Por qué se da la llegada de migrantes a nuestro país es una pregunta que comúnmente no nos hacemos ya que nuestra legislación permite la migración y concibe a la movilidad humana como un derecho. Consultado por Sala de Redacción, Leonardo Fossatti, referente de la Organización Idas y Vueltas en las oficinas de la ciudad del Chuy, departamento de Rocha, comentó que “uno de los factores por el cual se elige nuestro país es gracias a la recuperación económica que empezó en el año 2009, agregando el deterioro económico del norte global y la burbuja inmobiliaria”.
Todos los países que tuvieron gobiernos liberales antes que Uruguay -como Argentina, Brasil, Chile y Perú- recrudecieron sus políticas migratorias y eso provocó que los flujos de población se dirijan hacia lugares donde puedan ser recibidos. A partir del año 2017, la migración venezolana pasa a ser más representativa en nuestro país y es la primera vez que sucede esto en mucho tiempo, explica Fossatti: “en Uruguay la legislación está pensada desde los derechos humanos, es decir, las normativas que se llaman de rostro humano”. El marco legal vigente en nuestro país que regula los derechos de los migrantes son la Ley de Migración N° 18.250 y la Ley de Refugiados N° 18.076, donde se reconoce el derecho de la persona a migrar o pedir refugio.
Junto a la recuperación económica, Fossatti agrega otro punto que siempre le gusta mencionar porque no es menor: “el posicionamiento que logra tener Uruguay a nivel mundial. Sale Mujica hablando y lo levantan en Malasia. Esas cosas no son menores, porque te insertan en un circuito de migración”. Parte de la población migrante destaca los capitales culturales y sociales que tiene nuestro país, “el acceso a la educación gratuita y de calidad, la renta mínima [que ahora bajó, pero hasta el último gobierno del FA el salario era algo destacado] y la seguridad, todos aspectos que desde afuera se presentan como atractivos”, subrayó y agregó que todo esto genera que Uruguay esté presente en el circuito migratorio.
La población migrante elige las ciudades de frontera por ser puntos de acceso a nuestro país. Uno de los puntos de entrada es por vía terrestre: “es mucho más económico salir de Venezuela por la frontera de Roraima, que es menos vigilada que la frontera con Colombia. Entonces la gente atraviesa todo Brasil e ingresa por un puesto fronterizo que puede ser Rivera, Chuy, Treinta y Tres, Cerro Largo o Artigas”, agregó el experto.
Para ingresar a Uruguay, los cubanos tienen que tener emitido el visado. Es el mismo trámite que se pide para viajar a EEUU, pero debido a la situación sanitaria los consulados no están en funcionamiento y eso detiene el proceso de ingreso. Entonces las personas llegan al territorio sin visa pero ingresan regularmente, explica Fossatti y agrega que ese es otro condicionante que hace que las rutas migratorias sean hacia las ciudades fronterizas, “que junto con Artigas, tienen la frontera geográfica de un rio, entonces la manera de ingresar al país es a través de un puente”. En el Chuy el puesto de migración está fuera de la ciudad, la gente está en territorio uruguayo en términos físicos, pero en términos administrativos no, porque nunca pasaron por una oficina del Estado. Entonces esto hace que las ciudades del este y noreste sean de mas fácil acceso”, subrayó.
La moneda y la formación
En base al rédito económico, Fossatti menciona que el dinero rinde mucho más en contextos de frontera, ya que Montevideo es una ciudad muy cara; “un alquiler de una casa promedio con un cuarto en la capital no baja de los 15 mil pesos aproximadamente, mientras que por esa cantidad en el Chuy puedes encontrar una casa con cuatro dormitorios”. Respecto a la inserción laboral, en el caso del Chuy hay un dinamismo económico muy grande desde el empleo, “es una ciudad comercial donde hay changas, trabajos más formales, siempre algo había antes de la crisis sanitaria”, completó.
En lo que refiere a la legalización de documentos académicos, desde la educación primaria hasta el bachillerato inclusive no es problema, pero en la inserción en ámbitos terciarios y la revalidación u homologación del título es distinto. Esto llevó a que en el año 2018 la Udelar flexibilizara el ingreso (antes se necesitaba credencial cívica) porque era una limitante. Fossatti, explica que muchas personas llegan con formaciones que en Uruguay son consideradas de grado y en otro país son de nivel técnico: “te encontrás con gente que tiene una formación que no existe acá, por ejemplo la rama que se encarga del desarrollo de petroquímicos”. Lo que hace la Udelar es adecuar los contenidos que la persona presenta en relación a las ofertas que tiene la Universidad, lo que genera una dificultad. Después están los contenidos específicos, como puede ser el derecho judicial de otro país, las áreas tributarias y sociales.
Pero el mayor problema es conseguir las apostillas (sello que se imprime en el documento y le da validez fuera de su lugar de origen) para validar los documentos en Uruguay. Y, en ciertas ocasiones, esto es demasiado engorroso para las personas: “en Venezuela y Cuba las apostillas son caras y complejas de conseguir. Una partida de nacimiento en Cuba se tiene que mandar al ministerio de relaciones exteriores de ese país, donde es sellada, después enviada al consulado de Uruguay para que se vuelve a sellar y después de todo eso se puede enviar para que tenga validez”, sostuvo el entrevistado. En ese marco, hay un montón de migrantes que llegan a nuestro país con una formación por encima de la media y terminan trabajando en un puesto para el que se encuentran sobrecalificados.
