Tensión en el ambiente

Fueron 27 las organizaciones sociales que acusaron internacionalmente al gobierno uruguayo de violar sistemáticamente el Acuerdo de Escazú -un convenio internacional de protección ambiental, ratificado por nuestro país durante el día de la tierra del año 2019-. La denuncia fue efectuada el 20 de abril ante la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en el marco de la segunda reunión de la Conferencia de las Partes del Acuerdo de Escazú, llevada a cabo en Buenos Aires. 

“Fuimos a plantear que no ha habido participación pública real ni acceso a la información en proyectos que impactan en el ambiente”, explicó en diálogo con Sala de Redacción María Selva, vocera de una de las organizaciones denunciantes, Redes – Amigos de la Tierra Uruguay.

Bajo lupa

Según el reclamo, el Estado uruguayo infringió las normas del acuerdo con iniciativas como el controversial proyecto Neptuno, la explotación de hidrógeno verde “Tambor Green Hydrogen Hub”, la inversión del centro de datos de Google, la primera smartcity de Latinoamérica “+Colonia”, las obras en la rambla de Punta Colorada y la ampliación de la Ruta 102, que atraviesa el área protegida de los Humedales de Santa Lucía.

Andrea Detjen, investigadora del Centro Interdisciplinario de Estudios sobre el Desarrollo (CIEDUR) -otro de los denunciantes-, comentó a Sala de Redacción que “preocupa” la multiplicidad de casos en un mismo año.

Para las organizaciones, un factor agravante de estos incumplimientos registrados es el hecho de que, desde 2022, Uruguay preside la mesa directiva del Acuerdo de Escazú. “Hablamos en el plenario ante todos los gobiernos planteando que nos preocupaba mucho que el país que tiene la presidencia, a la interna no estuviera respetando el convenio”, detalló Selva. Y expuso: “A nivel internacional, Uruguay aparece como uno de los máximos defensores ambientales, pero nosotros no vemos que estén cumpliendo”.

Los denunciantes afirman que el Estado no brinda la información suficiente para que las y los vecinos puedan participar de manera informada en las iniciativas mencionadas, y alegan que las convocatorias a las audiencias públicas no se realizan en los plazos adecuados, lo que resulta en una participación insuficiente de la población. “Es necesario que los vecinos tengan la información y la posibilidad de defender su ambiente y su naturaleza”, declaró Selva.

Detjen rememoró que en el proyecto de producción de hidrógeno verde en la localidad de Tambores, las autoridades le avisaron a los habitantes de la audiencia pública “tres días antes” y ellos “no tenían información sobre qué era ese proyecto”, por lo que concurrieron sin poder estudiar la iniciativa o sus riesgos.  Además, comentó que en el caso de Neptuno se convocaron reuniones el 11, el 18, y el 25 de enero de 2023, cuando el proyecto ya se había aprobado un mes antes, el 22 de diciembre de 2022. “El estado en cada paso deslegitima a la sociedad civil”, apuntó.

Otra situación similar se dio durante la ampliación de la Ruta 102, en donde las y los vecinos del barrio Paurú (Montevideo) tomaron conocimiento del proyecto “recién cuando les notificaron que les iban a expropiar sus casas porque la ruta iba a pasar por ahí”, indicó Detjen. Frente a estos episodios, la investigadora de CIEDUR argumentó que el Acuerdo de Escazú “específica bien claro que la participación tiene que darse desde las etapas iniciales”.

Para María Selva, detrás de estos sucesos “hay un modelo de país que no respeta la naturaleza y le pasa por encima” y que esto genera problemas que paulatinamente comenzamos a percibir. “Hoy estamos teniendo grandes problemas con el agua potable, eso es parte de haber avasallado la naturaleza”, reflexionó.

