Apenas se evaluó el potencial impacto de la emergencia sanitaria en Uruguay, el gobierno anunció la implementación de un paquete de medidas económicas para enfrentar la situación, con la creación de un fondo especial al que se destinarán 400 millones de dólares. El martes, una delegación del Frente Amplio (FA) presentó al presidente de la República, Luis Lacalle Pou, una propuesta de plan de contingencia sanitario, económico y social complementario. Una de las medidas sugeridas es destinar 250 millones de dólares adicionales para asegurar un salario mínimo nacional a la población vulnerable que se registre ante el Estado mientras duren las restricciones sanitarias . Según la oposición, la propuesta es viable, ya que Uruguay cuenta con importantes fortalezas financieras y económicas para solventarla.
En tanto esas ayudas se implementan, para buena parte de la población sobrevivir día a día es un desafío.
La cruda realidad
Valentina, Regina y Gabriela tienen algo en común: pertenecen al sector de la sociedad uruguaya que trabaja en la informalidad, junto con otros 400.000 hombres y mujeres que trabajan en la informalidad. Ahora, azotados por la crisis, sólo piensan en cómo sobrevivir.
Valentina es madre de dos niños. Mientras dialoga con Sala de Redacción confiesa que no tiene siquiera algún insumo para preparar la merienda de sus pequeños. La última vez que comieron carne fue porque un amigo les regaló un pollo. Si ajusta sus cuentas al máximo dispone de menos de trescientos pesos por día para vivir. Es acompañante terapéutica de escolares y empleada doméstica. Con el sueldo que aún cobra como acompañante -aunque no va a trabajar por la pandemia- paga el alquiler, el gas, la luz y el agua.
“Como no hay feria, salimos casa por casa a vender bizcochos y otras cosas, pero no vendemos ni la mitad de lo que se vendía antes. Haremos trescientos o cuatrocientos pesos”, cuenta en medio de su angustia. Con ese dinero diario compra ingredientes para los bizcochos del día siguiente y come lo que se pueda junto a sus hijos y su pareja. “Mis hijos son de padres diferentes y no me ayudan para nada”, confiesa. Los lunes en el club social del barrio los niños reciben una canasta solidaria de artículos no perecederos que ayudan a la familia a sobrellevar las penurias. “La realidad es que no tenemos un mango”, insiste, aunque sueña con la esperanza de que en julio su situación mejorará.
Otras realidades
Regina tiene 36 años, es fotógrafa independiente y madre de cinco hijos. En el preciso momento en que se confirmó el primer caso de Covid-19 en Uruguay su trabajo se paralizó. “Cancelaron todas las fiestas que tenía agendadas para trabajar y ahora no tengo ingresos”, rememora a Sala de Redacción. Aunque no tiene idea de qué pasará en su futuro y por el momento tan sólo sobrevive día a día, piensa que lo mejor es quedarse quieta, mantener la calma y rogar para que pronto “todo vuelva a la normalidad”.
Gabriela es repostera. Comenzó a elaborar en la cocina de su casa hace unos meses, cuando la empresa donde trabajaba cerró. “Mi situación laboral cambió radicalmente con esto del virus. Una amiga cocinaba conmigo los fines de semana y tuvo que dejar de venir. Imaginate cuánto le afectó a ella todo esto, cuando el único ingreso que tenía era lo que ganaba conmigo”, explica con tristeza.
Como para muchos otros uruguayos, el 13 de marzo será un día que no se borrará muy rápido en la memoria de Gabriela. De producir diez postres por semana pasó a vender uno -y con mucha suerte-. Según razona para tratar de entender su situación, el hecho de no tener locomoción propia y que la gente no pueda festejar son las causas de su fracaso. “Tenía previsto formalizarme y aportar como corresponde, pero ahora eso quedó muy lejos. Todo esto me destrozó anímicamente”, concluye.
Peligroso
El senador del FA Daniel Olesker explicó a Sala de Redacción que la delegación de su partido le propuso a Lacalle Pou “llegar a la población en condiciones de informalidad”. En particular, mencionó que a “desocupados, informales y beneficiarios de asignaciones familiares”, a quienes se le debería dar “la posibilidad de acceder a un subsidio que compense esas ayudas que puedan estar recibiendo en este momento y alcancen el monto de un salario mínimo de 16.300 pesos durante tres meses o el tiempo que más o menos dure la situación”.
Según expresa el documento de propuestas de la coalición de izquierda, estas medidas de contingencia proponen desarrollar una serie de acciones que fomenten el aislamiento social de la ciudadanía, siempre y cuando se garantice el acceso a los servicios básicos como la salud y la alimentación. Entre los potenciales beneficiarios el FA considera que alrededor de 200.000 ciudadanos ya están registrados en las bases de datos estatales por recibir alguna otra prestación.
Sala de Redacción consultó al senador socialista sobre las declaraciones del presidente Lacalle Pou en las que puso en duda que la informalidad sea solo del 25%. Olesker respondió que “dudar sobre la veracidad de las estadísticas es peligroso, ya que toda la construcción de políticas públicas en Uruguay se hizo siempre en base a buena información”. Agregó que “en los peores momentos del Uruguay en la década de los noventa, cuando hicimos muchas propuestas sobre el mercado de trabajo, siempre las hicimos tomando como dato la tasa de desempleo y la tasa de informalidad que surgían del Instituto Nacional de Estadística”.
