La violencia doméstica y de género quedó opacada por el virus. Hoy el tema no está en la agenda pública, no es prioridad. El movimiento feminista continúa utilizando los espacios de lucha para poner sobre la mesa la necesidad de que el Estado redoble esfuerzos, porque las promesas no bastan. Tal como lo plantea la entidad de Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de la Mujer (ONU Mujeres), la violencia contra las mujeres es la violación más extendida de los derechos humanos.
Sólo en la última semana, se registraron dos femicidios. Un fue en Salto, en donde un policía mató a una mujer que había estado privada de libertad en la cárcel en la que trabajaba como guardia. El juez a cargo del caso comentó que había un vínculo amoroso y que “la mujer tenía intenciones de revelar la relación”. Por esto resolvió matarla. Le disparó con un arma de fuego y luego la descuartizó. El otro fue en Maldonado, en donde la Policía halló el cuerpo de una mujer de 32 años en un monte detrás del cementerio de Maldonado. Su ex pareja, de 37 años, confesó ser el autor del crimen.
Fabiana Condon, psicóloga especializada en violencia infantil y adolescente e integrante de la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual (RUCVDS), expresó a Sala de Redacción que uno de los reclamos al Estado es que se haga efectivo el compromiso de implementar la Ley Nacional de Violencia hacia las Mujeres Basada en Género (Ley 19.580), que el gobierno decidió no asignarle presupuesto.
Condon señaló que los servicios de atención a mujeres en situación de violencia basada en género “no son suficientes”. “Están saturados y centralizados”, explicó, y mencionó que en algunos departamentos no hay respuesta de atención para maltrato, abuso y explotación sexual.
Lilián Abracinskas, docente, y directora de la organización Mujer y Salud en Uruguay (MYSU) sostuvo que se reclama porque hay un Estado “omiso” a la problemática y “cómplice de la desigualdad de género”. “Hay 38.000 denuncias anuales y la gran mayoría de ellas no reciben la respuesta integral que se requiere”, sentenció. Advirtió, además, que “la violencia manifestada en feminicidios y en actos de denuncia de violencia física y sexual, es la punta del iceberg”.
En la calle siempre alertas
Pancartas, banderas y tapabocas: aún en un contexto de distanciamiento social, mujeres, colectivos feministas y disidencias, marcharon el 25 de noviembre (25N) por el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Marcharon para recordar (nos) que la violencia machista no quedó en pausa por la pandemia de covid-19, sino que sigue presente y el encierro la intensificó. La casa no siempre es el lugar seguro.
La explanada de la Intendencia de Montevideo se volvió a teñir de violeta como en tantas otras ocasiones. Barbijos y pañuelos ilustraron la jornada, en reclamo por mayor justicia, derechos e igualdad. Un 25 de noviembre más, un nuevo encuentro de generaciones, mujeres de todas las edades, desde niñas hasta personas mayores, unidas por una misma causa: erradicar la violencia de género, reivindicar sus derechos y fomentar un cambio cultural y estructural que termine con la sociedad patriarcal.
Entre la multitud, una madre con su hijo en el coche se llevó la mirada de las y los presentes. Vestida de violeta, con un tapabocas que tenía el símbolo de Venus, llevaba un cartel, con letras también violetas, donde se leía: “les vino bien la pandemia para vulnerar nuestros derechos conquistados”.
La pancarta que encabezó la marcha expresaba: “Ni sumisas, ni encerradas, en la calle organizadas”. La furia en los cánticos se hacía notar: nos siguen matando. La marcha fue pacífica. Desde Ejido a hasta llegar a la Plaza Libertad, una fuerza organizada y feminista caminó por 18 de Julio y volvió a dejar huella. Algunos carteles rezaban: “Vivas nos queremos”; “Nos quitaron tanto que nos quitaron el miedo”.
