La Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (CJPPU) ha perseguido a todo aquel que ha egresado o está en una carrera universitaria. La llegada del famoso sobre de la Caja y el cómo afrontar el sistema de fictos es de comentario común entre los estudiantes de diferentes facultades.
En estos últimos meses la CJPPU ha estado en boca de todos. Su situación financiera es comprometida. El directorio saliente le pidió al Poder Ejecutivo un préstamo mayor a los 100 millones de dólares para poder darle un respiro a sus arcas, tres meses después de que presentara ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) un proyecto de reforma que fue desestimado por el estudio de la Comisión de Expertos en Seguridad Social (CESS). Su presidente Rodolfo Saldain ha comentado en más de una ocasión que la caja paraestatal necesita una intervención de “perfil oncológico” para poder salir a flote. A todo esto se suman las elecciones de la CJPPU del pasado 20 de octubre y el conflicto que hubo con el cruzamiento de lemas, lo que generó un pedido de anulación del acto eleccionario por parte de algunas listas, finalmente desestimado por la Corte Electoral.
No hay cash
Desde 2014 la Caja tiene balances negativos. Los ingresos no le alcanzan para cubrir las prestaciones que brinda – jubilaciones, pensiones, subsidios, etc- y hasta el momento ha utilizado sus inversiones financieras para cumplir con los pagos. Muchas asociaciones afiliadas y vinculadas al ente plantean lo mismo: que tiene un grave problema estructural y necesita un cambio urgente para restaurar su liquidez. La CJPPU entregó a la CESS un informe con cifras que marcaban un estado de situación financiera preocupante a futuro, con viabilidad hasta el año 2024.
En julio de este año Virginia Romero, ex-presidenta del Colegio de Contadores, Economistas y Administradores del Uruguay (CCEAU), explicaba hace un tiempo a El Observador que los ingresos por aportes de los afiliados y timbres no alcanzan para pagar las pasividades y se estaba usando la venta de reservas para poder cumplir. “Si vos tenés una inversión financiera, lo lógico es que vivas de los intereses, pero si te empezás a comer el capital, los intereses cada vez son menores y llega un punto en el que no tenés más. En un tiempo la Caja de Profesionales vivió de los intereses de las reservas, hoy las está vendiendo porque no puede afrontar el presupuesto mensual”, alertaba en ese entonces.
Con la llegada de la pandemia de Covid-19 muchos profesionales afiliados que tenían causal para retiro decidieron jubilarse. Por otro lado, muchos profesionales no pudieron seguir en actividad y esos ingresos dejaron de llegar, más allá de que se tenían que seguir pagando las pasividades.
La Caja de Profesionales presentó a las autoridades del MTSS y de la CESS el proyecto de reforma de su marco legal aprobado por el directorio de la institución, en el que señalaba que el escenario actual exige de la adopción de medidas adicionales, concretas y efectivas que garanticen resultados con mayor celeridad que la que admiten los tiempos de discusión política. En consecuencia, el directorio de la Caja se encuentra analizando todas las alternativas disponibles para salvaguardar la institución.
En base a este comunicado, Saldain escribió en su cuenta de Twitter: “Es clave aclarar que no están en riesgo las jubilaciones actuales ni futuras, pero deberá haber un cambio importante en el esquema de financiamiento, beneficios y gobierno institucional”.
¿Una moneda para la caja?
El sistema de contribución de la CJPPU es distinto al de otros sistemas de aportes. Los afiliados no aportan en función de sus ingresos reales, sino a través de una escala de fictos que tiene diez niveles, donde el mínimo supone un aporte de 4.200 pesos en base a un sueldo de 25.000 pesos. El problema de estas categorías o fictos es que, después de cierta cantidad de años, el profesional sube de categoría sin importar si ha mejorado o si puede seguir haciéndose cargo del gasto que impone la Caja. Este sistema escalonado siempre ha sido objeto de controversia entre grupos de profesionales.
Gonzalo De León, ex-presidente de la Caja, en sus últimas declaraciones decía que la situación “no es un problema de gestión, sino que es un déficit estructural en la relación pasivo-activo. La caja no soporta los tiempos políticos”. Es por eso que después de que el proyecto de reforma que presentó su gestión en el MTSS no tuviera el visto bueno, se optó por pedir ese préstamo millonario para poder afrontar la crisis (la cifra está entre los 100 y 180 millones dólares).
