El proyecto de ley de “Corresponsabilidad en la Crianza”, presentado en 2020 por las senadoras del Partido Nacional Carmen Asiaín y Graciela Bianchi y el ex senador blanco Sergio Abreu, fue aprobado por la Cámara de Senadores en agosto de 2022, y actualmente se encuentra en estudio en la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración de la Cámara de Representantes. Cecilia Bottino, diputada del Frente Amplio (FA), aclaró a Sala de Redacción que no se votará el proyecto antes de fin de año, ya que durante este mes y diciembre continuarán recibiendo a delegaciones para conocer su postura. Y agregó que “todavía faltan los informes de la cátedras, por ejemplo, de Derecho”.
En diálogo con Sala de Redacción, el diputado del Partido Nacional e integrante de la comisión, Rodrigo Goñi, desmintió las declaraciones de Bottino: “No es así, en todo caso se deberá aumentar la carga horaria de la comisión, pero en este tipo de situaciones la ciudadanía no puede esperar los tiempos parlamentarios”. “Lo que hablé con el presidente de la Cámara de Diputados [el colorado Ope Pasquet] es que quedan pocas delegaciones; no resolverlo este año sería una falta de respeto para todos los que están en esa situación”, continuó.
La opinión sobre la viabilidad del proyecto también genera debate entre los diputados de la comisión. Bottino manifestó que es “imposible que proceda”, y explicó que “las observaciones que hicieron cada una de las organizaciones y la academia son entendibles, porque todo el proyecto es objetable”. Sin embargo, en el caso de Goñi, la única duda que tiene es de qué forma se va a votar el proyecto y no su viabilidad: “Todavía no lo comuniqué, pero ya lo definí, vamos a reunirnos los diputados que integramos la comisión y pertenecemos a la coalición de gobierno para analizar si hay alguna modificación para hacer o se vota como está”.
El centro de la discusión
Una de las organizaciones que recibió la comisión en el Parlamento fue al Sindicato Único de Trabajadores y Trabajadoras del Instituto del Niño y el Adolescente de Uruguay (Suinau), quienes se mostraron en contra de la propuesta presentada. La secretaria ejecutiva del Suinau, Carolina Silva, manifestó a Sala de Redacción que “se invierte el orden de jerarquía que debería tener una legislación que afecta a niños, niñas y adolescentes”. “Este proyecto de ley, sobre todo en los artículos 4 y 6, los más polémicos, viene a invertir la línea de ampliar la protección ante nuevas formas de violencia que están presentes en el Código de la Niñez y la Adolescencia”, cuestionó.
“El proyecto no habilita las medidas cautelares en los extremos que se ponen. Se dice que se va a obligar a los niños a mantener el contacto con sus abusadores, y eso es absolutamente desterrado. Lo que sí permite el contacto y la visita del abusador sexual, es la ley vigente que yo nunca hubiera votado”.
Carmen Asiaín, senadora del Partido Nacional.
Los artículos mencionados por Silva son los más discutidos desde que el proyecto ha sido presentado ante el Parlamento. En su artículo 4, plantea el siguiente agregado al actual Código de la Niñez y Adolescencia: “En el caso de adoptarse medidas cautelares a raíz de una denuncia formulada por parte de un progenitor contra el otro, el juez, manteniendo en todo tiempo las garantías del debido proceso y el principio de inocencia, evaluará bajo su más seria responsabilidad funcional la necesidad o no de modificación del régimen de tenencia y su ejercicio”.
Por otro lado, el artículo 6 del proyecto refiere al régimen de visitas y establece que “sólo por motivos particularmente graves y sobre los cuales existan indicios fundados podrá denegarse el régimen de visitas provisorio solicitado por el progenitor”. Respecto a esto, el Suinau explicó que, si finalmente se aprueba el proyecto y se presenta una denuncia que involucra al padre o madre por violencia o maltrato a sus hijos, “mientras no se demuestre que es culpable, eventualmente puede tener contacto con el niño”.
