México recuerda cada setiembre un suceso que ha dejado una profunda huella en la sociedad mexicana. Nueve años atrás el país fue sacudido por uno de sus episodios más siniestros y dolorosos: la desaparición forzada de 43 estudiantes pertenecientes a la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” en Ayotzinapa, ocurrida bajo el mandato del expresidente Enrique Peña Nieto.
Las escuelas normales en México datan desde el año 1922 y continúan siendo una parte esencial del sistema educativo en la actualidad. El término “normalista” se refiere a estudiantes que se preparan para ser maestros, y esto es análogo a los institutos de formación docente en Uruguay.
Con el fin de explorar los aspectos más recientes del último informe publicado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), integrado por expertos en derecho y medicina, que fue establecido en colaboración entre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Estado de México y los familiares de las víctimas en relación con el caso Ayotzinapa y su partida de México, Sala de Redacción entrevistó a Eliana Gilet, periodista y corresponsal en Ciudad de México para el Semanario Brecha.
En setiembre de 2022, el GIEI confirmó la relación del ciudadano uruguayo Gonzalo Martín Souza Neves con la desaparición de los estudiantes. Este individuo fue señalado por las autoridades de inteligencia mexicana dos meses antes de la masacre, quienes lo vincularon con la desaparición de los 43.
“El ciudadano uruguayo fue atrapado in fraganti a 200 kilómetros del lugar de los hechos [en las afueras de una bodega, en Puebla]”. Se encontraba junto a otra persona, ahora fallecida, con dinero y heroína”. Gilet compartió con Sala de Redacción que llevaron a cabo una extensa investigación para el Semanario Brecha al respecto. La existencia del narcotraficante uruguayo, oriundo de Tacuarembó y actualmente cumpliendo una condena en una prisión de máxima seguridad en México, confirma que “opera un mecanismo que utiliza autobuses de transporte colectivo para el contrabando de drogas y dinero a lo largo de la frontera entre México y Estados Unidos”. Su expediente también se entrelaza con la investigación relacionada con Ayotzinapa: “Es importante destacar que esto no se limita únicamente a un hallazgo periodístico, sino que está vinculado al desarrollo de la causa”, sostuvo Gilet.
Este vínculo arroja luz sobre el trágico episodio en el que los estudiantes, sin conocimiento, abordaron un autobús con destino a Ciudad de México, el cual tenía “compartimentos secretos donde se ocultaban dinero y droga”. La intención de los estudiantes era participar en un evento conmemorativo de la masacre de Tlatelolco, que tuvo lugar el 2 de octubre de 1968.
—¿En qué lugar estabas en el momento en que ocurrió la desaparición de los estudiantes?
—Yo estaba en Uruguay pero me tocó cubrir para el Semanario Brecha la primera gira sudamericana que los padres hicieron en los primeros meses del año 2015. Para mí fue impactante porque llegó una delegación de padres a Uruguay y ofrecieron una conferencia de prensa (en la Casa Bertolt Brecht). En ese momento tuvimos de primera mano el relato de Carmelo Ramírez Morales, uno de los estudiantes sobrevivientes. Son 43 los desaparecidos, pero había casi 150 o 200 jóvenes ese día en Iguala.
— ¿Cuáles son tus recuerdos de ese momento y de qué manera influyeron los testimonios de la delegación?
— Escuchar directamente a la gente me hizo entender un poco más qué era lo que estaba pasando. Recuerdo que miraba alrededor y la gente estaba llorando, pero también había reporteros y gente que se había acercado; había un nivel de estupor porque nadie lograba comprender realmente que eso fuera posible. Cuando digo que Ayotzinapa abrió la comprensión y cambió el país, no lo digo como una cosa demagógica, lo digo porque lo veo, porque es un tema que trabajo puntualmente en México. Realmente lo que pasó en Ayotzinapa y lo que empecé a cubrir es que, así como los padres de los 43 salieron a buscar a sus hijos por su propia cuenta desbordando al Estado, hay también un movimiento de familiares que hizo lo mismo.
Gilet hizo hincapié en que el informe del GIEI pone al descubierto “la existencia de un sistema de inteligencia paralelo a nivel del Ejército”: “Este sistema opera en torno al Centro Nacional de Inteligencia y a Centros Regionales de fusión de inteligencia”. Además, subrayó que “la base de operaciones en el sur del país se ubicaba en Iguala, Guerrero”, el mismo lugar donde se produjo el ataque y la masacre contra los estudiantes normalistas. Esta revelación resulta relevante dado que “no se tenía conocimiento previo de esta información”, agregó.
Gilet sostuvo que es “sorprendente la evidencia de que este Centro de Inteligencia tenía pleno conocimiento de los eventos que ahora sabemos que ocurrieron: un ataque dirigido contra un grupo de estudiantes de origen indígena y de bajos recursos que formaban parte de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México”.
La exposición del entramado del sistema de inteligencia “revela que incluso las más altas autoridades del Estado tenían conocimiento en tiempo real de los eventos y no tomaron medidas para salvaguardar la vida de los estudiantes”, a pesar de “tener conciencia de que estaban siendo atacados por diversos grupos armados, algunos de ellos sin identificación oficial”.
Para ilustrar este punto, mencionó que se trata “de una especie de fuerza paramilitar similar a las que operaron en las dictaduras que todos conocemos. También comparten funcionarios, a veces hay personas que se ponen el uniforme y son policías, y luego se lo quitan y son parte de estos grupos paramilitares”. Además, enfatizó que “el crimen no se puede producir sin la connivencia y de alguna manera no sabemos cómo pero seguramente haya un beneficio del aparato estatal”. “El narcotráfico, no existe de manera separada o ajena del Estado”, advirtió.