Según la Encuesta Nacional de Prevalencia en Violencia Basada en Género (2013) casi la mitad de las mujeres en Uruguay (45,4%) que han tenido alguna relación de pareja a lo largo de su vida declaran haber sufrido alguna vez violencia por parte de su pareja o ex pareja. Además, 9,8 % de mujeres mayores de 65 años respondió que vivió situaciones de violencia basada en género.
Contra la impunidad y el silencio de los que callan, las manifestantes marcharon con carteles que tenían nombre y apellido de los feminicidas. “No están perdidas, las desaparecen para ser prostituidas”; “No hay trata sin clientes”; eran algunos de los cánticos que resonaban en las calles. Proclamas hacia la regularización de la prostitución, contra UPM, la trata y la explotación sexual.
Al llegar a la Plaza Libertad, mientras algunas manifestantes grafiteaban el piso con la frase Ni una Menos, otras repartían volantes con la letra del tema que cantarían luego: “Canción sin miedo” de la cantautora mexicana Vivir Quintana adaptada a una versión uruguaya.
La marcha terminó. Se formó un gran círculo humano frente a dos mujeres que sostenían un megáfono para dar comienzo a la proclama:
–La rabia nos inunda. Estamos hartas. Hartas de que nuestros cuerpos no valgan. Hartas de que se nos culpabilice. Hartas de que nos violen y asesinen. Hartas de este Estado cómplice y esta sociedad que calla. Por todas las chicas que no están, por todas las familias que las buscan. Hoy, 25 de noviembre exigimos justicia. El Estado es responsable. No callamos, ni callaremos hasta saber dónde están nuestras gurisas.
Después del discurso, sentadas y en ronda, comenzaron a entonar acompañadas por una guitarra:
“A cada minuto, de cada semana
nos roban amigas, nos matan hermanas,
destrozan sus cuerpos, los desaparecen.
No olvides sus nombres, por favor,
cuando te manifiestes.
Por todas las compas
marchando en alerta.
Por las que resisten con autonomía,
por les que quisieron
migrar a la norma.
Por todas las madres
buscando a sus hijas”.
“Ni un paso atrás”
Los colectivos MYSU y Gozarte (Grupo de Jóvenes Militante por los Derechos Sexuales y Reproductivos) recrearon nuevamente, como habían hecho en mayo, “El cuento de la criada” de la escritora canadiense Margaret Atwood.
Los colectivos reclamaron frente a la Torre Ejecutiva medidas para terminar con los diferentes tipos de violencia hacia la mujer y afirmaron que “el Estado no cumple con su responsabilidad”. La proclama exigió: políticas públicas que “aborden las desigualdades de género de forma estructural para prevenir la violencia machista”, la “implementación de un plan de acción” ante la declaración de la emergencia por violencia basada en género con presupuesto “acorde a esta prioridad”, “cobertura y acceso universal” a los servicios de salud sexual y reproductiva, y acceso a la educación sexual laica y con perspectiva de género.
También exigieron que la Ley de Presupuesto destine “recursos financieros y humanos capacitados” para el sistema de respuesta a la violencia de género, y que se “asegure el acceso a la justicia, con mecanismos de defensa claros y eficaces”. Pidieron erradicar “las brechas de desigualdad de género con trabajo y salarios dignos, acceso a la vivienda, educación pública, sistema de cuidados, seguridad alimentaria”. Por último, recordaron que los protocolos de atención y cuidados durante la emergencia sanitaria son “clave” para los colectivos. Entre las medidas solicitadas, está el acceso a la renta básica destinada a mujeres jefas de hogar.
“Tenemos derecho a una vida libre de violencia”
La RUCVDS hizo eco con su proclama en “las deudas del Estado y de la sociedad” para con las mujeres, niñas, niños y adolescentes que sufren maltrato, abuso y explotación sexual. “No importa el gobierno de turno” sentenciaron, “importan los derechos que no son respetados”.
