Iván Morales Generalli tenía 26 años cuando fue detenido, el 21 de noviembre de 1974 en el domicilio de su compañera, en Malvín Norte; en ese momento militaba en la Federación Anarquista del Uruguay (FAU) y en la Organización Popular Revolucionaria 33 (OPR “33”). El día anterior había llegado de Buenos Aires, en donde se encontraba desde mediados de 1973 por decisión de la FAU como forma de resguardarlo en medio de la dictadura cívico-militar uruguaya. Morales Generalli fue detenido alrededor de las 17 horas por orden del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA, creado por el Comando General del Ejército) y 30 minutos después ya era interrogado en el Regimiento de Caballería N° 6.
El interrogatorio transcurrió hasta las 18:45, cuando los militares encargados, el mayor Manuel Cordero y el capitán Gustavo Taramasco, se detuvieron para procesar la información obtenida. Para las 19 horas, cuando quisieron retomar el interrogatorio, notaron que Morales Generalli estaba inconsciente y llamaron al enfermero de servicio de la unidad, el soldado de primera Duval Silvera, que confirmó que había fallecido.
Ese mismo día el juez militar, el capitán de Navío Pío Llorens, dispuso la autopsia y la identificación por Policía Técnica y entrega del cuerpo a los familiares. El 18 de marzo de 1975 el médico jefe del Servicio de Anatomía Patológica, José Mautone, elevó al Juzgado Militar de Instrucción de Primer Turno los resultados de los estudios realizados en el Instituto Técnico Forense. Recién el 9 de abril de ese año, el fiscal militar de 5° Turno dispuso el cierre de la investigación, argumentando que “3ª) Del examen necrópsico practicado no surgen claramente las causas del fallecimiento, habiéndose practicado el examen toxicológico y un estudio histopatológico. 4º) Como consecuencia de lo expresado, este Ministerio Público considera que corresponde decretar la clausura de estos procedimientos”.
El diagnóstico de la autopsia indicó la presencia de diversas lesiones, no obstante, Mautone señaló como causa de muerte probable “un estado tóxico”, por lo que ordenó que se le hiciera un examen toxicológico y un estudio histopatológico. Quien firmó el memorándum de la muerte de Morales Generalli fue el capitán Lawrie H. Rodríguez, en carácter de juez sumariante del Regimiento de Caballería Nº 6.
En 2016, según un informe hecho por Sudestada, a pedido de la Justicia Penal se hizo un “estudio necrópsico” para intentar establecer cuáles habían sido las causas de la muerte de Morales Generalli. Dicho estudio fue llevado a cabo por la Cátedra de Medicina Legal de la Universidad de la República, y los resultados demuestran que “la causa básica fueron los traumatismos múltiples padecidos por Iván Morales Generalli en el contexto del interrogatorio a que fue sometido en la unidad militar el 21 de noviembre de 1974”.
Hace un mes, el 27 de marzo, la jueza Isaura Tórtora procesó con prisión al militar retirado Lawrie Rodríguez por el asesinato de Iván Morales Generalli.
De victimario a víctima
El 14 de abril el senador y líder de Cabildo Abierto (CA), Guido Manini Ríos, utilizó la media hora previa de la sesión del Senado para expresarse acerca de la detención de Lawrie Rodríguez. Manini argumentó que Rodríguez había intervenido quirúrgicamente en el intestino y que padece otras dolencias y que el ex militar fue encarcelado por un “supuesto crimen” y cuestionó si “era necesario encarcelar a Lawrie Rodríguez en este momento de pandemia”. “¿Hasta cuándo se seguirán procesando y encarcelando militares octogenarios por hechos ocurridos hace 50 años?”, se preguntó, concluyendo que lo que “sufrió Lawrie Rodríguez fue un atropello y una violación a los derechos humanos”.
