La organización religiosa llamada CasAbierta se presentó frente la comisión de legislación del trabajo y seguridad social de la Cámara de Diputados para exponer puntos que no comparte -o que ve insuficientes- en el proyecto de modificación de la Ley N°17.515 sobre trabajo sexual. Las voceras de la organización, pertenecientes a la Congregación de Hermanas Oblatas del Santísimo Redentor, se presentaron el pasado 18 de mayo frente a la comisión y plantearon que, si bien están de acuerdo con la necesidad de modificar la ley, ven “insuficiente” el proyecto actual, además de encontrar algunos “puntos inconsistentes”.
El proyecto de modificación de ley fue presentado a fines del 2021 por la Organización de Trabajadoras Sexuales (O.Tra.S) a través de la bancada del Frente Amplio. Claudia Gutiérrez, actual presidenta del sindicato, aseguró a Sala de Redacción no tener ningún tipo de contacto con CasAbierta y dijo a que si bien conoce a la organización y el trabajo que realizan con algunas trabajadoras sexuales, ésta “no respalda los intereses del colectivo y echa para atrás la adquisición de derechos laborales y humanos de las trabajadoras”.
CasAbierta tiene como cometido “incidir en la realidad de la violencia de género que viven las mujeres en situación de prostitución y de trata para la explotación sexual”, según los móviles fundacionales expresados en su página web y también en la introducción que da su coordinadora, Olga Colipe, al comparecer ante la comisión. En varias de sus intervenciones tanto ella como la socióloga Victoria Capurro y el abogado Esteban Cohelo, aseguraron que el trabajo sexual “no es algo deseable” y afirmaron que la prostitución es “difícil de legislar como trabajo por sus características de clandestino e íntimo”. La presidenta de O.Tra.S afirmó que el proyecto busca, justamente, eliminar la característica de clandestinidad que tiene su labor y señaló que son muchas las leyes y regulaciones, a nivel general, que tocan cuestiones que se dan en la intimidad.
Cohelo, a modo de explicar lo difícil que considera reglamentar esta tarea, destacó que ”no puede ser una actividad y una relación de trabajo, y que a su vez pueda configurar un delito”, refiriéndose al delito de proxenetismo que el mismo proyecto presentado por la bancada frenteamplista establece será presumible en caso de que los dueños de establecimientos donde se ejerce el trabajo sexual incumplan una serie de puntos que implican atentar contra la condición de trabajo autónomo e independiente que se busca dar a la prostitución. Lo curioso de las afirmaciones del abogado es que ni la ley sobre trabajo sexual vigente, ni el proyecto de modificación presentado en 2021 dictaminan la existencia de una relación laboral. Según la ley, una relación de dependencia con un tercero al ejercer la prostitución implica la figura de proxenetismo.
Por su parte, el proyecto actual especifica que los recintos que prestan servicios sexuales solo tendrán trabajadoras autónomas o pertenecientes a una cooperativa (que solo podrá ser integrada por trabajadores y trabajadoras sexuales) que paguen el arrendamiento del espacio, sin dar comisiones ni porcentajes, ni establecer ningún tipo de subordinación como pueden ser la fijación de horarios, el control de la cantidad de clientes o el obligar a quienes allí ofrecen sus servicios a atender a ningún usuario en particular. En tal caso el proyecto no establece ninguna relación laboral y, a grosso modo, toda actividad económica o productiva reglamentada es plausible de configurar algún tipo de delito si se rompen las normas que la hacen regulada.
Quienes ejercen hoy el trabajo sexual, así como organizaciones que se dedican al estudio del trabajo sexual y su impacto en quienes lo ejercen, entienden que esta reglamentación es obsoleta y además posee intenciones particularmente sanitaristas tanto en lo estrictamente higienista como en lo moral, pudiéndose ver en el articulado la repetición de conceptos que atienden al cuidado de la “sensibilidad de la familia”, que el comportamiento de quienes trabajan en recintos o los carteles de los mismos no sean “lesivos para la moral” o para niños y adolescentes, puntos que aun así preservan las trabajadoras organizadas cuando replantean la ley.