Conflicto de intereses

Las agrupaciones también reclaman que el Ministerio de Ambiente ha apelado al secreto comercial como recurso para negarle el acceso a la información a los solicitantes. La investigadora del CIEDUR explicó que esto no solo incumple el Acuerdo de Escazú, sino que también, en muchos de los casos, desconoce lo establecido en el artículo 47 de nuestra Constitución, que establece la participación de la asociación civil en todos los procesos que afecten los recursos hídricos. En el caso del proyecto Neptuno, la información “fue entregada en un drive, pero cuando ya había sido aprobado”, lamentó Detjen.

Tras las anteriores negativas del ministerio, las ONG recurrieron a la justicia para asegurarse de la obtención de información del centro de datos de Google. En respuesta, el poder judicial “le reclamó al Ministerio de Ambiente que evidentemente debía brindar la información por considerar al agua y su acceso como un derecho humano fundamental”, explicó Detjen. “Aunque tampoco fue dada toda la información requerida, solo pudieron obtener una parte”, clarificó.

Para Detjen, estas situaciones “evidencian” que los lineamientos del gobierno “priorizan los intereses empresariales antes que el desarrollo sostenible y los derechos humanos”.

Consultado sobre este hecho por Sala de Redacción, el presidente de la mesa directiva del Acuerdo de Escazú y gerente del área jurídica del Ministerio de Ambiente, Marcelo Cousillas, constató que en la “inmensa mayoría” de los casos, la información solicitada se proporciona, y que en el proyecto Neptuno, no hubo un pedido formal de acceso de información pero igualmente ésta se entregó “apenas el proyecto estuvo terminado”. 

“Me parece muy injusto juzgar a todo el sistema por un caso, porque el único proyecto que tenía una reserva comercial era el de Google”, argumentó Cousillas. Además, aclaró que durante ese episodio el ministerio se encontraba “enfrentado”, porque desde la empresa interesada le decían que necesitaban la reserva comercial “por un problema de competitividad”. En este sentido, para el ministerio “fue una tranquilidad” que el caso se llevase a la justicia y que un juez “respaldará el otorgamiento de la información”. “Se evitó que el Estado incurriera en una responsabilidad con la empresa que podía ser de consecuencias graves”, señaló el directivo.

¿Ahora qué?

Por el momento, los reclamos no han obtenido una respuesta oficial del gobierno y si bien es “muy difícil” continuar a nivel de justicia, las ONG esperan que la denuncia internacional “genere presión” en el gobierno porque a este “no le gusta quedar en evidencia, y menos cuando internacionalmente está tan bien parado”, postuló Detjen. “Esperamos que el Ministerio de Ambiente reaccione”, manifestó en la misma dirección María Selva.

La investigadora del CIEDUR calificó el accionar del gobierno como “pan para hoy y hambre para mañana” e invitó a la reflexión sobre el futuro: “¿qué dejas para las generaciones que vienen si acabas con el agua dulce?”. “Estamos esperando una respuesta”, concluyó.

En lo que respecta a posibles repercusiones judiciales para el gobierno, el texto oficial del Acuerdo de Escazú determina una implementación de carácter nacional. Lo que significa que la garantía y el monitoreo del Acuerdo corresponden legalmente a cada país y no a la CEPAL. En consecuencia, Uruguay no será sometido a un proceso judicial por parte de las autoridades del Acuerdo.

Sin embargo, de cara al 2024 proyectan la implementación de un Comité de Apoyo a la Aplicación y Cumplimiento, que pondrá “en funcionamiento ‘real’ al acuerdo”, reveló Cousillas. Dicho comité analizará infracciones y brindará espacios de consulta para los propios países y para el público en general, pero será de carácter consultivo y no punitivo.

En camino hacia una respuesta formal, el Ministerio de Ambiente abrió un expediente para investigar las presuntas transgresiones al acuerdo y se encuentra “haciendo informes para presentarle la respuesta al ministro y que él decida cómo seguir el proceso”, dio a conocer Cousillas. Aunque para él “no hay incumplimientos al acuerdo”, “puede ser que los procedimientos de participación a algunas organizaciones no le resulten suficientes” y por eso “habrá que discutirlo”. “¿Puede faltar información? ¿Hay que mejorar?, No me cabe duda, pero estamos en el buen camino”, finalizó.