De León, ganó las elecciones de 2017 con la promesa de restaurar ciertos beneficios como la cobertura médica y un aguinaldo en junio que tenían los jubilados y había sido removido por la anterior gestión (que también tenía un anteproyecto de reforma dentro de la Caja), pero la nueva directiva resolvió “no considerar” la propuesta.
En representación del Poder Ejecutivo, el secretario de Presidencia Álvaro Delgado se reunió con el directorio presidido por De León. Luego de esta reunión, en comentarios con Radio Universal, Delgado dijo que “no está sobre la mesa la posibilidad de intervenir la gestión”. La idea del Ejecutivo es esperar al nuevo directorio para poder decidir qué paso dar por el bien de la Caja.
Lemas cruzados
El 20 de octubre se llevaron a cabo las elecciones de la Caja, donde los profesionales podían votar para la integración del directorio en el orden de activos, pasivos, además de la comisión asesora y de contralor.
La Corte Electoral hizo un cambio de criterio y no estaba permitido el cruzamiento de lemas. Si el votante se decidía por un lema para el directorio y otro lema para la comisión, el voto quedaba anulado. Esto se divulgó en un instructivo por parte de la Corte Electoral. Los lemas “Cambio total” y “El orden profesional” elevaron una carta solicitando la suspensión del escrutinio definitivo pero la Corte no hizo lugar al pedido y el escrutinio se llevó adelante.
La ministra de la Corte Electoral, Ana Lía Piñeyrúa explicó en una nota a El Observador que no hubo un cambio de criterio sino que este fue el mismo que se utilizó en las elecciones de 2017: “ellos están fundamentando a partir del instructivo para los comisiones receptoras de votos, que no es una ley, pero no tuvieron en cuenta que en esta elección de la CJPPU se eligen dos órganos distintos, o sea son dos elecciones que se hacen de manera simultánea”, explicó la ministra.
Representantes de los lemas “El Orden Profesional” y “Todos por la Caja” solicitaron a la Corte la impugnación de la totalidad de la Lista 54 encabezada por Ariel Nicoliello, quien según los resultados del escrutinio definitivo debiera ser el nuevo presidente de la Caja.
El artículo 16 de la ley 17.738 de la CJPPU establece que su directorio será renovado “en su integridad por períodos cuatrienales” y si alguien hubiera sido electo en dos periodos seguidos “no podrá serlo para el período inmediato siguiente”. En 2013 el gobierno había designado a Nicoliello y a Adriana Vernengo como directores en representación del Poder Ejecutivo, cargo que mantuvo hasta 2020.
El nuevo directorio tiene por delante muchos desafíos. El más importante de todos es cómo mantener a flote una caja que si no cambia su modelo quedará con sus arcas vacías en un par de años. Según un documento inicial de la CESS, la caja tiene una “situación deficitaria más severa e inmediata” y que su “diseño vigente de beneficios y financiamiento cumplió su ciclo”. Los técnicos plantean que la directiva sugiera las medidas correctivas necesarias, pero se dijo también que esas medidas no pueden ser una “carga sobre el resto de la sociedad”. La comisión de expertos en este documento sugiere el pasaje del sistema de fictos a un sistema de aportes mixto. Según el directorio presidido por De León este cambio privaría a la caja “de una porción de aportes que resulta determinante para sostener la viabilidad de nuestro subsistema”, según lo publicado en una carta dirigida a Saldain el 28 de octubre de este año.
Desde adentro
Consultado por Sala de Redacción, el arquitecto Fernando Rodríguez Sanguinetti, miembro electo del directorio de la CJPPU, mencionó que quedaron conformes con los votos que recibió su lista. “El resto de los lemas fueron cooperativas de votos, nosotros teníamos una lista única en activos y jubilados. Tuvimos un interesante nivel de votación”, comentó.
