El proyecto de ley que propone la creación de un Consejo de Laicidad incluye dentro de sus competencias el poder elaborar dictámenes, evaluaciones, recomendaciones, proposición de medios correctivos y visitas de inspección, entre otras facultades. Se contempla que sea integrado por tres miembros (uno por el MEC, uno a propuesta de la ANEP y otro de la Facultad de Derecho), los que tendrán competencia por un período de cinco años. El proyecto -que fue presentado a fines de abril por el diputado colorado Felipe Schipani- ya había sido manejado en el anterior período parlamentario por el ex senador Pedro Bordaberry e integró el programa de gobierno del partido colorado en 2014.
Schipani sostuvo a Sala de Redacción que la creación del Consejo puede ser una buena política para cumplir con los objetivos constitucionales referidos a la laicidad y proselitismo. Agregó que es una herramienta para cuando “las autoridades que tienen que entender en el asunto no lo hagan, como lo hemos visto en todos estos años, en donde en muchas dependencias del Estado -fundamentalmente en la educación- se ha soslayado el cumplimiento de este principio”.
Sin embargo Sebastián Sabini, diputado del Frente Amplio e integrante de la Comisión de Educación y Cultura de la cámara baja, dijo a Sala de Redacción que le parece preocupante que se quiera establecer la idea de que en la educación pública se viola permanentemente la laicidad; “eso es lo que está detrás de este proyecto”. Agregó que “hay un discurso que sostiene que los educadores adoctrinan a sus estudiantes y eso no es así. La idea de un Consejo censor parece una especie de policía burocrática”, finalizó.
Por su parte, el docente y antropólogo Nicolás Guigou sostuvo a Sala de Redacción que la laicidad es un término polisémico y tiene varios elementos que lo conforman gradualmente. Agregó que la forma en la que fue construida, particularmente en Francia, tiene que ver con la separación de la sociedad política, el Estado y las religiones; la separación quiere decir que alguna vez estuvieron juntas. Indicó que a diferencia del ateísmo, se aplica en estados nacionales que permiten la libertad religiosa y está establecida en un espacio de pluralidad religiosa y política existente.
Por su parte Schipiani afirmó que todos los cultos son permitidos pero el Estado no sostiene religión alguna, eso debe ser interpretado como la neutralidad del Estado frente al fenómeno religioso. Indicó además que la Constitución habla de la prohibición del proselitismo de modo que ningún funcionario público en las horas de trabajo puede realizar ninguna actividad de carácter propagandístico.
Según la Ley de Educación vigente, la laicidad supone el debate democrático de ideas, convivencia pacífica, respeto a las libertades, manejo de las diferentes miradas y una perspectiva de los temas desde el respeto a los derechos humanos.
Guigou explicó que la laicidad se manifiesta como una dimensión neutral pero en realidad no lo es, porque la laicidad en el caso de Uruguay es “el espacio de la mitología nacional”, es decir, el Estado impone dentro de las instituciones determinadas prácticas, valores y simbolismos. Indicó que a la afirmación de que el Estado no reconoce ninguna religión, “yo podría preguntarle ¿y por qué no reconoce todas las religiones?’”. A su vez expuso que la idea de vincular la laicidad con la neutralidad es cuestionable. Desde su punto de vista el Estado no es neutral, ya que tiene un conjunto de perspectivas bien establecidas y agregó que la neutralidad de la laicidad es mucho más una posición que una ausencia. Concluyó que “la neutralidad es una ilusión”.
Alejandra Vespa, secretaria general de Fenapes, expresó en el programa La Letra Chica (Tv Ciudad), que en el proyecto se pretende transitar por un concepto de laicidad muy ligado a la neutralidad. “La educación es un acto político”, sostuvo. Afirmó que al pretender plantear que los docentes -como parte integrante de la sociedad- no sean partícipes activos de la sociedad democrática, dista mucho del respeto a la laicidad que se pretende defender. Es la posibilidad de expresar y poner sobre la mesa las opiniones y la diversidad de posiciones que apuntan a una democracia, agregó.
Vespa indicó a La Letra Chica que no se le puede pedir a un docente que no tenga una postura ciudadana. Agregó que los docentes toman partido por la defensa de los derechos humanos y la democracia. También dijo que generar la idea de que la ideología es lo negativo, es un error. “Se busca atacar a los docentes indicando que no deberían tomar posturas”, finalizó.
En relación a que sea el Partido Colorado el precursor del proyecto, Guigou dijo a Sala de Redacción que lo que intenta hacer el partido es resignificar su identidad. Agregó que este Consejo de Laicidad presenta preocupaciones diferentes a las que presentaba el batllismo clásico. Sustentó que la preocupación de los batllistas con respecto a la laicidad ha estado vinculada a la intromisión de lo religioso en el Estado, pero este proyecto de ley está más preocupado por una tentativa de controlar cierta circulación de ideas, sobre todo en el ámbito educativo. “Parece mucho más una suerte de control ideológico estar controlando qué ideas podrían ser entendidas como riesgo de violentar la laicidad”, afirmó.
Sabini dijo a Sala de Redacción que los problemas en los ámbitos educativos no hay que resolverlos jurídicamente, sino desde el punto de vista de la comunidad educativa. En ese sentido puso como ejemplo que “si se da un debate sobre la despenalización del aborto en el aula, alguien puede decir que eso afecta sus creencias religiosas, pero no significa que la educación no aborde el tema”. Entiende que por el contrario lo tiene que hacer, pero desde una perspectiva de los derechos humanos. A su vez el diputado explicó que en el caso de que existan denuncias sobre violación de la laicidad, ya existen normas que protegen a los estudiantes y a los docentes para que sus derechos no sean vulnerados. Por otro lado, el antropólogo Guigou cree que es un problema que el proyecto abarque sólo la perspectiva jurídica. Entiende que faltan otras miradas: “es una visión demasiado legalista para algo mucho más complejo y más amplio”, agregó.
Schipani expresó a Sala de Redacción que los padres de los estudiantes -como cualquier otro ciudadano- podrán acudir al nuevo Consejo ante algún reclamo, pero no bastará con decir que no se está de acuerdo con el docente. Sostuvo que se tienen que presentar pruebas para que efectivamente se pueda determinar que hay una violación de la laicidad.
La representante de Fenapes dijo a La Letra Chica que no se tiene en cuenta que en el caso de la enseñanza media los adolescentes empiezan a manifestar sus posiciones, pensamientos y argumentos. Agregó que los estudiantes votan a sus delegados y conforman sus gremios. “Diferente es que pretenda adoctrinar o generar un dogma, en eso compartimos, justamente la laicidad busca evitar esas situaciones”, concluyó.
El proyecto ingresó recientemente a la Cámara de Diputados, dentro de la Comisión de Educación y Cultura. El diputado Schipiani dijo que el proyecto no es la verdad revelada, se busca dialogar para llegar a acuerdos y está abierto a todos los cambios y modificaciones.
