Guido Manini Ríos y Tabaré Vázquez en el acto de conmemoración de los 207 años del Ejército Nacional. Foto: Secretaría de Comunicación de Presidencia de la República. 18/05/2018.
El comandante en Jefe del Ejército, Guido Manini Ríos, fue sancionado por el Poder Ejecutivo por cometer reiteradas faltas disciplinarias; deberá cumplir con 30 días de arresto a rigor, que empezó a regir desde ayer, 18 de setiembre, cuando regresó al país.
Manini Ríos estaba cumpliendo actividades oficiales en México. Al llegar al aeropuerto de Carrasco, fue recibido por su familia y se retiró sin hacer declaraciones. Durante su ausencia, el 10 de setiembre, el presidente de la República, Tabaré Vázquez, actuando en Consejo de Ministros, había resuelto sancionarlo, por entender que el comandante había faltas a la disciplina militar. El ministerio de Defensa Nacional, Jorge Menéndez, fue el encargado de notificarle la sanción; el ministro deberá presentarse ante una comisión parlamentaria para detallar los motivos de dicha penalidad. El arresto a rigor que tendrá que cumplir Manini lo priva de la libertad y deberá estar en un recinto cerrado, con sus actividades suspendidas y sin poder recibir visitas. El jerarca cuenta con 24 horas para recurrir a la sanción del Poder Ejecutivo.
El 22 de agosto Manini Ríos había publicado en Twitter un comentario que provocó molestia en el gobierno: “Visitando el Regimiento de Caballería Nro. 3 en Rivera… con el mismo espíritu de servicio que anima a todo el Ejército, a pesar de todas las dificultades…”. Acompañó la frase con una imagen en la que se podía leer: “Cuando la Patria esté en peligro no hay derechos sino deberes”. A esto, se sumaron luego, el 5 de setiembre, en Océano FM, sus declaraciones contra el proyecto de reforma de la caja militar y sus críticas a Ernesto Murro, ministro de Trabajo y Seguridad Social; ese fue el detonante de la sanción.
Oposición dividida
La mayoría de los representantes de la oposición consideró inadecuada la amonestación. El senador Jorge Larrañaga la catalogó en su cuenta de Twitter de improcedente: “Constituye (un) intento de disciplinamiento a voces discordes. No se violó art. 77 de la Constitución. Poder Ejecutivo busca escarnio con finalidad política“. El artículo 77, sobre los militares en actividad, establece que deben abstenerse de “ocupar cualquier empleo público, de formar parte de comisiones o clubes políticos, de suscribir manifiestos de partido, autorizar el uso de su nombre y, en general ejecutar cualquier otro acto público o privado de carácter político, salvo el voto”. De modo que un militar no puede emitir opinión pública sobre un proyecto de ley y, en caso de hacerlo, puede ser sancionado “bajo pena de destitución e inhabilitación de dos a diez años para ocupar cualquier empleo público”.
Javier García, a su vez, expresó: “El que debería ser sancionado es el Ministro de Trabajo que provocó y mintió sobre las consecuencias de la reforma de la caja militar que perjudica a los funcionarios públicos más postergados y a quienes el FA recurre cada vez que las papas queman“.
En cambio, la agrupación “Los jóvenes blancos” integrantes de la Lista 430, emitieron un comunicado que respalda la decisión del presidente de la República: “Entendemos que se violó lo dispuesto por el art. 53 inciso c del Reglamento General de Servicio del Ejército Nacional…”.
Oficialismo incómodo
El ex presidente de la República José Mujica se manifestó al respecto y, si bien apoyó la decisión de sanción del Ejecutivo, declaró que Manini Ríos “hizo lo que tenía que hacer”, justificación que provocó críticas dentro del Frente Amplio.
Consultado por SdR, Menéndez, dijo no poder dar ninguna información sobre el tema. Se le preguntó, además, si había alguna decisión por parte del comandante de pasar a retiro a raíz de la sanción, a lo que respondió “no estar al tanto de ninguna decisión” aunque dejó claro que “cualquier tipo de información es confidencial”.
En diálogo con SdR, la politóloga Nadia Almeida, explicó que “las relaciones son claras, el que tiene el mandato es el Poder Ejecutivo. Es una sanción que llega luego de varias advertencias, es una acumulación”, analizó. Detalló que es una sanción fuerte: “Arresto a rigor, por reiteración de declaraciones; si fue advertido y sigue haciendo las declaraciones que no tiene que hacer, le compete al poder aplicar la sanción que le parezca correcta. Es constitucional, el mandato es civil y corresponde al presidente de la República, en función con el Poder Ejecutivo”.
Sobre la decisión de si debió ser relevado del cargo, Almeida consideró que esa es “otra discusión” y que “son valoraciones que hará el Poder Ejecutivo”.
Consultada respecto a cómo queda el vínculo entre el Poder Ejecutivo y las Fuerzas Armadas, Almeida consideró que esa relación “tiene que estar supeditada al mando”, que es civil y es liderado por el presidente de la República, y agregó que “si cambia la relación hay un gran problema”.
“Se actuó de la forma que se tenía que actuar, el Poder Ejecutivo valoró que él hizo declaraciones que no correspondían, y aplicó la sanción”, concluyó la politóloga.
Noelia Benítez
