Tania Da Rosa, directora de CAINFO. Foto: Cecilia García.
Para conocer más sobre la aplicación de la ley, SdR habló con Tania Da Rosa, la nueva directora del Centro de Archivo y Acceso a la Información Pública (CAINFO) y quien sucede en el cargo a Edison Lanza, exdirector de la organización y desde el lunes 6 de octubre, Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
La labor de CAINFO
CAINFO fue creado en el año 2009 y “se dedica a la promoción y defensa del derecho a la información, la libertad de expresión y la participación ciudadana”, concebidos como “categorías autónomas” y como “presupuestos” de otros derechos, según señala su portal. El trabajo de la organización se enfoca en “la educación, promoción, monitoreo y defensa de diversos derechos humanos específicos”.
Da Rosa es abogada especializada en derechos humanos y periodista. Ingresó a CAINFO unos meses después de su fundación en 2010, como encargada de la comunicación institucional que, en ese momento, fue un área dedicada a la difusión de la LAIP y a la coordinación con otras organizaciones sociales y civiles para realizar proyectos concretos. A fines de agosto de este año, sustituyó en el cargo de dirección de la institución a Lanza.
La abogada mencionó que CAINFO tiene un prestigio que se ganó en estos años entre las organizaciones sociales, civiles y políticas. Además tuvo una fuerte influencia al evitar la aprobación de artículos “regresivos” en la LAIP durante 2013, con los que se tenía como fin limitar el derecho al acceso a la información pública. Los mismos formaron parte de la Rendición de Cuentas y tenían como objetivo que “la información podría clasificarse como reservada, tanto en el momento en que ésta se genere, obtenga o modifique, como en el momento en que se reciba una solicitud de acceso, cuando no se hubiera clasificado previamente”. También el organismo “debía remitir en un plazo de cinco días hábiles su resolución a la UAIP para que determine si el criterio seguido se ajusta a lo dispuesto por la ley”, según consignó El País.
Por otro lado, Lanza, en su rol de director de la organización, le dio “sostenibilidad” a la Coalición por una Comunicación Democrática, un conjunto de organizaciones sociales, civiles y académicas que se reunieron con el objetivo de debatir sobre políticas relacionadas a los medios de comunicación y que participaron activamente del proceso de elaboración y discusión de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
Sobre la ley de Acceso a la Información Pública, Da Rosa dijo que CAINFO tuvo un Programa de Asistencia Ciudadana (PAC), que brindó asesoramiento legal a ciudadanos que se acercaron a la organización para utilizar los mecanismos previstos por la ley. Actualmente el PAC no se difunde mediante una campaña masiva pero si hay personas que van a la organización, no se deja de responderles sus consultas o dudas. Del financiamiento del PAC, explicó que se aplica la modalidad litigio pro-bono, entre otras maneras.
La aplicación de la LAIP en el caso ANEP
En 2011 los problemas edilicios del sistema educativo estuvieron presentes en la agenda mediática, por los paros docentes o la presencia de los padres que reclamaban mejores condiciones de estudio para sus hijos en la televisión. A partir de eso, CAINFO realizó una solicitud de acceso a la información pública a la ANEP, en la que se preguntó cuántas eran las escuelas que tenían habilitación de bomberos. El organismo no respondió en el plazo de 20 días que estipula la LAIP y por ello, se aplicó el concepto de silencio positivo, que refiere a que el sujeto obligado (en este caso la ANEP) debe brindar la información, ya que no presentó por escrito una resolución al interesado en la que señale que no puede darla por ser reservada o confidencial ni solicitando un plazo más amplio para poder responder al pedido. Luego de llevar el reclamo a la justicia, la ANEP fue instada a presentar los datos y la respuesta fue preocupante en dos sentidos. Por un lado, no disponían de la información que se pidió y por otro, al tener un plazo más para poder elaborarla, la respuesta que se obtuvo en términos edilicios fue alarmante, ya que eran muy pocas las escuelas que tenían las instalaciones en condiciones adecuadas. Esta solicitud provocó un impacto en el plan de obras de la ANEP, según reconocieron las autoridades de la administración a CAINFO. El avance del acondicionamiento de los centros educativos está sucediendo de manera muy lenta, apuntó Da Rosa.
