En octubre de 2013 Uruguay se convirtió en uno de los pocos países de América Latina en fomentar legalmente el empleo juvenil, a través de la aprobación de la ley 19.133. Dicha norma prevé, entre otras cosas, que el Estado apoye económicamente a las empresas que contratan a jóvenes a través de un subsidio de hasta el 25% de las retribuciones mensuales sujetas a aportes a la seguridad social.
No obstante, recién dos años después, durante el segundo mandato de Tabaré Vázquez, esa ley fue reglamentada y puesta en práctica. Por ese entonces -y a través de ese decreto- Presidencia de la República ordenó crear una Comisión Interinstitucional para darle seguimiento al desempleo juvenil, compuesta por autoridades del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), Ministerio de Desarrollo Social, Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional, Banco de Previsión Social (BPS) y la Administración Nacional de Educación Pública, junto a representantes sindicales y de cámaras empresariales. Al momento de reglamentarse, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) estimó que en Uruguay el desempleo juvenil se ubicaba en 22,5%; cifra que ya en ese momento era preocupante, puesto que marcaba un aumento de más de tres puntos porcentuales con respecto al año anterior.
Cinco años después de reglamentada la ley y semanas antes de que la pandemia de covid-19 llegara a Uruguay, la OIT volvió a encender la alarma sobre el desempleo juvenil, ya que lo ubicó en 27,9%, tres veces más que el desempleo en adultos. A su vez, si se discriminan los datos por género, el desempleo juvenil supera el 30% entre las mujeres, más de cuatro puntos porcentuales que el registrado en hombres.
¿Una luz al final del túnel?
Frente a estas cifras, el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, anunció a fines de abril que el gobierno trabaja en una nueva ley de empleo juvenil que incluiría también a personas mayores de 45 años y, de este modo, unificaría en un solo instrumento legal los diferentes subsidios que el Estado brinda a las empresas para la contratación de personas de franjas etarias que tienen más dificultad para encontrar empleo. En diálogo con La República, Mieres estimó que la cifra de desempleo juvenil se ubica hoy en el entorno de 33%, un número “escandalosamente alto”, según valoró.
Reformar la actual ley de empleo juvenil fue una de las propuestas incluidas en el programa de gobierno del Partido Nacional. Según recoge el programa, Mario Arizti, quien hoy se desempeña como subsecretario del MTSS, entiende que la legislación actual en la materia no ha funcionado para disminuir el desempleo en los jóvenes y es necesario que “aprendamos de este tropiezo”. El programa propone crear un “grupo de trabajo multipartidario”, cuyo último fin sea “elaborar un proyecto de ley que complemente y profundice las medidas adoptadas” y que “modifique la institucionalidad encargada de administrar los estímulos”.
“No nos ha llegado ningún proyecto”
Al respecto, Sala de Redacción consultó a Amanda Della Ventura, senadora frenteamplista por la Vertiente Artiguista y vicepresidenta de la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social de la cámara alta, quien dijo desconocer un proyecto de ley sobre el tema y la reforma propuesta por el gobierno. Según comentó la senadora, se enteró de la voluntad de reformar la ley de empleo juvenil a través de la prensa, pero más de un mes después del anuncio de Mieres aún no ha llegado ningún proyecto a la comisión, que actualmente se encuentra trabajando sobre otros temas. Al ser consultada sobre esta problemática, la senadora dijo que el desempleo juvenil es “multicausal y muy preocupante”, y mientras las empresas piden mano de obra más calificada, en la educación, que es donde esta se forma, se “retacean recursos”. En cuanto a la legislación actual, Della Ventura explicó que “no satisfizo la necesidad de trabajo”.
