"No bajemos la mirada", trabajo fotográfico y audiovisual realizado por rebelArte, Airbalak y la Comisión No a la Baja. Foto: rebelArte
El problema se visualizó, se viralizó y generó acciones concretas. Los hechos muestran que el proyecto que proponía la reforma constitucional perdió contra una campaña que planteaba directamente que el problema de la seguridad no se resolvía con la baja, pero que tampoco manejaba proyectos o soluciones efectivas. Entonces, ¿fue el fin del escrutinio también el fin de estas comisiones?
ESPERANDO POR ELLOS. Ambas comisiones tienen un futuro incierto. Consultado por Sala de Redacción, Guzman Ifrán, ex integrante y vocero de la Comisión para Vivir en Paz, informa que actualmente no se están reuniendo “ porque el fin último de la comisión era colaborar, aportar nuestro granito de arena al problema. Desde nuestro punto de vista lo mejor era la propuesta de bajar la edad de imputabilidad. Ahora la gente dijo que no y nosotros no vamos a seguir insistiendo, sabemos que las elecciones se ganan o se pierden por un voto y tenemos que ser respetuosos con la decisión popular”. Igualmente, según el ex vocero, y teniendo en cuenta “los factores que jugaban en contra respecto a la campaña financiada por extranjeros y organizaciones sociales (es decir, la Comisión No a la Baja) no fue menor el respaldo que tuvimos de la gente, especialmente de la que vivió el problema de cerca”. El 47 por ciento de la población es leído desde esta comisión como un triunfo a medias, ya que “el solo hecho de haberlo propuesto, de haber juntado las firmas, de haber hecho campaña”, hizo que se lograra “la reacción del Poder Ejecutivo hacia el problema, ganamos parcialmente igual porque se tomaron cartas en el asunto: se crearon nuevos institutos de rehabilitación como el del pabellón noveno de caballería y varios mas”. Ifrán expresa que confìan en que el Ejecutivo siga en esa línea. “Mi postura en particular es darles tiempo para ver si logran o no finalmente dar con la tecla y minimizar en su máxima expresión el delito. Si después de un tiempo vemos que la situación es la misma, que la rehabilitación de los jóvenes no sirve o que siguen hacinados, ahí sí, volveremos a tomar cartas en el asunto”.
Por su parte, Andrés Risso, integrante de la Comisión No a la Baja y Proderechos, informó que la comisión hoy no se reúne formalmente y que “cuando surgió el después del plebiscito, todos compartíamos que no se había aprobado la reforma constitucional pero tampoco se habían transformado las cosas como nosotros queríamos”. Los pasos a seguir no están claros por la propia naturaleza heterogénea de la organización social: “las miradas sobre lo que hay que hacer van a ser muy diversas, por lo tanto tendrá que esperarse a que los distintos colectivos se reúnan para ver qué se propone, si es que se propone algo”. Risso entiende que “el sistema penal, el sistema penitenciario, lo que es la juventud, las victimas son demasiados focos y en todos se pueden y deben hacer las cosas mejor”. Traemos un sistema bastante viejo y arcaico. Cómo lo vamos a hacer y cuáles serán las prioridades es algo que tendrá que discutir el movimiento social en su conjunto y eso todavía no se ha hecho”. Si en algo están de acuerdo las dos comisiones es en que el nuevo gobierno se “esta sedimentando y además estamos en campaña municipal, tienen que suceder algunas cosas como para que se retome el tema”.
¿PRIMERO UNA Y DESPUÉS LA OTRA? Hasta el momento se comenzaron a tomar medidas que apuntan a la rehabilitación del adolescente recluido y no así medidas que abarquen la problemática en su conjunto enfocadas a la educación y las alternativas socioculturales en las zonas más vulnerables. Mariana Mosteiro, coordinadora de derechos humanos en menores de edad de Servicio Paz y Justicia (Serpaj), dijo a SdR que su organización está “haciendo una investigación sobre la violencia policial en la población de 13 a 29 años” y ha seguido de cerca denuncias por tortura dentro de los centros del Sirpa. A finales del año pasado, Serpaj y otras 43 organizaciones pidieron la remoción de la directiva del Sirpa por los episodios de violencia dentro del centro Ser de la Colonia Berro, entre otros, que tuvo como consecuencia que ocho funcionarios del centro fueran procesados.
Sobre el nuevo centro del Sirpa llamado Colibrí, manifestó que se hizo una recorrida y “si bien son centros nuevos y están un poco más aggiornados a la normativa internacional, siguen habiendo muchas irregularidades sobre todo respecto al régimen de encierro y la cantidad de horas que los adolescentes pasan en las celdas. El problema es qué hacer con los adolescentes en el encierro porque no hay un proyecto institucional sólido”.
El planteo parte de la base de que la privación de libertad tiene que ser la última medida a tomar, ya que no es el lugar adecuado para un adolescente. Para Mosteiro, “los organismos internacionales han recomendado que sea una medida a abolir, ya que el hecho es muy nocivo y siempre se actúa cuando la infracción ya se realizó y no en el ámbito de la prevención. Nosotros, en ese sentido, hemos recomendado que se desarrollen políticas que tengan que ver con espacios culturales, con áreas de integración que atienden al problema justamente antes de que sea un problema”. La especialista destaca una experiencia entre el Mides y el Ministerio del Interior “que no está siendo muy visibilizada y que se practica en dos comisarías, donde se trata de captar a la población en riesgo o que pudiera llegar a cometer un delito. No hemos tenido un acceso formal al plan, no hemos evaluado el programa, pero sabemos que se encuentra en un plan piloto, por así decirlo”.
Pero el tema ya no ocupa un lugar destacado en la agenda. La efervescencia que destapó el plebiscito se fugó.
Manuel Franco