La LAIP y la calidad del periodismo
La directora de CAINFO mencionó que antes era difícil que los periodistas escribieran noticias usando la ley. En estos últimos tiempos, dijo que se recurre a la LAIP de manera más frecuente y eso se evidencia principalmente en la cantidad de noticias que aparecen en los medios escritos de circulación nacional y local, lo que “tiene un impacto muy interesante en cuanto a la difusión del derecho y además en cuanto a mejorar la calidad del periodismo porque muchas veces no es lo mismo poder acceder a la información a través de fuentes que hacerlo a partir de un documento público y tener datos precisos”. En este sentido, un caso emblemático fue el del diario El País, cuando solicitó información de los índices de repetición de Secundaria desglosados por centros educativos, acción que contó con el asesoramiento de la organización y tuvo un “impacto muy importante”.
Avances y dificultades en la transparencia gubernamental
De un convenio firmado entre la Universidad Católica del Uruguay (UCU) y CAINFO, se creó una línea de trabajo relacionada con el acceso a la información pública, en la que se realizó un Índice de Transparencia Activa en Línea o ITAEL que, de manera anual, tiene como meta “medir cómo los organismos (113 en total) cumplen con la ley en cuanto a la información que están obligados a publicar proactivamente en la web”. Los estudiantes de la UCU introducen la información en una aplicación y luego, entre ellos y la organización, realizan un proceso de discusión y difusión de los resultados que se obtuvieron. Da Rosa explicó que se dieron avances en la transparencia activa de los organismos pero aún persisten desafíos, ya que no hay ninguno que supere la barrera del 85% del ITAEL, por lo que “es importante profundizar la política pública para mejorar la transparencia proactiva de los organismos”.
En referencia a la transparencia pasiva y como contraposición a la proactiva, se define a la primera como la iniciativa de los ciudadanos de realizar solicitudes de información en poder de los distintos organismos estatales. En este sentido, existen algunas dificultades. Una de las más importantes es no tener un observatorio desde el cual se recopile información estadística de la aplicación de la ley de acceso, lo que se viene reclamando hace mucho tiempo desde la sociedad civil y que permitiría redefinir y mejorar las políticas públicas vinculadas a la normativa. Además, el cumplimiento de los plazos se da de manera más estricta que lo que dicta la ley, cuando hay un responsable de acceso a la información pública dedicado a la recepción y respuesta de solicitudes en los organismos. En relación a este tema, la directora de CAINFO lo definió como uno de los avances progresivos, porque hace un tiempo no se tenía noción de la LAIP por parte de los funcionarios y ahora existen cada vez más instituciones involucradas y con conocimiento de esa herramienta legal. Otro problema es la calidad de la información, que se vincula directamente con la elaboración de la misma de manera seriada, desglosada y delimitada temporalmente para una mejor comprensión y análisis del desarrollo de las tareas de los sujetos obligados (organismos públicos, estatales o no).
Con todo el peso de la ley
La UAIP es la Unidad de Acceso a la Información Pública, dependiente de la Agencia para el Gobierno Electrónico y la Sociedad de la Información (AGESIC), que se encuentra en el ámbito del Poder Ejecutivo y funciona como órgano de control de la aplicación de la ley de Acceso. Da Rosa expresó que tanto la UAIP, como otros temas deben ser parte de un profundo debate a nivel nacional sobre la LAIP, en la que se evalúen aspectos como las sanciones que corresponden cuando no se responden los pedidos de información, si entidades privadas que manejan fondos públicos deben estar comprendidas en la ley, los recursos que se deben destinar (tema más relacionado a discusiones del presupuesto, definidas en el Poder Legislativo), entre otros puntos a tratar. Por último, afirmó como un tema fundamental, el carácter vinculante de las resoluciones de la UAIP, que determina el cumplimiento estricto del organismo a responder la solicitud. Esto actualmente no sucede, lo que provoca que las resoluciones de la Unidad sean meros “actos administrativos” y dificulten la puesta en práctica de la ley en su totalidad.
En épocas de campaña electoral, la bandera de la transparencia fue elevada por todos los candidatos presidenciales en alguna oportunidad. Para el próximo período legislativo, la aplicación real de la LAIP y la discusión y monitoreo de la ciudadanía de la misma determinará la capacidad de toda la población de ser conscientes de las acciones y resultados de las políticas públicas y poder ejercer un rol de contralor más directo. Como dijo la abogada: “Cuesta más que públicamente alguien discuta que las personas tienen derecho a acceder a la información que está en poder de los organismos públicos, entonces la ley en ese sentido, implica un avance muy sustancial”, aún con desafíos pendientes y discusiones que a futuro se deban dar.
Federico Airaldo
