La transparencia en la financiación de los partidos políticos todavía es un tema irresuelto en Uruguay. Desde 2020 funciona en la Cámara de Diputados la llamada Comisión especial con fines legislativos para estudiar el financiamiento de la democracia, que tiene como objetivo actualizar la legislación pero aún no ha dado resultados. De hecho, en la sesión de la comisión del 25 de mayo de este año se resolvió prorrogar el tratamiento del proyecto de ley hasta el 30 de setiembre, a solicitud de sus integrantes.
El proyecto de ley modifica la Ley 18.485 de 2009, que actualmente establece el dinero que recibirán los partidos políticos por parte del Estado (de acuerdo a los votos obtenidos) y contribuye a regular las donaciones de los privados. El nuevo proyecto exige en el artículo 4 que las donaciones no pueden ser en efectivo sino a través de pagos electrónicos, al mismo tiempo el artículo 6 determina que siempre tienen que ser enviadas por personas físicas y jurídicas debidamente identificadas, es decir, no se pueden recibir aportes de anónimos.
En las elecciones nacionales de 2019, el Partido Nacional recibió más de $1.000.000 de donaciones anónimas, Cabildo Abierto presentó un saldo inicial de $240.000, mientras que el Partido Colorado y el Frente Amplio no recibieron ninguna con remitente anónimo, según detalla la Rendición de Cuentas de los partidos políticos de la Corte Electoral (CE). Por otro lado, el artículo 8 determina un tope máximo aproximado de $600.000 para las donaciones de empresas.
Cabe destacar que el subsidio público a los partidos políticos se remonta a 1928: allí se estableció que los partidos reciban determinados montos por los votos obtenidos. A su vez, define a las agrupaciones políticas como asociaciones de personas que se juntan para ejercer la actividad política sin responder a ningún ánimo lucrativo. Asimismo, la Ley de 2009 reguló la recepción de donaciones con la fijación de límites y prohibiciones respecto a las empresas y los montos que las mismas pueden aportar. De igual forma, la ley establece procedimientos y plazos para rendir cuentas mediante declaraciones juradas donde se le encarga a la CE fiscalizar su cumplimiento. En 2017, la bancada del Frente Amplio (FA) presentó el proyecto de ley para actualizar la norma de 2009, pero no reunió los votos suficientes para aprobarlo en la Cámara de Representantes. Esta iniciativa sirvió como base para el trabajo de la Comisión especial que discute el tema en la cámara baja desde 2020.
Para los representantes del oficialismo el proyecto debe modificarse. En ese sentido, propusieron elaborar una propuesta alternativa a la presentada por el FA, pero al momento no ha sido compartida. De este modo, Carlos Varela, diputado por el FA, declaró a Sala de Redacción que “es inexplicable” que a tres años de haber entrado la iniciativa al Parlamento, no se haya presentado la alternativa prometida por las coalición. Además, comentó que hay un estudio realizado por la subcomisión que creó la Cámara para trabajar el proyecto con integrantes de todos los partidos políticos, donde se realizó una primera lectura por parte de la bancada multicolor y se señalaron los artículos que pretendían modificar y en los que estaban en contra desde los diputados de la coalición, pero remarcó que a la bancada frenteamplista ese documento no le llegó aún.
El objetivo de las diputadas y diputados frenteamplistas en esta legislatura es que el proyecto se apruebe un año antes de las elecciones del 2024 para poder reglamentar las modificaciones y asignarle los recursos necesarios a la CE, el órgano de contralor del financiamiento de los partidos políticos, según mencionó Varela. Sin embargo, evaluó que si bien cree posible que pueda aprobarse para las próximas elecciones, consideró que no sería factible la aplicación total de la norma por los pocos recursos disponibles para la CE, aunque sí significaría un avance a nivel político.
En ese sentido, el politólogo Rafael Piñeiro opinó a Sala de Redacción que la demora en el tratamiento del proyecto responde a “una falta de voluntad política”; se le está pidiendo a los partidos políticos que se persigan a sí mismos, es decir, los representantes pertenecen a agrupaciones políticas y al mismo tiempo son ellos quienes tienen la potestad de decidir sobre la aprobación de una ley que obligaría a sus partidos a rendir cuentas respecto a su financiación.
Por su parte César Vega, representante del Partido Ecologista Radical Intransigente (PERI) y miembro de la Comisión, sostuvo a Sala de Redacción que “los partidos políticos se pueden y se deben financiar con lo que paga el pueblo”, es decir, a posteriori con la remuneración de la CE en función de los votos obtenidos. El diputado aseguró que el dinero recaudado por votos no es poco, pero resaltó que muchas veces los partidos malgastan estos fondos en herramientas como la publicidad televisiva.
El riesgo de corromperse
Para Piñeiro, la falta de transparencia frente a la financiación del sistema político contribuye a corromper el sistema de partidos: “se suele decir que los políticos empiezan robando para la corona, es decir, primero roban para financiar sus campañas y luego roban para sí mismos”, expresó. Para el diputado Vega esta “falta de voluntad y los diversos episodios de corrupción son la manera de deteriorar la democracia, mediante empresas y drogas”.
Consultado sobre el caso del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, el politólogo afirmó que los episodios de corrupción o tráfico de influencias son un problema para la democracia porque afectan la percepción de los individuos respecto al sistema, dado que instauran la visión de la no igualdad entre los ciudadanos. Según dijo Vega, con el caso Marset “empezamos a ver factores preocupantes”. Asimismo aseguró que no solo en este gobierno se han dado casos polémicos, sino que “en el gobierno del Frente Amplio eran algunas empresas”. De igual forma, para el integrante del PERI, la corrupción está instalada o de lo contrario se instalará a la brevedad.
Según Piñeiro, uno de los principales problemas que tenemos en Uruguay respecto al control de la transparencia en la financiación política es que esta tarea recae enteramente sobre la CE, un órgano integrado por los partidos políticos. Para el politólogo no es un problema de recursos sino una necesidad de creación de una nueva agencia especializada en el asunto e independiente de los partidos. En este marco, Vega consideró que es incongruente que los partidos sean financiados por empresas o por particulares. Asimismo aseguró que “hay cosas que no se pueden negociar” y que es necesario tener una legislación que comprometa de manera severa a los políticos que mientan en sus declaraciones juradas.
Camila Bitlloch y Jean Franco Fischetti