No es la primera vez que Manini se ve envuelto en una polémica relacionada a los crímenes de la dictadura. En los últimos días, ingresó a la Comisión de Constitución y Códigos del Senado un pedido de la Justicia que solicita el levantamiento de los fueros parlamentarios de Manini. Esa solicitud fue hecha por el fiscal Rodrigo Morosoli, que pretende imputar al senador por omisión de denuncia de hechos de apariencia delictiva vinculados a las confesiones de José Nino Gavazzo en el Tribunal de Honor Militar, cuando admitió haber tirado al río Negro el cuerpo del militante tupamaro Roberto Gomensoro en 2018, cuando Manini era el comandante en jefe del Ejército. El 22 de abril Gavazzo fue condenado a 25 años de penitenciaría por el asesinato del maestro y periodista Julio Castro.
La bancada del Frente Amplio (FA) resolvió que votaría el levantamiento de los fueros a Manini Ríos y emitió un comunicado en el que marcaba su posición. La senadora frenteamplista Carolina Cosse, dijo a Sala de Redacción que “la bancada se resolvió tener una postura clara, la declaración lo es, y la postura nuestra es poner a disposición nuestros votos para el desafuero del senador, independientemente de quién sea el senador, ya que esto es un tema de principios”.
Cosse recordó que durante la campaña electoral Manini dijo que iba a pedir su desafuero “entonces esta es la oportunidad de que demuestre que es un hombre de palabra”. En relación al comunicado emitido por la Juventud de Cabildo Abierto que respalda al senador y manifiesta que hay una campana que aún no se ha escuchado, Cosse consideró que “tiene mucho respeto por la juventud que se organiza” pero que “acá no se trata de si es una campana u otra campana, acá se trata de que hay un proceso en la Justicia”, concluyó.
Para el politólogo Daniel Chasquetti “Manini debe querer salir de esto rápido, ya que seguramente tenga la intención de quitarse esto de encima este año, para así poder abocarse a su carrera política”, pero como el FA ya resolvió votar el desafuero “todo recae en el Partido Nacional, ya que depende de ellos que se llegue o no a los votos”. Chasquetti sostuvo que “Cabildo Abierto está proyectándose hacia las elecciones de 2024, por lo tanto deberá cuidar la figura y la reputación de su líder, el desafuero lo afecta, por eso creo que debe querer solucionar este tema en lo que resta del año”.
Asimismo, Chasquetti se refirió al accionar político de Manini y de Cabildo Abierto dentro de la coalición: “Lacalle Pou sabe que no pueden prescindir, y Cabildo Abierto y Manini saben que son necesarios; por lo tanto pueden tirar de la piola, pueden ser transgresores, pasar por alto algunas reglas básicas de la convivencia en la coalición”. Dijo, también que “eso alienta las acciones unilaterales, el desafuero es otro ejemplo de acción unilateral, Manini no creo que se haya juntado con Lacalle Pou a discutir a ver qué hace, el agarró y dijo ‘quiero ir a la Justicia’”.
¿Y los fueros?
El abogado constitucionalista José Korzeniak, dijo a Sala de Redacción que para el procedimiento que implica el levantamiento de los fueros parlamentarios “se necesitan dos tercios de los votos de cada cámara: 21 senadores y 66 representantes”.
El artículo 114 de la Constitución de la República regula el levantamiento de los fueros, y hace hincapié en que “es su respectiva Cámara quien resolverá si hay lugar a la formación de causa, y, en caso afirmativo, lo declarará suspendido en sus funciones y quedará a disposición del Tribunal competente”. Korzeniak afirmó que “desde la Constitución de 1830 se ha mantenido el artículo correspondiente a los fueros políticos”, y que además “los fueros tienen una larga tradición en el derecho público, ya que surgen para impedir que se genere una persecución política, por lo que se les otorgaba la protección del fuero”.
El levantamiento de los fueros será discutido después de ser tratada la Ley de Urgente Consideración, que ya fue ingresada al Parlamento y dará un margen de maniobra para Manini, cuya estrategia parece ser firme.
