Tras una acción amparo y un recurso de nulidad presentado por la Sociedad Uruguaya de Tabacología (SUT), la Justicia dispuso la suspensión inmediata del decreto firmado por el presidente Luis Lacalle Pou en setiembre de 2022, que introducía cambios en el empaquetado de productos de tabaco. “Dispónese la inmediata suspensión del decreto 282/022 hasta que quede firme el acto administrativo o para el caso de tramitarse la vía anulatoria, hasta que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) dicte sentencia ejecutoriada” detalló el fallo de la jueza de Familia María Elena Emmenengger el miércoles 19 de octubre. La jueza le otorgó al Poder Ejecutivo tres días de plazo para expedirse en contra de los recursos presentados, pero el gobierno entendió que no era necesario apelar la sentencia y prefirió esperar a que el TCA se expida sobre la nulidad del decreto.
A comienzos de setiembre, el presidente de la República, con el apoyo del Consejo de Ministros, había modificado los artículos 7, 8 y 10 de la Ley 19.723, de 2019, que restringía las condiciones sobre empaquetado que se habían dispuesto inicialmente en la Ley Nº 18.256 de Protección del Derecho al Medio Ambiente Libre de Humo de Tabaco y su Consumo, aprobada en 2008 durante el primer gobierno del ex presidente Tabaré Vázquez. La normativa de 2019, aprobada en el segundo gobierno de Vázquez, afirmaba que los paquetes de cigarrillos solo podrían ser de cartón blanco liso -se prohibió el uso de cualquier otro tipo de material- con una apertura flip top, y una cubierta de papel metalizado color plata liso; además, prohibió la introducción de logos, leyendas o cualquier elemento que identifique la marca. El gobierno actual entendió que esa normativa “facilitaba la elaboración y circulación de cigarrillos falsificados” al considerar una “indiferenciación de origen” de cada cigarrillo, y en ello justificó el cambio, que apuntaba a permitir el uso de cajillas blandas y distintivos al interior de los paquetes o en los cigarrillos.
El gobierno detectó que en el mercado del contrabando lo que más prospera es la comercialización de los cigarrillos en caja blanda y apostó a que los cambios propuestos contribuirían a otorgar más seguridad, al tratarse de un producto controlado. Tanto el ministro de Industria, Energía y Minería, Omar Paganini, como el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, y el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, argumentaron que la propuesta buscaba dar más posibilidades a las políticas sanitarias y que lo que se habilitaba con el decreto era que se pudiera ver en los cigarrillos una impresión que no se ve desde afuera; alegaron, además, que se no cambiaba el color, las advertencias ni el formato de los paquetes.
Tanto la SUT como integrantes de la oposición y diversos especialistas cuestionaron los cambios en la regulación entendiendo que flexibilizar la normativa sobre el empaquetado neutro de los cigarrillos no responde a los convenios de salud pública y a los acuerdos internacionales a los que Uruguay está adherido.
En conversación con Sala de Redacción, Diego Rodríguez Sendoya, integrante de la Comisión Asesora para el Control del Tabaco y del Centro de Investigación para la Epidemia del Tabaquismo (CIET), dijo que si bien la discusión se ha llevado a “si la caja blanda sí o no”, de lo que verdaderamente se trata es sobre el empaquetado neutro.
El empaquetado neutro y duro tiene un impacto importante no sólo en el precio, sino también en el consumo, que es lo que se busca. Si el argumento es la lucha contra el contrabando, lo que se pretende es que la industria nacional venda más cigarrillos y eso “es completamente opuesto a lo se quiere lograr con las políticas de salud”, evaluó. “Los cambios que se introducen afectan a la salud pública, no al contrabando”, afirmó el especialista días antes del fallo de Emmenengger.
Cristina Lustemberg, diputada del Frente Amplio e integrante de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, también expresó que el cambio en la normativa propuesto por el gobierno significaba “un claro retroceso” en un país como Uruguay con una clara e histórica política antitabaco. En diálogo con Sala de Redacción alegó, además, que la nueva medida no estaba basada en ninguna evidencia científica y que la redacción del decreto parecía “escrita por una empresa tabacalera, por la industria”. Además, la diputada explicó que este tipo de decisiones deben tener en cuenta la opinión de la comisión llamada “Protocolo de Erradicación de Comercio Ilícito”, un área dependiente del Ministerio de Salud Pública, que tampoco fue consultada sobre el tema.
Luego de recibir diversos cuestionamientos que apelaban a la injerencia de la industria tabacalera en los cambios que introducía el nuevo decreto, a mediados de setiembre Lacalle Pou reconoció que la flexibilización de la normativa partía de un pedido de la tabacalera Montepaz. “¿Esto es para favorecer a la empresa Montepaz? No, si me lo pidió una fábrica de chicles”, sostuvo el mandatario en rueda de prensa. Luego, agregó que “es obvio” que la empresa le pidió introducir cambios al Ministerio de Industria, pero que eso no significa que el gobierno se manejara atendiendo a las presiones. “Se ve que no nos conocen”, sentenció.
