Todo contrato vence. Luego de más de siete meses de coordinación de la alimentación en las ollas populares por parte de la organización no gubernamental (ONG) Uruguay Adelante, el 30 de noviembre finaliza el vínculo con el Estado. Mientras tanto, jerarcas del Ministerio de Desarrollo Social de Uruguay (Mides) se mantienen en silencio y no hay pistas sobre cómo seguirá el apoyo a las más de 750 ollas populares que sostienen al país. En abril de 2021 y mediante compra directa, el Mides autorizó a la ONG al abastecimiento de varias ollas populares y, de esa forma, gestionar la organización, negociación y distribución de los alimentos. Las ollas reclamaron el apoyo del Estado y esta medida fue duramente criticada por la Red de Ollas Populares de Uruguay y la Coordinadora Popular y Solidaria (CPS), que denunció que la tercerización debilita la estructura de las ollas, además de cuestionar el vínculo entre la ONG y el Poder Ejecutivo.
La ONG, que trabaja con Montevideo y la zona metropolitana, cubre aproximadamente 750 ollas populares. La organización cuenta con tres millones de dólares aportados por el Mides, con lo que hasta el mes de octubre llevaban 2.500 toneladas de comida entregada. Los demás gastos de la organización -que cuenta con 17 funcionarios y más de 40 voluntarios- son financiados por privados, según informó a Sala de Redacción Santiago Pérez, fundador de Uruguay Adelante.
Ante la finalización del contrato, la red de ollas espera respuesta del gobierno y busca mejorar el diálogo. Al mismo tiempo, denuncian que muchas veces las necesidades de las ollas no son contempladas por la ONG, que no tiene en cuenta pedidos de ciertos alimentos básicos para una dieta saludable y equilibrada. En julio, la red de ollas populares y la CPS solicitaron una reunión con el Mides para evaluar la situación y las necesidades, sin embargo, “el pedido fue negado y no hubo tal intercambio”, afirmó a Sala de Redacción Esteban Corrales, integrante de la Comisión de Comunicación de la CPS. A pocos días de que se resuelva cómo seguirá el trabajo, los voluntarios de las ollas aseguran que las reivindicaciones continuarán mientras la comunicación sea tardía e inusual.
En contrapartida, Pérez asumió que él mismo fue a “golpearle la puerta” al Mides en 2020 y luego de tres reuniones para analizar el proyecto de la ONG, se llegó al contrato estipulado y determinado por el ex ministro de Desarrollo Social, Pablo Bartol -relevado el 1 de mayo de ese mismo año-. Pese a que ningún jerarca se ha pronunciado sobre el futuro de la ONG, esta tiene fuerte convicciones de seguir y plantear nuevos proyectos. “Apuntamos a cerrar esa etapa de asistencia alimentaria, queremos cambiar el foco: que la gente deje de ir a la olla por necesidad y que sea por opción, donde encuentre un espacio más grande, quizás un centro comunitario o apoyo escolar”, sostuvo Pérez, y agregó que su deseo es “construir un espacio de comunidad más allá del plato de comida”.
Listo el pollo, pelada la gallina
Atentas y con las manos en la masa, a lo largo de los meses, las ollas mantuvieron su postura ante la coordinación de Uruguay Adelante. Realizaron diversas manifestaciones y denuncias públicas, entre ellas, la más mediática: cuestionaron la calidad de los alimentos entregados por la ONG y, en particular, gallinas en mal estado: “¿Hasta cuándo habrá ollas populares en el país? Nadie dice nada y la verdad es que no quieren responder, ni siquiera piensan en planes sociales”, manifestó Corrales.
