La Unión Europea se declaró abierta a debatir la suspensión de los derechos de propiedad intelectual sobre las vacunas contra la covid-19, luego de que se diese a conocer el respaldo de Estados Unidos a la propuesta. El gobierno estadounidense “cree firmemente en las protecciones de propiedad intelectual”, sin embargo “apoya la exención de esas protecciones” con el objetivo de ponerle fin a la pandemia, declaró Katherine Tai, representante de Comercio de Estados Unidos a través de un comunicado que oficializó la postura del gobierno. Por su parte, la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, declaró que la Unión Europea se encuentra lista para discutir cualquier propuesta que suponga tratar la crisis de forma eficiente y emitió un llamado “a todos los países productores de vacunas a permitir exportaciones y evitar medidas que interrumpan la cadena de suministro”.
El reclamo fue presentado ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) por India y Sudáfrica en octubre de 2020. El objetivo inicial era asegurar que “los derechos de propiedad intelectual” no fuesen un obstáculo para “el acceso a productos médicos asequibles”, según se expresó en el comunicado oficial. Se hará pública una nueva propuesta en la segunda quincena de mayo con la intención de que sea revisada en junio, lo que dará tiempo a que más gobiernos se adhieran al reclamo, según lo comunicado en la reunión del Consejo sobre los Acuerdos de Propiedad Intelectual (Adpic).
El director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, celebró a través de Twitter la decisión de Estados Unidos y la calificó como “histórica”. Por otra parte, la Federación Internacional de Fabricantes y Asociaciones Farmacéuticas (IFPMA) expresó su malestar y analizó que esta medida “no aumentará la producción ni proporcionará las soluciones prácticas necesarias”. Entienden que se quita el foco de los “verdaderos problemas”, que la industria farmacéutica identificó como la supresión de las barreras comerciales, los cuellos de botella en las cadenas de suministro, la escasez de materias primas e ingredientes y la voluntad de los países ricos de compartir las dosis con los países pobres.
Vacunas como bienes de intercambio
Las vacunas contra la covid-19 se convirtieron en un bien demandado en todo el mundo, cuyos precios y disponibilidad se definieron a partir de las reglas del propio mercado.
“Los países que tengan más ingresos o mayores posibilidades de endeudarse van a ser los que tengan acceso primero a las vacunas”, predijo el docente y economista Sebastián Fleitas en el programa No toquen nada en febrero de este año. El economista definió dos vías para obtener las vacunas: una de ellas implicaba la negociación con las compañías farmacéuticas, la otra con el Fondo de Acceso Global para Vacunas Covid-19 (Covax), plataforma lanzada por la OMS, la Comisión Europea y el gobierno de Francia con el objetivo de garantizar una distribución más equitativa de la vacuna a nivel global. Fleitas había planteado que la demora en la entrega de las dosis a través del mecanismo Covax motivaría a los gobiernos a optar por “saltarse la fila” y negociar con empresas privadas.
El problema surge cuando los países se limitan a preocuparse por el bienestar de su propia población. La competencia por “un producto con capacidad de producción limitada” en el corto plazo desemboca en una demanda inelástica: en la medida de que se necesiten las vacunas, la demanda será elevada, sin importar cuánto cuesten, explicó Fleitas. Según la investigación “Vacunas consideradas como bienes públicos globales: oportunidad de entereza ética para gobiernos y sector privado”, publicada en el Boletín Fármacos: Economía, Patentes y Precios 2021, el incremento de precios de las tecnologías sanitarias “carece de sentido” si se tiene en cuenta que las vacunas -Moderna, Pfizer/BioNTech, Oxford/AstraZeneca- han recibido más de 5 mil millones de dólares en financiación pública.
Si lo que se quiere es que el producto se desarrolle de forma rápida, entonces las farmacéuticas deberían “colaborar con más información técnica”, explicó a Sala de Redacción la docente Patricia González, quien integra la cátedra Unidad Académica de Enseñanza y Estudios Jurídicos (UNAEJU) en la Facultad de Química de la Universidad de la República. Las patentes son un documento que no incluye el know how, “el saber hacer”, factor primordial para que alguien pueda “copiar y reproducir” un invento, agregó González, y afirmó que se trata de un tema bastante complejo, ya que la redacción de una patente esconde secretos. Lo ideal sería, entiende la docente, que se transmitan esos “secretos de fabricación”, que sólo los productores de vacunas poseen al tratarse de un conocimiento que no se puede adquirir al leer la patente.
González destacó un mecanismo que no se ha tenido en cuenta: “la licencia obligatoria”. Ocurre cuando un Estado, bajo una razón fundada, “obliga a compartir la patente con laboratorios nacionales”, sin la necesidad de que la patente caiga. La docente la consideró una herramienta “poderosa” y que podría utilizarse para la negociación, ya sea de precios o de transferencia de tecnología. Trayendo el caso al territorio nacional, González afirmó que Uruguay ocuparía el rol de “espectador”, en espera por conseguir “excedentes” de las producciones vecinas que pudiesen surgir. Por más que los derechos de propiedad intelectual se viesen liberados, González consideró que sería muy difícil “desarrollar un producto propio”, en la medida de que no conoce “ningún laboratorio nacional” que posea el equipamiento, las condiciones de almacenamiento o el capital necesario para invertir en plantas de producción.
Las afirmaciones de González no se alejan del análisis de Fleitas, quien sugirió que las empresas se abstendrían de invertir en nuevas plantas de producción, en el entendido de que estas dejarían de ser necesarias una vez que la población se viese abastecida e inmunizada. Y es que para las grandes farmacéuticas no es costoso producir nuevas dosis, en cambio “lo que se necesita es la parte mecánica”. Sin embargo, aquellos países que quisieran invertir en la producción nacional, deberían tener en cuenta que las vacunas tienen “altos costos fijos y bajos costos marginales”, según analizó el economista, y explicó que deben ser utilizados “un conjunto de recursos muy significativos” para su producción. Destacó que una vez que el conocimiento es obtenido, los costos de producción de las nuevas dosis se vuelven relativamente bajos.
“Sólo con la patente no haces nada”, planteó González. Si lo que se quiere es llegar más rápido, se requiere “transferencia de tecnología”. De lo contrario, la liberación de la patente no aceleraría el proceso, ya que se necesitan meses para investigar, interpretar y desarrollar un producto, que luego deberá ser aprobado por la autoridad sanitaria correspondiente. La docente estimó que, si se liberasen las patentes, la iniciativa “empezaría a ver sus frutos en 2022”.
