Gerardo Núñez. Foto: Parlamento
La investigación realizada por la comisión concluyó que las actividades de espionaje ilegal en democracia fueron financiadas con dinero proveniente del Estado y de organismos de inteligencia internacionales. El presidente de la investigadora, Gerardo Núñez, afirmó que el “archivo Berruti” contiene documentos que evidencian la entrega de grandes sumas de dinero a infiltrados en partidos políticos y sindicatos.
Luego de un año y medio de trabajo, la comisión de la Cámara de Representantes que investiga el espionaje militar y policial en democracia tendrá su última reunión el próximo miércoles. Ese día se discutirá el informe redactado por Gerardo Núñez, presidente de la comisión, que expresa las conclusiones y recomendaciones a las que llegaron los integrantes del Frente Amplio (FA). Mientras tanto, la oposición analiza el documento y plantea algunas discrepancias. No obstante, coinciden en que la investigación debería elevarse a la Justicia.
En el informe “se reafirma todo lo que habíamos tenido como elemento de presunción al comienzo de la comisión investigadora: que hubo espionaje ilegal en democracia y que fue sistemático e institucional. Hubo una planificación desde las agencias de inteligencia en nuestro país para que se llevaran adelante este tipo de prácticas. No fueron acciones de grupúsculos o acciones de lobos solitarios como se dijo en algún momento, sino que respondían a orientaciones que se impartían precisamente desde las agencias”, sostuvo Núñez. Esta fue la principal hipótesis que exploró la comisión, y la primera conclusión expresada en el documento.
Otra de las conclusiones, según informó La Diaria, es que las acciones de espionaje se llevaron adelante “mediante la utilización de fuentes cerradas para acceder a la información”, es decir que “se realizaron escuchas y grabaciones de conversaciones en locales partidarios y sindicales, infiltración y pago de informantes, allanamientos clandestinos de casas de las víctimas o de locales partidarios y sindicales, seguimientos, presiones y operaciones encubiertas”.
A su vez, el informe contiene una serie de recomendaciones, entre las que se encuentra que toda la información recabada sea elevada a la Justicia. Desde el punto de vista de los diputados del FA, se entiende que existieron “atropellos a la Constitución y a la democracia”, y que corresponde a la Justicia determinar cuáles fueron esos delitos y sus responsables. También recomiendan que se lleve adelante una investigación administrativa en aquellas dependencias del Estado en las que existió espionaje ilegal. En este sentido, el presidente de la investigadora sostuvo que les “pareció una muy buena iniciativa la del directorio de UTE. A partir de la denuncia del sindicato de trabajadores en torno a que se habían llevado adelante acciones de espionaje ilegal en democracia, el directorio desarrolló una investigación administrativa y arribó a conclusiones que puso en manos de la Justicia”.
Sobre aquellos que prestaron testimonio, Núñez acotó que “hay varios casos en los que entiendo que los responsables tendrán que rendir cuentas ante la Justicia, por ejemplo (los titulares) de las direcciones de Inteligencia en los momentos en los cuales se desarrolló el espionaje ilegal. También algunos mandos civiles que dijeron desconocer la existencia de espionaje. Por ejemplo, hubo militares que declararon haber comunicado y denunciado lo que estaba ocurriendo a un ministro que (en la comisión) dijo no tener conocimientos del espionaje que se estaba desarrollando en el Batallón de Florida. Estos elementos los tendrá que discernir con claridad la Justicia”.
La vereda de enfrente
El informe fue enviado el miércoles al resto de los partidos políticos que integran la comisión. Núñez sostuvo que aún desconoce la postura de la oposición, pero entiende “que dada la contundencia de los elementos con los que nos hemos manejado, creo que la mayoría de los partidos políticos que han estado en la investigación van a apoyar el enfoque”.
Consultado al respecto, Gerardo Amarilla, vicepresidente de la comisión e integrante del Partido Nacional (PN), dijo a SdR que el partido aún lo está estudiando pero “a priori” tiene algunas diferencias “respecto a los fundamentos”, y agregó: “no hemos llegado todavía a un borrador de correcciones alternativas”. Los nacionalistas coinciden en que el informe sea elevado a la órbita de la Justicia, pero antes presentarán sus discrepancias durante la última reunión.