Se trata de un tema moral
Sala de Redacción consultó a Victoria Capurro, socióloga de CasAbierta, respecto a su exposición frente a los parlamentarios y las intenciones de tal instancia. Capurro afirmó estar más que de acuerdo con que los y las trabajadoras sexuales se organicen y planteen modificaciones a la ley, pero aseguró que “el trabajo que hace día a día CasAbierta con las mujeres en situación de prostitución nos muestra lo cruel que es su realidad, pero sobre todo permite ver muchos elementos que son parte de la trata y no del trabajo autónomo del que se habla”. También dijo que no existe ninguna intención “evangelizadora” por parte de la fundación: “no buscamos moralizar ni la discusión ni a quienes atendemos; las mujeres con las que trabajamos reciben ayuda social, psicológica y a veces judicial, además de contar con capacitaciones laborales para poder salir de la explotación en la que viven”.
Ante la presentación de varios puntos de discordancia con el proyecto por parte de la fundación, se le consutó a Capurro cuáles son las propuestas o alternativas que encontró su equipo o si la organización considera incorrecto que el trabajo sexual esté despenalizado. Sobre esto último enfatizó que nunca pretenderían ir para atrás en derechos adquiridos y que perseguir a quienes ejercen el trabajo sexual es violentarles nuevamente. Respecto a las alternativas, la socióloga dijo que no presentaron propuestas más allá de advertir a los legisladores sobre los vicios y carencias del proyecto: “no es algo que nosotros solos podemos decir, sino que planteamos la reforma de la Comisión Nacional de Protección al Trabajo Sexual”, comisión dónde entienden “deben estar las organizaciones que trabajan con las mujeres explotadas, que somos quienes convivimos el día a día con ellas y sus hijos”.
O.Tra.S tiene una postura “reduccionista del trabajo sexual”, es decir busca mejorar la vida de quienes lo ejercen ayudándoles a transitar ese oficio el menor tiempo posible y en las mejores condiciones. Para Gutiérrez, desde sus vivencias y estudios “el trabajo sexual como está regulado a la fecha es dañino para quienes lo viven”. A pesar de esto entiende que sí hay un tema moral en el accionar de CasAbierta, tanto en la forma que atienden a las mujeres que llegan a la fundación como en su visión global del trabajo sexual: “decir, mezclar y confundir al trabajo sexual con la trata de personas para explotación sexual no sólo aleja a las trabajadoras sexuales de derechos laborales, sino que pone en riesgo la vida de las víctimas de trata”. Luego agregó que a las Oblatas no les importan los derechos de las prostitutas, sino revictimizarlas: “¿cómo se acciona en un caso de trata si no establecemos qué es la trata o si decimos que en todo intercambio de sexo por dinero hay trata?” Y afirmó que “sacar a las personas de la explotación sexual es darles derechos, no enseñarles a armar bolsas de papel y meter a las mujeres en otros trabajos precarizados sólo porque no incluyen el uso del cuerpo o la intimidad”, en referencia a las capacitaciones laborales que da CasAbierta.
El proyecto que ingresó al Parlamento en 2021 ha tenido varias instancias de tratamiento en la comisión de trabajo y seguridad social de Diputados. En la última que se recibieron delegaciones al respecto fue el 10 de agosto y estuvieron invitados representantes del Ministerio del Interior y de la Comisión Honoraria de Trabajo Sexual, dónde Claudia Gutiérrez asistió en representación de las trabajadoras y trabajadores sexuales. Francisco Ortiz, el secretario de la comisión de trabajo de Diputados aseguró a Sala de Redacción que este tema “ha tenido y tendrá basto tratamiento y seguirá recibiendo comisiones”. Al momento de escrita esta nota no hay una fecha fijada para continuar con este tema en sesión, pero según Ortiz podría ser en cualquier momento ya que notó gran interés por parte de los parlamentarios en tocar el tema: “tiene muchas puntas y depende bastante de cómo cada uno considera que es o debe ser la vida, pero en general hay interés por trabajar en este línea desde lo práctico y llegar a un acuerdo conveniente”.
El sindicato apela a que la modificación de la ley represente el alcance de los derechos laborarles básicos por parte de las trabajadoras y trabajadores sexuales, que fomente el trabajo sexual independiente combatiendo el proxenetismo y dispone que las y los trabajadores de este rubro tengan inscripción como monotributistas. A la fecha hay menos de 100 trabajadores sexuales con registro en el Banco de Previsión Social (BPS).
