Diego Sanjurjo, doctor en Ciencias Políticas y estudioso sobre la seguridad pública, desarrolló gran parte de los artículos relacionados a esta temática de la Ley de Urgente Consideración (LUC) junto al equipo especializado en seguridad pública del canciller Ernesto Talvi.
El artículo 86 fue uno de los que propuso y escribió Sanjurjo. Según aseguró a Sala de Redacción, a la interna del equipo del Partido Colorado (PC) tuvieron “alguna discusión” al respecto, pero finalmente enviaron “la devolución del anteproyecto original y quedó. El Partido Nacional lo incorporó al proyecto de la LUC casi igual a como estaba”, dijo.
Dentro de la categoría seguridad pública, el artículo establece la elaboración de una estrategia nacional de reforma del sistema penitenciario y la adjudica al Instituto Nacional de Rehabilitacion (INR). Entre los cometidos fijados se destacan la evaluación del riesgo criminal para determinar perfiles de ingreso y egreso de los reclusos; clasificación y segmentación de la población en cárceles; tratamientos e intervenciones dependiendo de si son medios cerrados, libres o pospenitenciarios; atención al uso problemático de drogas; infraestructura, recursos humanos y materiales apropiados; diagnóstico, monitoreo y evaluación de las actividades llevadas a cabo.
—¿Cuáles son los objetivos concretos que se le encomienda al INR?
—Es un artículo un poco redundante en el sentido de que la ley que creó el INR ya dice que tiene que marcar sus objetivos a largo plazo. La LUC asume que la rehabilitación no está funcionando en Uruguay, que esos esfuerzos acertados o desacertados no están dando resultado, y lo único que queda frente a esta emergencia de seguridad que estamos viviendo es apostar por la cárcel.
En la ley hay realmente poco o nada relacionado a la rehabilitación. En el Partido Colorado nos parece que si bien entendemos las razones del capítulo de seguridad de la LUC y las compartimos, no nos satisface que quede así en el futuro cercano. Nosotros queremos traer un sistema penal que realmente esté abocado a la rehabilitación y que sea efectivo.
—Dijiste a La Diaria que apuestan al modelo carcelario europeo, ¿sigue siendo así?
—Esa era mi postura y la de Ciudadanos. El Partido Colorado tiene distintas posturas en la materia y ahora estamos apoyando la LUC del gobierno multicolor que tuvo los votos de la mayoría de la población, y bueno, hay que apoyarlo. Hay varios modelos pero efectivamente a nosotros nos gustaría que en el futuro Uruguay pueda apostar por un modelo como el de los países de Europa del Norte.
Con el Partido Nacional estamos de acuerdo en que actualmente nuestro sistema penal no rehabilita. No está funcionando como se debería, los recursos no se utilizan como deberían, reciben mucho dinero y no se recibe nada o muy poco a cambio; la situación es cada vez peor.
—Los demás artículos que se proponen en materia de seguridad pública, ¿cree que benefician la rehabilitación?
—Lo que queríamos hacer con este artículo es que el INR se proponga ser un Instituto Nacional de Rehabilitación en serio. De alguna forma obligarlo a través de la LUC a plantearse cómo deberían ser las cárceles, el sistema penal uruguayo de acá a 30 años.
—Implicaría una estrategia en la que se puedan llevar a cabo los objetivos que se persiguen. ¿Tienen estimado el tiempo que llevará concretar estas ideas?
—No lo hay, pero a corto plazo significa ahora, a partir de los próximos meses, a mediano plazo sería entre tres a cinco años y a largo plazo es de 10 a 20 años. El objetivo de este artículo es obligar o subrayar la necesidad de que actores de todos los lugares posibles se junten para elaborar una estrategia nacional de reforma del sistema penitenciario. Que realmente tenga metas a corto, mediano o largo plazo y busque encontrar una forma para que Uruguay deje atrás este sistema penal tan triste e ineficaz como el que tiene ahora.