Respecto al llegar a un acuerdo entre el directorio para el sistema de fictos, mencionó que hay distintas visiones: “nosotros francamente proponemos un cambio de paradigma en la gestión de la Caja de Profesionales. Algunas de las otras opciones lo que plantean es un poco más de lo mismo”. Agregó que seguir con el sistema de fictos puede “extender en el tiempo la vida de la Caja, pero no mucho más allá, no le da mucha vida porque en realidad lo que tenemos que ampliar es la base y la cantidad de aportantes. Y así lo único que vamos a hacer es correrlos, más de lo que hemos hecho hasta ahora”. Remarcó que desde su lista quieren pasar a aportar en un sistema de cuentas personales, “según lo que cada uno aporte, recibe o factura será el aporte que haga a la Caja y en función de estos aportes será la jubilación que tenga”.
Siguiendo con el tema de los altos sueldos entre funcionarios de la Caja, el arquitecto dijo que se va a plantear hacer un estudio en las escalas salariales; “el gerente general cobra cerca de 700.000 pesos mensuales nominales y a nivel de jefes de distintas áreas hay cosas obscenas”, sostuvo. Además de estos sueldos desorbitantes, existen los sueldos del directorio (incluyendo los dos miembros designados por el Poder Ejecutivo) que pagan los afiliados, “lo pagan los profesionales con sus aportes y no nos parece ni sensato ni justo con los profesionales y jubilados”, subrayó.
Rodríguez Sanguinetti también dijo que están esperando poder asumir el cargo en el directorio, pero primero se tiene que dictaminar la situación referente a Nicoliello: “No está habilitado a integrarse al directorio de la caja, ni como presidente ni como director porque ya tuvo dos periodos consecutivos. La ley orgánica de la caja establece que habiendo sido designado o electo por dos períodos no puede ser de nuevo integrante del directorio en ninguna modalidad. Nosotros lo tenemos clarísimo, esperamos que la Corte lo tenga claro, porque es la que falla sobre estos temas”.
Después de que todo esté solucionado se podrá lograr una “gestión eficiente y orientada al servicio del afiliado”, el cuál según Rodríguez Sanguinetti es “repelido” por la Caja por su manera de comunicarse. También se busca generar la descentralización de la capital, porque la Caja “debe llegar a todo el país”. Otro ejemplo serían las actas del directorio “que se publican a los dos y tres meses luego de producidas”: se precisa más rapidez para lograr la accesibilidad del usuario, dado que muchos se dan de baja, se declaran en no ejercicio y trabajan en negro.
Muchos profesionales universitarios son empleados públicos y pagan aporte como funcionario del Estado al BPS en la categoría profesional, pero si además “quieren funcionar en la órbita privada, como independientes, tienen que pagar a la Caja, es decir, tiene que pagar doble por tener un título”, explicó Rodríguez Sanguinetti. El arquitecto agregó que entre la creación del IRPF y el Fonasa, sumados al Fondo de Solidaridad y el aporte a la caja, los profesionales “no aguantan más”. Según Rodríguez “hay gente que cree que los profesionales viven como reyes, o que tienen las grandes jubilaciones o grandes ingresos -todos conocemos alguno seguramente-, pero la gran mayoría son trabajadores, somos trabajadores. Por tanto hay que pensar una Caja para trabajadores profesionales”.
También agregó que debe cambiar la concepción de la Caja: “la gente sigue pensando que el profesional está en su estudio, espera que venga el cliente, lo atiende, le cobra una fortuna y vive así, eso era hace 50 años”. Comenta que el mercado laboral ha cambiado, que mucha gente se asocia entre varios para que uno solo pague el aporte a la Caja para poder tener la firma habilitada y los demás profesionales trabajen alrededor de este, lo cual es “injusto”. El costo de horas de trabajo, esfuerzo y dedicación para una carrera universitaria y después tener que andar “escondido para trabajar en lo que uno eligió, no me parece razonable”.
Finalmente, el miércoles 18 de noviembre la Corte Electoral emitió la resolución de que Nicoliello no podrá asumir como presidente de la CJPPU y en su lugar asumirá su suplente; la contadora Virginia Romero. Según lo publicado por La Diaria, Nicoliello todavía no ha recibido por parte de la Corte ninguna notificación pero que si fuera así en su lista hay gente “capacitada para asumir” en su lugar.
