Conferencia “Las personas mayores y su derecho a una vida sin ningún tipo de violencia” / Foto: Maia Bidegain
Diversos tipos de violencia son ejercidos sistemáticamente sobre las personas mayores de todo el mundo. Aunque no se trate de un fenómeno nuevo, esta realidad tiende a permanecer oculta. Para 2030, se estima que aumentará el número de ancianos en todos los países y también los abusos de los que esta población es víctima. La conferencia “Las personas mayores y su derecho a una vida sin ningún tipo de violencia”, organizada por el Instituto de las Personas Mayores (Inmayores) del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), buscó reflexionar sobre estas temáticas.
En el evento, que se realizó el 15 de junio, Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez, la psicóloga y directora de Inmayores, Adriana Rovira, señaló que el tema de la conferencia es un principio básico de agenda. “Para nosotros es un hecho político muy importante; se trata de poner en la esfera de lo público, como asunto de todos, aquellos temas que ocurren en el ámbito privado, y a veces resultan invisibilizados en lo social”, sostuvo.
Además, destacó la importancia de reconocer que las personas mayores “muchas veces son desalojadas de la toma de decisiones, de la capacidad de autodeterminación, del manejo de los recursos propios”, dado el prejuicio social que vincula vejez con incapacidad. La psicóloga planteó la urgencia de poner fin a los procesos de exclusión y falta de reconocimiento hacia esta población y de lograr su restitución política. De todas formas, reconoció el gran avance que significa la adhesión de nuestro país, desde agosto de 2016, a la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, que es el primer instrumento vinculante a nivel mundial en la materia. En particular, habló del artículo 9 del documento, que establece el “derecho a la seguridad y a una vida sin ningún tipo de violencia”.
De acuerdo al Segundo Plan Nacional de Envejecimiento y Vejez 2016-2019, elaborado por el Mides en 2016, “la Convención representa un nuevo marco de trabajo que rompe con la dispersión normativa existente hasta el momento, y que reconoce a las personas mayores como un grupo específico para la protección de sus derechos”.
Vulnerabilidad
La titular del Mides, Marina Arismendi, habló en la conferencia del derecho a la igualdad de todos los habitantes establecido en la Constitución de la República, y de la obligación del Estado de garantizarlo. Además, señaló que la violencia tiene muchas manifestaciones, ya que, por ejemplo se puede dar en el ámbito intrafamiliar o en el institucional, y puso de relieve el abuso económico, “del que prácticamente nadie habla, y que resulta tan común en personas mayores“. Según Arismendi, esto ocurre cuando quienes se hacen cargo de los ingresos y bienes de esa persona, en el entendido de que no se encuentra en condiciones de hacerlo por sí misma -sin distinción de clases sociales-, se apoderan y abusan de ese derecho. La jerarca concluyó que si bien “todos somos vulnerables, algunos sufrimos vulneración de derechos y otros tenemos posibilidad de ejercerlos”.
En la misma línea que la ministra, el secretario de Derechos Humanos de Presidencia de la República, Nelson Villarreal, incorporó el concepto de proceso de cambio cultural. “Lo que vemos en el siglo XXI es una gran lucha por el reconocimiento de la autonomía en la diversidad –ya sea etaria o de otras condiciones- , que da lugar a la construcción del sujeto, al proceso de humanización”, sostuvo.
Villarreal añadió que “los humanos podemos ser sujetos, pero también podemos ser objetos; a los niños y a los viejos se los transforma de sobremanera en objetos”, y manifestó la necesidad de dar lugar a ese proceso de reconstrucción de la subjetividad de las personas y de lograr una seguridad humana integral en comunidad.
Violencia inadvertida
En una mesa de expertas en la temática, la argentina Isolina Dabove introdujo el término “viejismo” para referirse a la discriminación sistemática en la vejez, creado por Robert Butler en 1969. En este marco, manifestó la necesidad de servirse del Derecho como forma de resolución de conflictos, y remarcó la importancia de la Convención como eje normativo, a partir del cual surge la posibilidad de establecer denuncias.
La especialista Mónica Roqué, también argentina, hizo referencia al aumento de las enfermedades de transmisión sexual en adultos mayores, generado a partir de la creencia general de que este grupo etario ya no es sexualmente activo. “Al negar esa realidad, se genera una situación de vulnerabilidad”, explicó. Otro problema ligado a la desestimación de la sexualidad de estas personas es el abuso sexual del que muchas son víctimas, sostuvo Roqué, y añadió que, al no ver a los ancianos como posibles objetos de deseo sexual, rechazamos la idea de que puedan sufrir este tipo de atentado.
Por otro lado, la médica citó el cuarto artículo de la Convención Interamericana de Derechos Humanos en la Vejez, que prohíbe el uso de sujeciones físicas, práctica muy común en los residenciales, que es considerada tortuosa por la Organización de Naciones Unidas. Roqué cuestionó sus supuestos beneficios terapéuticos y afirmó que existen otras alternativas.
Por su parte, Águeda Restaino, representante de la Red Nacional de Organizaciones de Personas Mayores, conformada por 300 organizaciones de la sociedad civil de todo Uruguay, reclamó que el Estado debe generar mecanismos para la prevención, detección y actuación respecto a casos de violencia hacia adultos mayores.
De acuerdo a lo que plantea el Segundo Plan Nacional de Envejecimiento y Vejez, las demandas y propuestas de este colectivo han sido contempladas en el diseño y monitoreo de las políticas y programas destinados a este grupo etario por parte de Inmayores, ya que “trabajar con la propia voz de los sujetos consolida la democracia, dado que se genera un diálogo fluido entre la sociedad civil y el Estado, que a su vez contribuye en la construcción de políticas públicas que mejoran su calidad de vida”.
Maia Bidegain