Otro de los reclamos de la red fue que se aseguren los recursos del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay “para atender a pleno el maltrato, la explotación sexual comercial, el abuso sexual infantil-adolescente” y habilitar una vida libre de violencia a los niños, niñas y adolescentes a cargo del organismo. Además, pidieron que se intensifiquen las actividades “tendientes a sancionar y erradicar la trata de personas en todo el país”.
Condon señaló que “niñas y niños explotados sexualmente, son cientos por año”, sin embargo “noticias hay muy pocas”, en parte, por el proceso de “colocar este tema en agenda”.
Según la segunda Encuesta Nacional de Prevalencia sobre Violencia Basada en Género y Generaciones, 37% de las mujeres uruguayas vivió situaciones de violencia en la infancia.
Los explotadores sexuales “los produce esta sociedad machista que justifica la utilización sexual y las prácticas de violencia sexual hacia los y las chiquilinas”, sentenció la psicóloga.
Como red, denuncian a los movimientos y grupos conservadores que “buscan anular derechos reconocidos y en ejercicio”. Al ser consultada acerca de a qué grupos hacía alusión, Condon no quiso dar nombres pero aclaró que “los que insultan e intentan instalar la desconfianza, el odio o la división” tienen intención de desestimar. En esta línea, agregó que “cualquier colectivo que defienda una movida de defensa de los derechos humanos en su práctica, tiene que demostrar que lo está haciendo. Deslegitimar colectivos que defienden los derechos humanos no es ninguna práctica de defensa de los mismos”.
Vivir sin violencia de género, compromiso de Estado
La Ley Nacional de Violencia hacia las Mujeres Basada en Género define la violencia de género como la forma de discriminación contra todas las mujeres, niñas y adolescentes que afecta su vida y atenta contra su libertad y dignidad. Reconoce la violencia de género en todas sus manifestaciones: violencia física, psicológica o emocional, sexual, económica, patrimonial, simbólica, obstétrica, laboral, en el ámbito educativo, acoso sexual callejero, violencia política, mediática, doméstica, femicida, por prejuicio hacia la orientación sexual, comunitaria, étnico-racial e institucional.
Esta ley establece que los procedimientos administrativos o judiciales deben contar con mecanismos de denuncia eficientes y accesibles. En ellos, la mujer tiene derecho a tener un intérprete (adecuación del lenguaje), a que no se desvalorice su testimonio, a recibir información clara de su defensa, a tener un acompañante de confianza, a no tener que confrontar ni mediar con el agresor, a una asistencia integral de parte de profesionales con formación específica. En caso de abuso sexual, tiene derecho a elegir el sexo de quien le haga los exámenes y cualquier examen físico requiere del consentimiento de la mujer. En el ámbito laboral, se cuenta con licencia extraordinaria con goce de sueldo durante 24 horas a partir de la presentación de la denuncia o de la disposición de medidas cautelares. Tiene derecho a una indemnización especial por despido.
La víctima tiene derecho a permanecer en su vivienda si es alquilada y al retiro del agresor y también puede solicitar un centro de estadía transitoria para su protección.
La directora de Inmujeres, Mónica Bottero, en una entrevista en radio 970 Universal, cuestionó a los movimientos feministas que reclaman mayor presupuesto para atender la violencia de género. “Que miren los números del proyecto que fue enviado al Parlamento”, sentenció Bottero. Al respecto, la directora de MYSU, señaló que las exigencias del movimiento de mujeres “no son para desestabilizar a ningún gobierno”. “Lo que tiene que entender Bottero es que las organizaciones de mujeres no somos el enemigo” y agregó “somos el actor principal que da lugar a que ella hoy tenga un cargo en el gobierno”. “Tendría que aprender de este movimiento porque me parece que ha leído poco y sabe poco de lo que ha sido la larga lucha y el largo trabajo que hemos tenido que transitar para que este país tenga políticas de igualdad de género“, remató Abracinskas.
Paulina Molaguero y Analía Terra
