Otra sequía terminó, los ríos aumentaron su caudal y las cuencas se llenaron. De todos modos, el 20 de setiembre el gobierno extendió la emergencia agropecuaria por el déficit hídrico, que había decretado en octubre de 2022. Para las autoridades del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (MGAP), esta fue la “peor” emergencia agropecuaria “de la historia registrada”, según contó Carlos Rydström, director general de Desarrollo Rural del MAGP, en diálogo con Sala de Redacción.
Aunque hubo una pérdida económica de “1.800 millones de dólares”, las respuestas del Estado fueron “ágiles”, valoró Rydström. El director de Desarrollo Rural expresó que el MGAP estuvo “a la altura” porque dispuso diferentes “alternativas de apoyo” para los productores afectados por la sequía. Asimismo, aseguró que tuvieron “profundidad” en sus asistencias y “políticas de apoyo”. En ese sentido, destacó los “préstamos con tasa de interés subsidiada” que se le dieron a los productores familiares, a través de República Microfinanzas.
También enfatizó en el “Plan de contingencia alimentaria”, un programa que ayudó a los productores al proporcionales ración para sus animales. Además valoró a aquellos que lo hicieron a través de “organismos de productores”, como las gremiales y las sociedades rurales, “en todas sus modalidades”. En ese sentido, manifestó que la organización en colectivos permitió “nuclear” las inquietudes de los productores y “trabajar en conjunto” para que la “tan necesitada asistencia” llegara a los sectores más afectados. A la vez, Rydström destacó la propuesta que otorgó “fondos distribuidos a los gobiernos departamentales” para que dieran “apoyos puntuales” de hasta 20.000 pesos, con “una devolución de un 25%” que se puede financiar hasta en seis meses.
Consultado acerca de las inquietudes de los productores durante la asistencia, contó que la “principal inquietud” estuvo relacionada con “los retrasos en los tiempos” de ayuda. Según explicó, detrás de estas herramientas de asistencia “hay todo un proceso burocrático”, que hubo que sortear con “mucho estrés”, y que “fue generando preocupación”, no sólo para los pequeños productores sino para las grandes organizaciones que demandaban “ayuda en tiempo y forma”.
Rydström hizo hincapié en cómo se vio afectada la economía del agro en sus diferentes ejes, porque “un cultivo que no se siembra tiene la pérdida de quien lo siembra, de quien vende la semilla, de quien cuida el cultivo y lo cosecha. También del camionero que lo trasladaba y de todos los servicios que se llevan a cabo en paralelo a esa realidad”.
Alivios insuficientes
En diálogo con Sala de Redacción, Fernando López, presidente de la Comisión Nacional de Fomento Rural (CNFR), resaltó que en 2008 los productores familiares le hicieron al MGAP una propuesta que buscaba generar una “visión de largo plazo” para evaluar “cómo enfrentar y bajar la vulnerabilidad” que tiene el sector ante fenómenos climáticos como las sequías. Sintetizó que “durante un tiempo” pensaron en generar una “política pública de inversión” para desarrollar una “infraestructura” especial para el riego y las fuentes de agua de los campos, así como para su almacenamiento. Sin embargo, relató que el planteo se estancó y por eso en Uruguay aún hay un “paso importante” para dar en “esta materia”.
El contexto climático “se ha ido agravando” y, por lo tanto, los productores necesitaron adquirir un “mayor equipamiento”, acotó López. Si bien aclaró que no “niega” la inversión del gobierno ante esa petición y reconoció que se “avanzó” en el apoyo al “desarrollo de riego y fuentes de agua”, consideró que quedó “demostrado” que la asistencia estatal sigue siendo insuficiente.
López opinó que fue importante el trabajo de la Dirección Nacional de Desarrollo Rural y valoró los subsidios otorgados, pero comentó que, más allá de que fueron “bienvenidos” y representaron un “alivio” para estos “momentos difíciles” de la producción familiar, las ayudas fueron “relativamente menores a lo que ha sido el impacto de las pérdidas”, afirmó. Dijo que aunque existen seguros para “casos de granizos o vientos” para “eventualidades climáticas”, “no hay demasiados instrumentos que el productor pueda tener a disposición” para enfrentar esta problemática. En esa línea, señaló que hubo personas que tuvieron que “liquidar rodeos” para “no perder más dinero” y se vieron enfrentados a una situación “bastante compleja” con un futuro comprometido.
Por otra parte, la sequía representó un “gran desafío” para los trabajadores rurales, pues se generó cuando estaban en “pleno Consejo de Salarios”, contó María Flores, integrante de la Unión Nacional de Trabajadores Rurales y Afines, en conversación con Sala de Redacción. Las circunstancias climáticas lograron que la lucha se retrasara y cayera en el mes de julio, comentó. En ese sentido, para Flores, la extensión de la emergencia agropecuaria no es una coincidencia: “fue un punto para no dar aumentos y el Consejo de Salarios es en 2024 y 2025”, opinó.
Los trabajadores rurales tuvieron que “discernir verdades”, aseguró. Si bien “la sequía afectó a todas las partes”, los trabajadores “no son ignorantes” y saben qué existió un “uso y abuso” de la problemática por parte de productores y autoridades, agregó. Mientras la crisis avanzaba, los peones “peleaban” por no ir al seguro de empleo y no hubo asistencia por parte del gobierno, afirmó Flores. “Las intendencias repartieron agua” y limpiaron tajamares para sanar la producción, y las oficinas de Desarrollo Rural “subsidiaron hasta pozos de agua” para los campos de los productores, relató. “¿Y los trabajadores? ¿Se les arrimó una canasta de subsidio o algo?”, cuestionó.
