El sistema científico uruguayo enfrenta una diversidad de problemas y no parece ser escuchado por el sistema político. Ese fue el motor para que el miércoles 8 de setiembre se constituyera la Mesa Nacional de Diálogo por la Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) del Uruguay, que se había presentado el 18 de agosto en la sala Acuña de Figueroa del Anexo del Palacio Legislativo, mientras la Cámara de Diputados votaba el proyecto de Rendición de Cuentas. Aquel día, una diversidad de actores relacionados a la CTI expresaron su preocupación por el lugar que se les otorgó en la Rendición de Cuentas y manifestaron la urgencia que vive el sector por que se revierta la disminución sostenida en la inversión, que compromete la producción de conocimiento y genera condiciones indignas de trabajo.
La mesa fue autoconvocada por la Asociación de Investigadoras e Investigadores del Uruguay (Investiga Uy), la Asociación Uruguaya de Posgraduandas y Posgraduandos (AUPP), la Asociación de Docentes de la Universidad de la República (ADUR), la Asociación de Trabajadores de Educación y Cultura, base del Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable (ATEC-IIBCE), el Departamento de Desarrollo Productivo del PIT-CNT, la Asociación Nacional de Trabajadores y el Sindicato de Trabajadores de la Universidad Tecnológica (UTEC), la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU), y luego se le sumaron otros integrantes del IIBCE, el Instituto Pasteur de Montevideo , la Universidad de la República (Udelar), la UTEC, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y la Universidad Católica del Uruguay.
Previo a la entrada de la Rendición de Cuentas al Parlamento, la Academia Nacional de Ciencias (ANC) le había presentado al Poder Ejecutivo un documento con 16 “acciones urgentes” para apoyar al sistema de la CTI que requerirían de al menos 30 millones de dólares, menos de la mitad del 1% del producto interno bruto (PIB). Sin embargo, el Ejecutivo le asignó una partida que apenas llegó a los 4 millones de dólares y sin mucho margen para lograr modificaciones que mejoren la situación. El pequeño lugar que les otorgó el Poder Ejecutivo, a pesar del contexto de crecimiento del PIB, sorprendió a la comunidad científica, que realizó aportes significativos para combatir la pandemia de covid-19, y que fue ampliamente celebrada y apoyada en el discurso por toda la política nacional.
Federico Battistoni, integrante de la Mesa en representación de Investiga Uy, valoró, en diálogo con Sala de Redacción, que la conformación de este espacio, en el momento y en el lugar que se dio, fue un acto político. “Fue sumamente simbólico ya que la Rendición de Cuentas se estaba votando y nosotros ahí mismo, en el Parlamento, que sería la casa del pueblo, hicimos un llamado a los actores políticos para decirles estamos acá, estamos diciendo y exigiendo esto”, expresó.
Por amor a la ciencia
En 2014 los presidenciables de aquel momento -Pedro Bordaberry, Luis Lacalle Pou, Pablo Mieres y Tabaré Vázquez-habían firmado un acuerdo interpartidario en el que se comprometían a alcanzar un 1% del PIB al final del siguiente período de gobierno. En julio de 2020, el presidente Lacalle Pou criticó a la gestión anterior por no cumplir con lo prometido y afirmó que tenía costumbre de cumplir lo que firmaba, sin embargo, continúa siendo un debe. Consultado por Sala de Redacción, Hector Cancela, presidente de ADUR, aseguró que “las asignaciones presupuestales de estos últimos años no han sido suficientes como para revertir lo que ha sido la pérdida de valor adquisitivo por la propia inflación”.
Los profesionales de la CTI advirtieron que el sistema científico está en una situación límite. En conversación con Sala de Redacción, Cecilia Callejas, quien coordina junto a Battistoni la comisión de Políticas I+D de Investiga Uy, explicó que la disminución sostenida de la inversión generó un retroceso que ubica a Uruguay muy por debajo de la región en los índices usados para conocer el estado de desarrollo de los países. Callejas sostuvo que “la inversión actual en CTI (0,36% PIB) es inferior que en la región (entre 0,6% y 0,7%)”, y agregó que en cuanto al número de investigadores por cada 100.000 habitantes, “tenemos la mitad que el promedio mundial”.
Estas situaciones dificultan el poder mantener los avances de la ciencia uruguaya y generan una fuerte situación de precarización sobre los profesionales de la CTI. Consultado por Sala de Redacción, Rafael Radi, presidente de la ANC y ex integrante del Grupo Asesor Científico Honorario (GACH), coincidió en que los montos para la ciencia “distan mucho de lo necesario” para lograr cambios y remarcó que “no se ha atendido aún la financiación necesaria adicional del Sistema Nacional de Investigadores, que representa la base de recursos humanos del sistema de ciencia y tecnología”.