Sin embargo, Asiaín, una de las impulsoras del proyecto de ley, dijo a Sala de Redacción que no está de acuerdo con la interpretación realizada por el Suinau, ya que el proyecto no elimina las medidas cautelares, sino que pretende que su aplicación “no se haga como una regla general y única”. De esa forma, se busca que no se corte “la comunicación y la fluidez del contacto de los progenitores con sus hijos” y que “el juez evalúe caso a caso”. “El proyecto no habilita las medidas cautelares en los extremos que se ponen. Se dice que se va a obligar a los niños a mantener el contacto con sus abusadores y eso es absolutamente desterrado. Lo que sí permite el contacto y la visita del abusador sexual es la ley vigente, que yo nunca hubiera votado”.
¿Cuál es el problema?
En el tratamiento del proyecto en la Cámara de Senadores, Asiaín expresó que es “una ley necesaria” y “tiende a eliminar diferencias de género y estereotipos”, ya que, según entiende, hay una tendencia en los jueces de otorgar automáticamente la tenencia a las madres y el padre se queda sólo con los fines de semana”. Sin embargo, tanto el Suinau como el Área de Psicología Jurídica y Forense de la Coordinadora de Psicólogos del Uruguay y su representante, Miriam Seoane, mencionaron que el actual Código de la Niñez y Adolescencia “ha acompasado los cambios sociales históricos y culturales”. Por su parte, entendieron que este proyecto de ley “podría alejarse de la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes”.
“La ley, que en teoría viene a equilibrar, en realidad está hecha para que los varones abusadores y violentos con plata puedan seguir violentando a sus hijos. Hoy la ley se lo impide, por más que tengan plata”.
—Carolina Silva, secretaria ejecutiva del Suinau.
Por su parte, Silva opinó que esta situación es muy grave, ya que “confunde a la gente”. “No existe que una madre pueda convencer a un hijo para vengarse de su pareja, hay evidencia de que las falsas denuncias de niños, niñas y adolescentes son prácticamente nulas”, dijo. Respecto a que el proyecto tiende a eliminar diferencias y estereotipos de género, agregó que “es un falso argumento. La ley, que en teoría viene a equilibrar, en realidad está hecha para que los varones abusadores y violentos con plata puedan seguir violentando a sus hijos. Hoy la ley se lo impide, por más que tengan plata”.
La doctora Daniela Pérez, profesional independiente que ejerce en el derecho de familia, expresó ante el Parlamento que en el actual proceso “las formas de escuchar al niño tienen enormes carencias e irregularidades”, y agregó que durante ese tiempo el niño puede tener un “discurso inducido”. Sin embargo, desde el Suinau descartan esa posibilidad y explican que “no se puede inducir a un niño a inventar; es muy fácil de detectar, no lo sostiene frente a técnicos, gente entrenada y con indicadores de violencia”.
Otra de las críticas que se le hace al actual Código de la Niñez y la Adolescencia son las demoras en el proceso, desde que uno de los padres es denunciado hasta que se le brinda una resolución al caso. Al respecto, Goñi sostuvo que estas demoras son “injusticias que la regulación actual, justificadas o no, genera”.
A pesar de coincidir con el diputado en las demoras del procedimiento, Silva sostiene que el problema no está en la actual regulación sino en los fondos destinados para la investigación de este tipo de denuncias. “Hace falta una fiscalía especializada en niñez y la adolescencia, darle más presupuesto a los juzgados, a los equipos como nosotros; si no se cumplen los plazos es porque no tenés gente para hacerlos cumplir, no tiene que ver con la norma”, aseguró.
Cambios
Como mencionaron los diputados de los diferentes partidos políticos, el proyecto puede estar sujeto a múltiples cambios, si así lo consideran los integrantes de la comisión de la Cámara de Diputados. Previo a su evaluación, en octubre de este año, la diputada del Partido Colorado, María Eugenia Roselló, presentó una serie de modificaciones para los artículos 4 y 6 del proyecto de ley.
De acuerdo a lo difundido por La Diaria, la diputada propuso eliminar los incisos más polémicos del artículo 4 y crear un nuevo artículo que establezca que, “a solicitud de parte interesada, el juez de Familia, bajo su más seria responsabilidad, podrá revisar las medidas cautelares dispuestas por el juez competente”.
Siguiendo esa línea, “quedarían excluidas de la posibilidad de modificación en el Juzgado de Familia las medidas cautelares originadas en denuncias de conductas delictivas”, salvo que se trate de “delitos de contenido económico, patrimonial o financiero, por considerarse que en estos casos la conducta denunciada no es en sí misma peligrosa para los niños o adolescentes”, explicó Roselló a ese medio.
