Intervención artística frente al Palacio Legislativo durante la votación de la despenalización del aborto en Diputados. Setiembre de 2012. Foto: Marcelo Aguilar
CASO OMISO
El caso de la chica menor de edad, discapacitada intelectual, que había quedado embarazada a raíz de reiteradas violaciones, y a quien los ginecólogos del hospital de Salto negaron practicarle un aborto aduciendo objeción de conciencia, derivó ahora en un ríspido enfrentamiento entre autoridades de la Salud Pública. Leonel Briozzo y Susana Muñiz en el Ministerio de Salud Pública (2014). Foto: Pedro Rincón. La diaria.
Consultado por Sala de Redacción, Leonel Briozzo, Subsecretario del MSP (Ministerio de Salud Pública), sostuvo que hubo un retraso de 15 días en la atención de la joven por parte de ASSE (Administración de los servicios de Salud Pública). Por su parte Alicia Ferreira, Gerenta General de ASSE, manifestó a SdR que “el asesoramiento otorgado desde ASSE fue correcto” y delegó la responsabilidad en la dirección del hospital. “El MSP tiene que obligar a ASSE a brindar servicios de manera integral. ASSE no es el Círculo Católico, es una institución pública”, declaró en forma tajante a Sala de Redacción María Elena Laurnaga, diputada socialista perteneciente a la Comisión Especial de Género y Equidad de la cámara baja.La llamada ley de legalización del aborto prevé la objeción de conciencia por parte de los ginecólogos que así lo decidan, eximiéndolos de realizar el raspaje, el último paso para concretar el aborto. La institución a la que acude la persona con intención de interrumpir su embarazo voluntariamente, debe garantizar la etapa final del proceso; y es por eso que, de objetar el ginecólogo tratante, otro profesional de ese mismo centro del salud o de otro, deberá efectuar el legrado final. Por su parte, las instituciones médicas que se declararon objetoras de conciencia -Hospital Evangélico y Círculo Católico- están obligadas a hacer un convenio con otras entidades que sí lo realicen, pafra asegurar esa asistencia a sus afiliados.
Desde 1938, la Ley 9.763 tenía previsto como causales para abortar: las penurias económicas, el riesgo de vida de la mujer y la violación. La Ley vigente, 18.987, que despenalizó el aborto en 2012, establece que los profesionales deben informar y asesorar a la mujer mediante grupos interdisciplinarios aprobados por el MSP, formados por un ginecólogo, un profesional en el área psíquica y otro en el área social. En la situación de la joven de Salto, ni siquiera se tuvo en cuenta la legislación que ya está derogada, pero que funcionó por décadas y que ya legitimaba el aborto para casos de abuso sexual consumado.
Briozzo dijo que el MSP solicitó una investigación administrativa a ASSE para conocer las razones por las que se produjo el retraso en el asesoramiento de la adolescente. La diputada Laurnagacalificó la atención como “deficiente, ya que se negaron a orientarla. Le dijeron que tenía que ir a otra institución. La chiquilina no tuvo la contención necesaria”. Sin embargo, la Gerenta General de ASSE manifestó que “se cumplieron absolutamente todos los pasos establecidos en el protocolo”.
La menor abusada sexualmente viajó a Montevideo. Fue derivada al hospital Pereira Rossell, con la excusa de que en Salto no se podía analizar el ADN para detgerminar la identidad del violador. Sala de Redacción comprobó que no era necesario el traslado debido a que la muestra se podía tomar en laboratorios de dicho departamento y analizarla en la capital del país.
En dialogo con SdR, Leonel Briozzo, uno de los más deckisidos impulsores de la despenalización del aborto, en diálogo con SdR se refirió a la situación del hospital de salro; sostuvo que fue una decisión privativa de ASSE poner en el cargo de Subdirectora a Ana María Galluzo en diciembre de 2013, quien ya se había manifestado objetora de conciencia. Alicia Ferreira, Gerenta General de ASSE, declaró que “ella está de Subdirectora, no porque sea ginecóloga, ni siquiera porque sea médica. Ocupa ese puesto porque el director del hospital y el director de la Región Norte consideraron que tenía perfil y capacidad para estar en la gestión. Nosotros, cuando elegimos a alguien, no le preguntamos ni religión, ni creencias ni convicciones políticas. No teníamos idea si era o no objetora de conciencia”.
Analizando la excepcional situación de Salto, donde es necesario enviar desde Montevideo a un médico que atienda a las mujeres que desean interrumpir su embarazo, porque todos los ginecólogos del departamento reclaman objeción de conciencia, la diputada María Elena Laurnaga, expresó a SdR: “Dudo que todos los médicos de Salto hayan hecho objeción de conciencia y no es cierto que antes no había abortos en el departamento. Considero que es una maniobra política que está vinculada a los liderazgos de los partidos que hay en Salto, que se pronunciaron públicamente en contra del aborto. Esto es una manipulación que tiene de rehenes a mujeres y niñas”.
La Comisión de Género del Parlamento recibió denuncias de destrato hacia la familia de la joven. La Gerenta de ASSE sostuvo que “la familia de la joven está muy molesta por lo mediático que ha resultado este caso, porque en las ciudades del interior se conoce todo el mundo. Cuanto menos hablemos de este caso de forma mediática, más ayudamos a no estigmatizar”.
Por su parte la asociación Cotidiano Mujer decidió tomar cartas en el asunto, mediante un libro a publicarse antes de fin de mes, basado en el Seminario Regional sobre Objeción de Conciencia: un debate sobre la libertad y los derechos, realizado los días 9 y 10 de agosto de 2013. La presentación se llevará a cabo en el departamento de Salto.
SdR intentó comunicarse en varias oportunidades con la Subdirectora del hospital de Salto, quien según fuentes de la institución se encontraba de licencia, aunque admitieron que asistía al lugar unas pocas horas al día. La palabra de la subdirectora es crucial Para determinar por qué no se realizó el aborto y por qué la jOven no fue hospitalizada en Salto, en espera del ginecólogo itinerante.
En este caso -el de una joven menor de edad, con discapacidades intelectuales y abusada sexualmente- los entes públicos legalmente encargados de manejar el sistema de salud exhibieron serias contradicciones, que pusieron en cuestión la vigencia de la ley, la responsabilidad de las instituciones para su cumplimiento y un menoscabo del derecho a recibir asistencia. No obstante, el subsecretario Briozzo sostuvo que no existen otras denuncias similares a nivel nacional.
Agustina Ciancio / Nadia Collazo / Karen Corbo