Battistoni comentó que la situación de los trabajadores y de sus condiciones laborales es de precariedad en todo nivel, dándose también en las becas de posgrado y de los proyectos de investigación, que resultan inviables. “Uno va trabajando y trabajando de proyecto en proyecto, con poco sueldo y en contratos que son a término”, dijo, y ejemplificó que los proyectos “tienen fondos de 30 mil dólares que son para dos años, si uno quiere contratar un grado dos, 25 horas, se te va al 75 por ciento del presupuesto solamente en pagar a ese grado dos”.
Antonella Barletta, de AUPP, describió que la situación de quienes cursan posgrados muestra lo más crítico del estado de la CTI, porque los inicios de la carrera de investigación se dan entre la informalidad y la no remuneración.“Estamos haciendo trabajo, creando conocimiento, muchas veces gratis y cuando no es gratis, sin los derechos laborales básicos”, sostuvo Barletta y agregó que el tratamiento a los posgraduandos va en contra de los principios de la nación. Esta situación sobre los jóvenes científicos conlleva directamente a la llamada “fuga de cerebros”: Barletta afirmó que se pierden investigadores todo el tiempo, lo que implica una pérdida “del conocimiento que se generó y de las inversiones” que hizo el Estado en esa formación, concluyó.
Desconectados
Los actores científicos manifestaron en la mesa de diálogo la preocupación por el desconocimiento del sistema político acerca del presente de la CTI, de sus trabajadores y de las condiciones en las que se desempeñan. Para Battistoni, la Rendición de Cuentas demuestra que no se entiende cuál es el papel que juega la ciencia y la innovación en Uruguay; más allá de la asignación presupuestal, afirmó que “es prácticamente nula en cuanto a rubros y a leyes que impliquen un orden de la gobernanza”. Callejas coincidió y advirtió que el sistema funciona sin una estructura de gobernanza clara. Este también es uno de los reclamos de la mesa.
Los expertos perciben que hay un desacople entre el sistema político, la sociedad y todo lo referente a la ciencia y la tecnología; por eso, se proponen impulsar acciones para disminuir estas brechas y para que pueda adoptarse una política de Estado. En ese sentido, Battistoni mencionó que si bien en 2010 se creó un Plan Estratégico Nacional de Ciencia Tecnología e Innovación (PENCTI), este no se ha actualizado y existe la necesidad de formular un “PENCTI 2.0” que se enmarque en un proyecto nacional de desarrollo productivo, social e inclusivo, lo que ayudaría a definir cuál es el modelo del desarrollo del país, qué quiere desarrollarse y dónde se quiere hacer investigación.
Barletta consideró que el PENCTI falló al no permear en el sistema cambios reales a nivel cultural: “es todo una concepción cultural que muestra cómo la ciencia, la generación de conocimiento y la tecnología no es considerada importante por el país, hay una tranca real desde el momento de pensar en el crecimiento del país”, sostuvo. Para Cancela, los tiempos que maneja el sistema político influyen en su respuesta,y remarcó que la ciencia no puede ajustarse a ciclos de cinco años: “muchas veces les resulta difícil tener en cuenta que los ciclos científicos, que hacen un aporte claro al país, tienen plazos diferentes”, consideró.
La mesa
La indignación que generó el proyecto de Rendición de Cuentas cristalizó la conformación de la mesa de diálogo que resultó muy positiva en diversos aspectos: tiene un carácter histórico porque unió, por primera vez, a actores del sistema que daban las mismas batallas pero de forma independiente; en esta línea, el documento de conformación de la mesa expresó como uno de sus objetivos a corto y mediano plazo “generar canales de comunicación entre las organizaciones de la mesa que permitan la identificación de problemáticas de nuestra sociedad a ser abordadas por la CTI”.
Callejas explicó que los temas que se presentaron en la agenda de la mesa se centraron en políticas públicas y gobernanza del sistema, y ahondó en los objetivos que se plantearon. A corto plazo, planteó “atender las restricciones presupuestales que sumergen a casi la mitad de nuestro colectivo en condiciones laborales de precariedad y por otro lado lograr conectarnos”. La meta a mediano plazo es “participar activamente en la elaboración del nuevo PENCTI”
El gran desafío que se tiene por delante es lograr cambios en el sistema político. Para el colectivo de posgraduados “lo primero y más emergente es comenzar a ser considerados realmente como trabajadores”, aseveró Barletta; ella entiende que para ello se requiere una gran inversión, ya que implica pasar de aportes de beca de estudio -que, por otro lado, no todos tienen-, a aportes laborales. En este sentido, adelantó que esperan “poder trabajar por una ley que siente estas bases”.