Más allá de que el INR tiene entre sus finalidades delimitar una estrategia y objetivos claros, no los tiene, como tampoco lo suele tener la administración pública en muchas otras cosas. No hay realmente un plan que exprese qué clase de sistema penal queremos y cómo queremos que sea. La rehabilitación no está funcionando por las razones que sean. Tenemos cada vez más presos y delincuentes, ambas cosas correlacionadas van subiendo a la par. Además, la reincidencia es entre 60% y 70%
—¿Tienen a la cárcel de Punta de Rieles como modelo a seguir?
—En el Partido Colorado nos parece que la cárcel de Punta de Rieles en el contexto del sistema penal uruguayo es una especie de oasis, algo que llama la atención, es excepcional, va por el camino correcto pero a la vez es algo que es completamente circunstancial, no hay ningún plan detrás de Punta de Rieles. Si el director mañana se retira o no puede seguir ejerciendo su función en Punta de Rieles se deshace en un par de meses (Sanjurjo se refiere a Luis Parodi, que luego de la realización de esta entrevista renunció a su cargo). No es parte de un sistema donde están escritos sus objetivos y el porqué.
En el polo industrial (del ex Comcar) están mucho mejor pero a nosotros nos gustaría que cada instalación del sistema penitenciario tenga muy claro sus objetivos, cómo tiene que cambiar y funcionar, que tenga reglas. Sobre todo que el estudio, el trabajo, la terapia, los diagnósticos, la planificación del tratamiento que tienen que recibir las personas se pueda generalizar a todo el sistema. Queremos que se empiece a planificar.
Queremos que el Instituto Nacional de Rehabilitación tenga un documento madre, que sea una estrategia nacional para alcanzar los objetivos que se proponga, esperemos que se pueda empezar a trabajar con eso en este gobierno y que los siguientes lo continúen, ojalá.
—En algunos aspectos del artículo 86 se habla en términos generales, como “atender al uso problemático de drogas”. ¿Se adjudicarán luego objetivos específicos? ¿Cómo se va a llevar a cabo ese punto, por ejemplo?
—En este caso estamos hablando de que el INR tiene que desarrollar una estrategia, nosotros no le estamos diciendo cuál tiene que ser el contenido, no le decimos qué tipo de terapia tiene que tener la persona privada de libertad; lo que queremos es que sea el Instituto quien se proponga hacer ese documento, esa estrategia.
—Por lo que ha mencionado y se puede leer en el artículo se pretenden una serie de modificaciones en términos de recursos humanos y materiales, ¿qué presupuesto se le iría a destinar a estas medidas?
—Devuelta: es algo que tendría que definir el INR porque el financiamiento dependerá de los objetivos que se ponga para cada quinquenio. Nos parece que el presupuesto que tiene ahora es enorme para los resultados que está dando. Le falta un camino muy largo para que el gasto ese sea eficiente.
—En el artículo no se incluyen políticas de género. ¿Estuvo en discusión agregar políticas específicas?
—El tema de que las presas deben tener una política diferenciada a la de los presos es algo evidente en cualquier sistema penitenciario del mundo. Hay factores que indican que son poblaciones diferentes y hay que tratarlas distinto. En las últimas décadas se ha “sofisticado” ese tratamiento. A nadie que ejerza el poder o al INR, no se le ocurriría jamás tratar a las mujeres presas de la misma forma, son poblaciones complicadas que merecen un trato diferente.
Doy por hecho que en una estrategia así va a haber políticas completamente distintas para cárceles de mujeres o centros de internación de mujeres que para las cárceles de hombres.
—¿Cuál es el resultado que buscan alcanzar en caso de que el artículo se apruebe y se aplique?
—Lo que me gustaría es que el INR dentro de un año tuviese un libro donde dijese: “esto es lo que nosotros tenemos que hacer este año, el siguiente, dentro de cinco, diez y 20 años”. Paso a paso, construyendo el sistema penal como la gente, que ese documento se publique, llegue a las manos del ministro del Interior, que en el desarrollo del documento se pueda buscar un consenso de las distintas visiones de la sociedad, y que dé una hoja de ruta. Nos falta en muchas áreas realmente, pero en seguridad sin duda. El programa de la LUC es el consenso que logramos los cuatro partidos y pensamos que es la mejor política de consenso que podíamos alcanzar.
