cuidadosa con el ecosistema. Eso no quiere decir que no se pueda producir mucho más; al contrario, hasta podría generarse mucha más mano de obra. La activista entiende que se planteó de nuevo esta discusión precisamente por una imposición de parte de la Sociedad de Productores Forestales y cree que el objetivo principal con esta modificación va en la dirección de instalar una cuarta planta de celulosa.
La integrante de Redes – AT concluyó que Sergio Botana es “absolutamente servicial a los intereses de las grandes empresas forestales a las que está haciéndole los mandados” y que si seguimos a favor de este camino “estaríamos violando muchos convenios internacionales de biodiversidad del país”, lo que implicaría un retroceso porque “volveríamos a ser un país que continúa con un desprecio por la conservación, por el ambiente y por todas las potencialidades que tienen estos ecosistema si son bien conservados”.
Adriana Spinelli
Rafaela Rojas