El rol de la Marina y la verdad histórica
La intervención de la Marina se produce con la entrada del Sistema Federal de Justicia. “Recordemos que México es un país federado, lo que significa que la investigación se inicia en la jurisdicción de justicia del Estado de Guerrero”, sostiene la periodista. Sin embargo, “a medida que la situación comenzaba a crecer y el reclamo social se intensificaba en México, se da una de las primeras manifestaciones [en 2015] que tuvo lugar en la puerta del Palacio Nacional, la sede del gobierno en la Ciudad de México que fue incendiada. “Este incidente marcó un acontecimiento de gran envergadura”, dijo Gilet a Sala de Redacción.
“Lo que se conoce es que la Marina desempeña un papel directo en la intervención en el basurero de Cocula, que se considera un lugar donde se creía que las víctimas tenían un destino final”, es decir, “aquí los trajeron a todos, aquí los quemaron, no los busquen porque no los van a encontrar, ya que no queda rastro de ellos”, pero esto resultó ser falso, relató Gilet.
En ese momento, Jesús Murillo Karan estaba a cargo de la Procuraduría General de la República (Fiscalía) . Murillo fue acusado de haber establecido la “verdad histórica” a través de métodos que involucran engaños y torturas, construyendo así una línea de investigación falsa en el caso de la desaparición. En México “la mentira histórica que tiene que ver con el basurero de Cocula está armada en base a la tortura y la confesión de personas que seguramente tuvieron que ver en los hechos, pero que obviamente todas sus declaraciones han quedado falseadas” porque “ninguna información que se obtenga bajo tortura tiene valor en ningún proceso judicial. Obviamente eso estaba destinado a fracasar: lo que dice el GIEI es que eso se hace a conciencia como un mecanismo que reafirma lo sistémico, o que confirma el elemento forzado; cuando uno va a la definición de desaparición forzada no sólo es por acción, sino también es quien oculta, quien dificulta el acceso a la verdad, digamos, que el Estado mexicano ha sido innovador por decir poco”, sentenció Gilet.
En relación a cómo el GIEI obtuvo acceso a los archivos militares, destacó que “solo fue posible acceder a esta información cuando los expertos se trasladaron personalmente a los lugares físicos donde se encontraban estos archivos”, acompañados por el “Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, quien es un alto funcionario del gobierno federal”. Gilet subrayó la importancia de la política como el “único medio para lograr un equilibrio entre los diferentes poderes estatales”. En este contexto, es fundamental tener en cuenta que en el otro extremo “existen fuerzas que siguen empujando por el silencio y el cierre y que lo que vemos es el resultado de esa puja”. En su opinión, “no cree que la postura política de López Obrador respalde la impunidad”, también considera que “el poder civil encuentra límites evidentes cuando se empiezan a desvestir las verdaderas estructuras que sostienen nuestras democracias”.
Un freno
El 15 de julio, los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos presentaron una solicitud de amparo ante el Poder Judicial de la Federación. Esta solicitud se dirige “contra la cadena de mando del sistema de inteligencia militar”, argumentando que estas autoridades “han incumplido con el Decreto Presidencial emitido el 4 de diciembre de 2018”.
Según el comunicado emitido por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, dicho decreto presidencial ordena a “todas las dependencias a colaborar en la investigación para esclarecer el caso”. En este sentido, Gilet mencionó que “el tema de los archivos es medular porque así como lo es en el Uruguay para poder investigar y probar causas graves de violaciones a derechos humanos, no basta sólo con reconstruir a partir de testimonios”. La investigadora ofreció una explicación al respecto, enfatizando que tanto el ejército como los Estados mantienen un registro exhaustivo de todas sus acciones.
“El ejército y el Estado guardan registro de todo lo que hacen, más en estos tiempos actuales donde existen herramientas de interceptación telefónica y seguimientos”, sostuvo la periodista. Además, señaló que “los órganos de búsqueda de información, que son básicamente policías militares infiltrados, reportan a todo un enorme sistema de inteligencia militar que estuvo activo y que está activo. Esta fue una de las grandes revelaciones de los expertos del caso”, indicó.
Sobre cuánto tiempo hacía que se conocía la existencia de los archivos militares, enfatizó varios puntos. En primer lugar, “es la evidencia de que existen”. En segundo lugar, resaltó que dichos archivos “representan la clave para resolver el paradero” y esta información “ha estado en conocimiento desde el primer día. Ayotzinapa alumbró una situación dramática que es la crisis de personas desaparecidas en todo el país”.
Gilet explicó que el GIEI ha concluido su investigación de acuerdo “con el proceso que tenían previsto”. Además, señaló que desde su óptica existe una posibilidad de que esta decisión también esté relacionada con “diferencias políticas” y es “una forma de hacer presión salir del país”, ya que la permanencia del GIEI implica “la necesidad de mostrar resultados”.
“El GIEI ha identificado un conjunto de 80 o 90 documentos en los archivos que contienen información de los órganos de inteligencia. Estos documentos abarcan desde las 12 de la noche del 26 de septiembre de 2014, cuando los estudiantes ya habían sido secuestrados o detenidos de manera arbitraria, hasta las 6 de la mañana del 27 de septiembre” . Sin embargo, aún “faltan las horas cruciales que, según la suposición del GIEI y el sentido común, podrían contener información sobre el paradero de los estudiantes”.