Además, la diputada colorada sugiere agregar al Código Penal un artículo que prevea un agravante para el delito de calumnia y simulación de delito. Respecto al artículo 6 del proyecto, lo que plantea es sustituir la parte final que dice que “sólo por motivos particularmente graves y sobre los cuales existan indicios fundados, podrá denegarse el régimen de visitas provisorio solicitado por el progenitor”. En su lugar, propuso que diga que “sólo por motivos fundados podrá denegarse el régimen de visitas provisorio solicitado por el progenitor”.
Respecto a estos cambios, Bottino dijo que el FA está en contra “de todo el proyecto y no solo de dos artículos, porque tenemos que mirarlo en su globalidad”. En relación a repensar el proyecto en su integridad, Bottino mencionó que el diputado de Cabildo Abierto Eduardo Lust, integrante de la comisión, “sostuvo que el proyecto tiene que ser revisado totalmente”. Además, la diputada opinó que “las objeciones de la Cátedra de Derecho prácticamente destrozaron el proyecto”, y aclaró que todavía no han recibido de forma oficial en el Parlamento las modificaciones planteadas por Roselló.
Asiaín, por su parte, cree que la diputada Roselló “hace una errónea lectura del proyecto” y que el mismo “aterriza un derecho humano fundamental”. Según dijo la senadora, se puede legislar sobre los casos de denuncias falsas, “pero una cosa no sustituye la otra”.
Por último, para Silva, estos cambios son una forma de “maquillar y desviar la atención”. “Tenemos que centrarnos en lo que está bien y viene en un camino de progresión, lo demás es distracción, no inventen síndromes que no hay”, concluyó en alusión a quienes sostienen que existe la alienación parental, por la que se induce a los niños en el marco de denuncias falsas.
Escuchar las posturas
Desde que el proyecto fue aprobado en Senadores, la comisión de Diputados ha recibido a más de 30 delegaciones entre las que se encuentran Unicef, el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (Cladem), la Clínica de Psiquiatría Pediátrica de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República (Udelar), la Sociedad Uruguaya de Psiquiatría de la Infancia y la Adolescencia, Stop Abuso Uruguay, y el Área de Psicología Jurídica y Forense de la Coordinadora de Psicólogos del Uruguay, entre otras.
Unicef destacó en el Parlamento que el proyecto evolucionó positivamente, principalmente al hacer mención a la Convención sobre los Derechos del Niño y a incorporar mayores referencias al principio del interés superior del niño. Sin embargo, remarcaron su preocupación sobre los pasajes del proyecto que equiparan la aplicación del principio del interés superior del niño al principio de corresponsabilidad en la crianza y a la tenencia alternada. “El interés superior del niño debe prevalecer siempre y sin condicionantes a otros principios relacionados a los derechos de los adultos”, explicó Francisco Benavides, representante de Unicef en Uruguay.
Además, entre otras recomendaciones, pidieron que en el artículo 6 se incluyan las denuncias de violencia doméstica contra niños, niñas y adolescentes de forma explícita y como motivo particularmente grave para la suspensión de las visitas de los progenitores. Respecto a los tiempos del proceso, Benavides afirmó que “las demoras no se deben a las normas vigentes, sino a las dificultades de la práctica”.
De la misma manera, la representante de Cladem, Cecilia Anández, opinó que “este proyecto no pone en el centro a los niños, niñas y adolescentes, sino a sus progenitores”. Ana Lima, también representante de la organización, agregó que “todo lo que pretende legislar este proyecto ya está contemplado en la legislación, en el Código Civil y en el Código de la Niñez y la Adolescencia” como marco protector.
Asimismo, la clínica de Psiquiatría Pediátrica de la Facultad de Medicina de la Udelar y la organización Claves se mostraron en contra del proyecto, porque implicaría “un retroceso en lo que tiene que ver con la protección del desarrollo saludable de niños y niñas”, según expresaron.
Para finalizar, Pérez y la organización Stop Abuso Uruguay se mostraron a favor del proyecto de ley. Esta última delegación mostró como principales argumentos la obstrucción de vínculos de un padre hacia otro como una nueva forma de maltrato infantil, y “el maltrato institucional en cuanto a lo judicial, donde los niños son explotados”.