Por su parte, el diputado del Partido Independiente (PI), Iván Posada, sostuvo que su partido también se encuentra en una etapa de análisis de la propuesta. Expresó que “el objetivo de la comisión es llegar a un informe que nos represente a todos los integrantes”, y en ese sentido “hay cosas que deben agregarse”. Según el diputado, se debería aclarar que la investigadora no tuvo acceso al “archivo Castiglioni”, que motivó las denuncias públicas que culminaron en la constitución de la comisión. “Todo el trabajo que se realizó fue en base a los ‘archivos Berruti’. A los ‘archivos Castiglioni’ no tuvimos acceso, están en el ámbito de la Justicia”, agregó.
“Por supuesto que estamos de acuerdo con que todos estos antecedentes pasen a la Justicia, porque indudablemente durante ese tiempo hubo pesquisas de carácter secreto que están prohibidas por la Constitución de la República y en consecuencia constituyen un hecho delictivo”, manifestó Posada.
Un repaso
La Comisión se creó en noviembre de 2017 con uno de los nombres más largos que haya tenido una comisión parlamentaria: “Sobre los posibles actos de inteligencia de Estado, violatorios de la normativa legal y constitucional, llevados a cabo por personal policial o militar desde 1985 hasta la fecha”. Su trabajo se sostuvo en dos pilares. El principal: el “archivo Berruti”, un conjunto de tres millones de imágenes. Se denominó así porque fue encontrado en 2007, durante la gestión de Azucena Berrutti como ministra de Defensa Nacional, en una dependencia de su cartera. Según contó Nuñez a SdR, se revisaron todos los archivos. “Estamos hablando de 12 mil libros de 200 páginas y pico, más o menos para graficarlo”, comentó.
El segundo pilar fueron los testimonios y declaraciones de los citados por la comisión. Se invitaron cerca de 160 personas; la mayoría a miembros y ex miembros de las Fuerzas Armadas (FFAA), la Policía y servicios de inteligencia. Alrededor de 75 personas no se presentaron.
Las declaraciones fueron variadas: unos pocos reconocieron explícitamente la existencia de espionaje en democracia, la mayoría negaron conocimiento de actividades de ese tipo, también estuvieron aquellos que ni siquiera se dignaron a concurrir.
Entre testimonios relevantes para la investigación se encuentra el de Máximo Costa Rocha, ex jefe de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia (DNII) del Ministerio del Interior, quien expresó que existió un interés del gobierno del presidente Julio María Sanguinetti por investigar lo relacionado al referéndum contra la Ley de Caducidad. También están las declaraciones del contralmirante Óscar Otero, quien estuvo al frente de la Dirección General de Información de Defensa (DGID) entre mayo de 1995 y abril de 1996, durante el segundo gobierno de Sanguinetti. Otero reconoció explícitamente no sólo el espionaje sino también que se hacía “por costumbre”. Por su parte, el capitán retirado Héctor Erosa no sólo confirmó que se realizaron esas actividades ilícitas, sino que también realizó una denuncia con nombre y apellido. Por ejemplo, responsabilizó de algunas de esas operaciones al coronel Eduardo Ferro.
Núñez subrayó que las conclusiones a las que llegó la comisión fueron producto de una ardua investigación que incluyó análisis de documentos y estudio de los testimonios de quienes se presentaron. También señaló que hubo objetivos que no se lograron y entre ellos destacó que no se consiguió el acceso al “archivo Castiglioni”. “Nosotros tomamos contacto y accedimos al ‘archivo Berruti’, pero acceder al ‘archivo Castiglioni’ no fue posible debido a que la Justicia nos lo negó, lo cual nos parece un error porque desde nuestro punto de vista ya habían vencido los plazos de las actuaciones presumariales”, y agregó: “se privó al Parlamento de conocer un archivo que para nosotros era muy relevante”.
Sobre la procedencia del dinero destinado a subsidiar las tareas de espionaje, Núñez argumentó que a raíz de la investigación realizada existe la convicción de que una parte provino del Estado y otra de organismos internacionales. “En el informe y documentos se da cuenta de que se le pagaba a los infiltrados, a aquellos que estaban en un sindicato o en un partido político. Esas sumas de dinero eran muy importantes”, sostuvo. “También hemos visto que agencias internacionales de Inteligencia intervinieron en el asunto. Tenían fuentes en ministerios de relaciones exteriores y en el Ministerio del Interior, a las que se pagaba a través de una embajada en nuestro país”.
Lucía Gandioli
