En menos de diez días, tres presidentes. A lo largo de la semana pasada Perú sufrió las salidas de dos mandatarios y el ingreso de un tercero que, aún en la cuerda floja, busca crear consenso para formar un nuevo gobierno. Manifestaciones, represión y muerte marcaron un nuevo capítulo de una crisis política e institucional que lleva ya más de dos años en el país trasandino.
En contacto con Sala de Redacción, Eloy Marchán, reportero peruano de El Foco, comentó que por ahora se observa “una calma relativa” en las calles, luego de una semana de históricas movilizaciones. Para Marchán, la situación es producto de un conflicto entre el Ejecutivo y el Legislativo que inició en 2016, cuando el resultado de las elecciones le otorgó a la oposición fujimorista el control absoluto del Parlamento.
La destitución
El lunes 9 de noviembre, el Congreso peruano resolvió por una amplia mayoría destituir al entonces presidente Martín Vizcarra bajo causal de “incapacidad moral permanente”. La moción de vacancia presidencial fue presentada a raíz de un par de investigaciones preliminares que la Fiscalía inició contra Vizcarra por presuntos sobornos recibidos cuando este se desempeñaba como gobernador regional de Moquegua, en 2013.
Estas investigaciones de Fiscalía provienen de declaraciones de “aspirantes a colaboradores eficaces” -esto es, delación premiada- que acusan a Vizcarra de cobrar sobornos a cambio de favores en licitaciones de obras públicas. En suma, el ex mandatario habría recibido alrededor de 2.300.000 soles de las empresas Obrainsa e ICCGSA.
Coherente con su prédica anticorrupción, Vizcarra ha negado cualquier delito. En su defensa ante el Congreso, afirmó: “No existe una prueba fehaciente, ni una prueba de flagrancia de un delito y no lo habrá porque no he cobrado soborno alguno”. Asimismo, se encargó de subrayar el carácter preliminar de las investigaciones de la Fiscalía.
Pero poco le importó a los legisladores peruanos dicho alegato al momento de votar la moción de vacancia presidencial. En efecto, el lunes 9, en una interpretación no exenta de polémica del artículo 113 de la Constitución y, sobre todo, sin fallo alguno del Poder Judicial, el Congreso aprobó la destitución por 105 votos a favor, 19 en contra y 4 abstenciones. Discrepando, Vizcarra acató el dictamen.
Según Marchán, a los congresistas que votaron a favor “no les importó la estabilidad ni que faltaran cinco meses para las próximas elecciones”. Desde el primer día del periodo legislativo, el objetivo era vacar al mandatario. No obstante, advirtió que Vizcarra, tras irse a su casa sin ningún tipo de inmunidad, enfrenta ahora una “investigación judicial seria” llevada a cabo por un “grupo de fiscales con mucho prestigio”.
Un día después, el titular del Congreso, Manuel Merino, del partido Acción Popular, asumió como presidente. Así correspondía a causa de un vacío en el orden de sucesión: la vicepresidenta Mercedes Araóz había renunciado a mitad de 2019, cuando Vizcarra disolvió el órgano legislativo para realizar unas elecciones extraordinarias que, al fin y al cabo, dieron como resultado el actual Congreso que lo destituyó.
La represión
De inmediato, la salida de Vizcarra generó movilizaciones en todo el país. Pese a la emergencia sanitaria, la gente exigió sin tregua la renuncia de Merino. Hubo manifestaciones en distintas ciudades del territorio y con el correr de las horas, la represión policial fue aumentando la cantidad de heridos y detenidos.
El punto de quiebre fue durante la noche del sábado 14, cuando en el centro de Lima dos jóvenes murieron por disparos de la policía: Bryan Pintado, de 22 años, e Inti Sotelo, de 24 años. Según informó el diario peruano El Comercio en base a la ficha hospitalaria, Pintado falleció antes de llegar al hospital. Lo mismo ocurrió con Sotelo, según testimonios de familiares.
La noticia de ambas muertes trascendió con rapidez y acorraló al sistema político. Pocas horas después, 13 de los 18 ministros que integraban el gobierno presentaron sus renuncias. Y luego, el domingo 15, Merino anunció su “renuncia irrevocable” en un mensaje confuso donde invocó “a la paz y a la unidad de todos los peruanos”.
“Lo que hizo Merino los seis días que estuvo mandando en el Perú, lo defino como un gobierno autoritario”, afirmó Marchán. El autoritarismo, sostuvo, estuvo latente en varias acciones, como la represión a las protestas: “Merino le dió a la Policía la orden de repeler a los protestantes. Hubo personas desaparecidas”.
Por otra parte, Marchán señaló que en general la movilización popular no reclamó el retorno de Vizcarra. “Si bien tenía alta popularidad y buena sintonía con la población, Vizcarra está bien manchado y creo que la población lo sabe. Las protestas eran: ni Vizcarra ni Merino”, explicó desde Perú.
¿La solución?
Así entonces, el martes 17 el Congreso aprobó la conformación de una nueva mesa directiva y Francisco Sagasti, legislador del Partido Morado con un vasto recorrido en organismos internacionales, asumió como presidente. La votación, que lo designó como titular del Congreso y, por ende, como jefe de Estado, obtuvo 97 votos a favor y 26 en contra.
En principio, Sagasti ocupará el sillón presidencial hasta julio de 2021. Además de gobernar para 32 millones de peruanos en plena crisis económica y sanitaria -ya se registraron 35 mil muertes por coronavirus en Perú-, el flamante mandatario tendrá la responsabilidad de organizar las próximas elecciones generales que, en abril de 2021, podrían poner término a la inestabilidad institucional que atraviesa y padece el país.
Bajo la lupa de la Fiscalía y removido por “incapacidad moral permanente” por el Poder Legislativo, Vizcarra ingresó a la cada vez menos selecta nómina de ex presidentes peruanos involucrados en actos de corrupción. Con su inclusión, seis de los últimos mandatarios han tenido algún contacto con la justicia: Alejandro Toledo, Alan García, Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra y Alberto Fujimori, quien a diferencia del resto, acusados o sentenciados por delitos económicos, está preso por violación a los derechos humanos.