La inseguridad alimentaria grave en Uruguay se ubica en 6,4% y la moderada en 23,2%, según el último reporte de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, Panorama de la seguridad alimentaria y nutrición en América Latina y el Caribe 2020. Ante 29,6% de uruguayos en situación de inseguridad alimentaria moderada o grave, la Escuela de Nutrición de la Universidad de la República indicó en un comunicado que la cifra demuestra que “la voluntad y el accionar político no han sido suficientes para construir instrumentos que faciliten o favorezcan un acceso justo y sostenible a los medios de vida que se necesitan para producir o adquirir los alimentos”.
“Es discriminatorio e injusto darle de comer alimentos de mala calidad y poco beneficiosos a personas que pasan necesidad. En el momento en que llegan los alimentos siempre son de la marca más barata y del pollo ni hablar”, sostuvo Corrales. Además, recordó que desde los colectivos de ollas argumentaron “muchísimas veces por qué [el pollo] no es una buena opción: el tiempo que nos lleva para descongelar y cocinar y lo poco nutritivo que resulta, sin embargo, ellos hacen oídos sordos”, enfatizó Corrales.
En marzo de 2020, la Asociación Uruguaya de Dietistas y Nutricionistas publicó su Lista de recomendaciones para aplicar en el funcionamiento de las ollas populares y merenderos ante la pandemia de covid-19, que realizó hincapié en la necesidad de una dieta balanceada. En el caso de la utilización de carnes, estimaron que “lo mejor sería recibir y usar diariamente los alimentos frescos para no correr los riesgos de descongelación”. Sin embargo, para Pérez se trata de una “puja política”, ya que la ONG está dispuesta a solucionar cualquier error cometido y se encuentra de “puertas abiertas” para que la ciudadanía conozca su trabajo y los procedimientos aplicados en la selección y distribución de alimentos.
Consultado al respecto, Pérez restó importancia al tamaño de las gallinas y aseguró que al principio de la pandemia “la gente quería la vacuna y la gallina”. Ante las críticas de las ollas populares, el fundador de Uruguay Adelante aseguró que “desconfía de la intención social” y que los cuestionamientos responden “estrictamente a cuestiones políticas”. Del otro lado, la Red de Ollas Populares del Uruguay sostiene que la solidaridad es un acto político y que desde lo social serán sumamente críticos mientras el país enfrente la realidad de que miles de personas deban acudir a las ollas para cubrir sus comidas diarias.
Ni pincha ni corta
Sala de Redacción consultó a Ignacio Elgue, director del Instituto Nacional de Alimentación (Inda), sobre el futuro de las ollas populares y el acuerdo con Uruguay Adelante, pero se mantuvo al margen de la situación. Al respecto, señaló que fueron “decisiones primero de Pablo Bartol y que se mantuvieron en el mandato de Martín Lema”. Inda se encarga de prestar asistencia alimentaria y nutricional a población vulnerable, con énfasis en la prevención de la malnutrición tanto por déficit como por exceso. En cambio, la contratación de Uruguay Adelante deja a un lado al instituto de lo que ocurre en las ollas populares. Según Elgue, esto sucedió debido a que la pandemia provocó un crecimiento sustantivo de las necesidades alimentarias, que llevó al Inda al límite de su capacidad, tanto de gestión como presupuestal. A su vez, Elgue explicó que ello derivó en que no se pudieran sostener en el tiempo nuevas acciones que atendieran la demanda de la población.
Por su parte, Pérez explicó que el Inda está atado a “un montón de burocracias” que perjudican su eficacia y que para que acepten una donación tiene un proceso de “mucho tiempo”, algo que Uruguay Adelante puede solucionar en “un día”. “Si me ofrecen una donación en Canelones, que es complicado por cuestiones de traslado, le planteo a esa persona que puede emplear a gente de esa localidad, contratamos un flete entre los dos y, en vez de donarlo, le ponen un costo de uno o dos pesos por cada kilo. Uruguay Adelante paga mucho menos de lo que se paga generalmente, le damos laburo a personas y generamos un ganar por ambas partes. El Inda no puede hacer eso, solo se puede gestionar desde lo privado”, finalizó.
