El presidente José Mujica anunció, en su audición radial, su intención de llamar a un “plebiscito consultivo” para decidir sobre la pertinencia de la instalación de la minera Aratirí. El proyecto ha sido motivo de múltiples críticas tanto de productores de la zona, operadores turísticos y otras organizaciones sociales, como de la oposición política. A su vez, el mandatario lamentó que este tipo de recursos juridicos no esté previsto en la constitución uruguaya. Mujica agregó que desde el gobierno no se ha tomado una decisión definitiva, ya que su ocupación actual como mandatario no implica “laudar sobre el destino de semejante riqueza sin tratar de incluir en esas decisiones todas las variables posibles”
“Están haciendo política de hecho consumado” dijo Cristina, una productora rural de Cerro Chato que viene trabajando desde hace dos años en conjunto con otros productores, en contra de la instalación de la minera Aratirí en el Noreste del país.
“Somos productores chicos de entre cien y doscientas hectáreas y más chicos aún” dijo refiriéndose a las características de la zona. Es un lugar donde se practica especialmente la ganadería, debido a su suelo rocoso, poco proclive a brindar buenos resultados en la agricultura.
Cristina vive y trabaja en el campo junto a su familia como lo hacen tantos vecinos de la zona. “Nos enteramos por una vecina a la que le habían pedido el predio” dijo. Luego comenzaron las movilizaciones y reuniones informativas sobre la posible instalación de la minera. Actualmente son nueve los predios pedidos para ser explorados. Los vecinos presentaron recursos para impedir la exploración ante la Dirección Nacional de Minería y Geología (DINAMIGE). Cristina se muestra muy enojada con las autoridades de la minera ya que a su entender “no se han portado bien con nosotros”. Expresó su descontento ya que la etapa de exploración supone una continua perforación del suelo. “Te rompen acá, luego allá y luego más allá, te dejan el campo destrozado”. Afirmó que “entiende” a los comerciantes y personas de Cerro Chato por su actitud favorable hacia la minera. “El dueño de la única ANCAP de Cerro Chato juntó firmas para apoyar a la minera. Yo lo entiendo, ahí se cargan las cincuenta camionetas de la minera”. Los comerciantes “están vendiendo como en un Shopping porque son poquitos”. Según Cristina, el pueblo sufre una división social latente ya que muchos pobladores están en contra pero callan ya que “ el que más como el que menos tiene un hijo trabajando ahí”. Estos son, precisamente, los argumentos esgrimidos por los defensores de la minera: los puestos de trabajo generados por la misma y la prosperidad económica que brinde a la zona.
Desde las organizaciones movilizadas contra la instalación de la minera se alertan sobre el desplazamiento de trabajadores rurales de la zona; estiman que serían aproximadamente 2600 los trabajadores desplazados que actualmente están afiliados al BPS, además de tantos que trabajan en negro en establecimientos familiares. Según Stefano Faccio, actual secretario del diputado Luis Lacalle Pou, el coeficiente de empleo indirecto que generará no será mayor del trabajo afectado. Las organizaciones insisten: “Será una zona devastada, una sustitución por otra sustitución, después de esto no queda nada”.
Valentines es un pueblo de 300 habitantes en el departamento de Treinta y Tres, cuya particularidad está en su riqueza en agua dulce. La empresa detrás del megaproyecto, Zamin Ferrous, argumentó en favor de la colocación en esa zona de los galpones de lavado de las piedras extraídas, olvidando que el agua llegaría a bañar las aguas del Río Olimar, sin pasar por un pozo de decantación. El agua que se desecha del proceso llega al Olimar pasando por el arroyo Las pavas. Algunos vecinos afirmaron haber encontrado un cascarón marrón en la parte superficial de sus aguas. Las aguas de la Laguna Merín también recibirían su dosis de hierro, debido al trabajo de la minera en la parte más alta de la Cuchilla Grande.
La minera en cifras
La empresa afirmó que la etapa de prospección involucró unas 120 mil hectáreas en oposición a las 150 mil que se manejan desde los medios. La explotación, etapa siguiente del proyecto, supone unas 14 mil hectáreas, que incluyen un puerto y un mineroducto. La planta y mina ocuparían 6200 hectáreas.
El puerto se construirá en La Angostura, – según sugerencias del estudio de impacto ambiental realizado por la empresa-, utilizando un predio de 250 hectáreas perteneciente al ministerio de Defensa. Tendrá 1200 metros de frente a la costa oceánica y la Laguna Merín. Faccio afirmó que en primera instancia será de uso exclusivo para la minera, aunque no se descarta que luego se abra al uso comercial. La preocupación principal pasa por el impacto que pueda causar su instalación en una zona de gran atractivo turístico.
En cuanto a los mineroductos, Faccio habló sobre la preocupación de un posible quiebre de los mismos y el posterior deterioro medioambiental, como sucedió en la minera Alcala, Argentina.
Desde las filas de Aire Fresco, se pretende la interpelación de los ministros de Turismo, Industria y Vivienda, con la finalidad de “analizar la calidad de la que se plantea como la inversión más grande de la historia del país”. Faccio manifestó que en la bancada del Partido Nacional hay opiniones muy variadas: “Lacalle Pou es el abanderado del tema del no, mientas que Carmelo Vidalín esta a favor”.
Otra de las preocupaciones esbozadas es la relación entre la minería a cielo abierto y la aparición de casos de cáncer de mama, como los registrados en la provincia de Jujuy, Argentina.
El código minero aprobado en 1982 fue modificado en la cámara de diputados por lo que pasará próximamente al senado. “Primero habría que discutir el proyecto, después modificar el código y luego discutir si Aratirí es buena o mala, pero no negociar con la minera y después modificar el código como se hizo”, sentenció Faccio. Según la oposición, el Código minero se modificó “a medida” de la minera Aratirí.
Laura Rey