Otro aspecto que menciona Fossatti es la crítica situación laboral en medio de la pandemia. Muchas veces la inserción laboral de las personas migrantes es de las más bajas en la pirámide económica y son golpeados cuando hay una desaceleración o crisis. En el caso de Chuy es notorio: ”todo gira en torno al comercio y este no está funcionando, entonces no hay trabajo. Esto genera que la gente termine accediendo a empleos muy precarizados”, sostuvo Fossatti.
¿Soluciones sociales iguales para todos?
La política pública en materia de migración ha tenido avances y retrocesos en estos últimos dos años. “Las políticas sociales han tenido una regresión fuerte, hay menor presencia del Estado en territorio y quienes trabajamos en la calle lo vemos. Eso lo que refleja es que las líneas de trabajo y colaboración que existieron en algún momento, hoy no están disponibles”, aseguró Fossati y subrayó que Idas y Vueltas tenía un convenio con el Mides para brindar alojamiento a las personas que quedaban en situación de calle, se tenía que renovar en el 2020 y no se renovó.
Por otro lado, el año pasado hubo una iniciativa de la Intendencia de Montevideo (IM) con el Instituto de Promoción Económico del Uruguay (IPRU) e Idas y Vueltas, que brindaba una subvención económica para pagar habitaciones o cuartos de pensiones con el fin de que las personas no quedaran en la calle. “Esas iniciativas surgen porque no hay respuesta de política pública, porque si hubiera un refugio o un espacio para albergar población que quede en situación de calle capaz que no tenés la necesidad de hacer una inversión de tal magnitud para hacer un trabajo tan puntual”, expresó el entrevistado. Leonardo, quien además es integrante del Núcleo de Estudios Migratorios y Movimientos de Población de la Facultad de Humanidades (Udelar), explicó que “la situación general de las personas migrantes con la crisis sanitaria ha sido muy complicada, porque se empiezan a interseccionar los niveles de precariedad, la no regulación del estatus migratorio empieza a limitar el acceso a la salud y a las prestaciones sociales”.
El año pasado Idas y Vueltas entregó viandas a la población migrante que estaba en situaciones complejas, pero el problema no es solamente la situación alimentaria, también está el deterioro de la población migrante en relación a la pandemia. En ese sentido, Fossatti explica que “si no está regularizada es como invisible. Si (la crisis) golpea a la población de estrato socioeconómico bajo a nivel nacional, la población migrante es golpeada mucho más porque no tiene ningún tipo de amparo”. Esto surge por una ausencia: “se puede ver como una política pública, pero no hay una política clara sobre la alimentación en contexto de pandemia. Si mañana tenés que cerrar una pensión, como ya pasó porque aparecen dos o tres casos de Covid-19, hay que solucionar de manera artesanal quien le va a llevar comida a esa gente”, puntualizó.
Papeles mezclados
El 28 de abril de este año Cancillería liberó un comunicado para anunciar que la Comisión de Refugiados (CORE) está haciendo un relevamiento de personas mayores de edad sin cédula de identidad que hayan solicitado refugio en nuestro país y que estén interesados en recibir la vacuna contra la Covid 19. “Sin una cédula no se pueden registrar en ASSE, como mucho con el pasaporte te podes anotar por diez días pero solo para urgencias, no te cubre un médico de radio ni nada de eso”, advirtió Fossatti.
Uruguay tiene dos métodos para procesar el flujo migratorio; por un lado los países de Mercosur y asociados que tramitan la residencia Mercosur (no tiene instancia previa y se hace por la web). Y el otro método son las residencias extra Mercosur, donde entran Cuba, República Dominicana, Haití, entre otros. Ese tipo de residencia se tramita en la Dirección Nacional de Migración del Ministerio del Interior, porque tiene como requisito previo tener la visa tramitada.
En este contexto actual donde Uruguay no emite visados, los cubanos no pueden iniciar la residencia. “De hecho, previo a la pandemia esto ya pasaba, la gente venía sin visa, pero nuestro país inventó la solicitud de la visa en frontera, que es algo raro. El consulado de frontera no emitía visas, trabajaba con residencias Mercosur, pero como había personas circulando en diferentes departamentos como Canelones y Montevideo se planteó la idea de ir hasta el Chuy, que salieran de la ciudad, volvieran a entrar para sellar el pasaporte, eso iniciaba la visa y el proceso de residencia. A los 15 días ya tenían la posibilidad de hacerse la cédula. Hoy en día esa solución no existe, la solicitud de refugio es la manera de acceder a la documentación”, enfatizó Fossatti. Además plantea que no hay una política clara de regulación migratoria y “siempre se va trabajando en situaciones específicas y cuando aparece un caso particular hay todo un movimiento respecto a ese tema”. Ahora en la pandemia el Ministerio de Relaciones Exteriores no fue declarado de prioridad por el gobierno, entonces no hay agenda debido a la restricción de medidas. También “es un problema que afrontamos como sociedad civil, no están trabajando los consulados. Esto genera que haya un alto porcentaje de población que no está accediendo a documentación uruguaya y está en territorio nacional. Si les pasa algo, el Estado no puede dar respuesta. Por ejemplo, si tenés una urgencia alimentaria, hay prestaciones del Mides en las que te podés anotar con el pasaporte pero es una cosa muy puntual”.
Leonardo finaliza mencionando que se está pidiendo una respuesta por distintos medios en materia de regularización migratoria; “ese es el problema ahora, que tenemos un montón de gente que está en la irregularidad total. Alguna solución se tiene que poder brindar”, concluyó.
