Guido Manini Ríos volvió a caer parado. Su omisión en el llamado “Caso Gavazzo” -cuando ante el Tribunal de Honor Militar que juzgaba los delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar, el torturador José Nino Gavazzo reconoció haber tirado el cuerpo del tupamaro Roberto Gomensoro al río Negro en 1973- fue la causa para que el fiscal Rodrigo Morosoli decidiera imputarlo a él, y sólo a él, por no informar a sus superiores en cuanto supo de las confesiones.
Morosoli, a través de un elaborado dictamen, solicitó una audiencia de formalización para el ex candidato a la Presidencia prevista para el 3 de octubre. Nunca sucedió.
La defensa de Manini presentó entonces un recurso de inconstitucionalidad contra dos leyes: la ley 19.334, que crea a la Fiscalía como un ente autónomo; y la ley 19.293, que estableció el Nuevo Código de Proceso Penal. La Suprema Corte de Justicia (SCJ) desestimó el pedido y encargó a la jueza Marcela Vargas que fijara una nueva audiencia.
A raíz de esto, el debate adquirió otro matiz: si Manini -como se esperaba- era electo senador el 27 de octubre, ¿podría ampararse en fueros parlamentarios? La discusión trasciende al ex comandante en jefe del Ejército.
Efectivamente, Cabildo Abierto (CA) obtuvo el 10 por ciento de los votos en las elecciones y Manini resultó electo senador, por lo que la audiencia fijada para el 1° de noviembre enfrentaría entonces dos grandes posturas del derecho constitucional. El artículo 114 de la Constitución de la República establece que “ningún Senador o Representante, desde el día de su elección hasta el de su cese, podrá ser acusado criminalmente, ni aún por delitos comunes”. Para que un legislador pierda sus fueros, dos tercios de los miembros de su misma cámara deben aprobarlo. En este caso, 21 senadores.
Pero el “momento de su elección” es algo difuso: de un lado se entiende que es literalmente el día de la elección y del otro, que empieza regir a partir de que la Corte Electoral proclama a los legisladores.
Para el ministro de la Corte Electoral, José Korzeniak, no hay dos sino tres posturas al respecto. Además de las dos mencionadas, se puede entender que los senadores no tienen fueros hasta el 15 de febrero, día que asumen la banca. El problema que surge de esta interpretación “es que la Cámara que está actuando no es a la que se va a integrar Manini Ríos”, y en la Carta Magna no queda claro si otra legislatura lo puede desaforar, más cuando se trata de un senador que no fue reelecto.
Ruben Correa Freitas, director del Instituto de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho, tiene una postura diferente. “Hace 30 años que sostengo esto en la cátedra: el texto de la Constitución es muy claro, se obtienen los fueros el día de la elección”, dijo, y añadió que la Comisión Permanente que sesiona en el Poder Legislativo “no tiene la potestad” de desaforar a Manini. Para Correa Freitas, desde el 27 de octubre Manini pasó a ser “un senador electo, al igual que habrá un presidente electo a partir del 24 de noviembre”, y por lo tanto tiene fueros.
Korzeniak, por su parte, consideró otra de las posturas que hay al respecto, por la que Manini aún sería “un ciudadano con aspiraciones”. Para Korzeniak cabe la lectura de que, hasta que la Corte Electoral no lo proclame, sigue siendo un candidato. En realidad, se deberían evaluar los efectos de la proclamación, si estos son “constitutivos o declarativos”.
“El domingo pasado se celebró un acto eleccionario tendiente a determinar la integración de las cámaras de representantes para la próxima legislatura”, comenzó el fiscal Morosoli su alocución en la audiencia. Todo indicaba que el funcionario se inclinaría por argumentar que el ex jefe castrense no tenía fueros hasta ser proclamado, pero sorprendió a todos. “En ese acto participó el señor Guido Manini Ríos teniendo los votos suficientes para ser senador de la República Oriental del Uruguay”, continuó, y acotó lo que sería un volantazo para el caso: “la fiscalía, sin desconocer las diversas aristas argumentales, entiende que corresponde aplicar el criterio según el cual los fueros se adquieren desde el día de la elección”. Morosoli dijo entender que esta postura “es la que más se ajusta al espíritu de constituyentes en cuanto a la protección de la actividad legislativa, porque es la que respeta con más cabalidad el principio de separación de poderes, que es lo que está en juego”.
“Desde el pasado 27 de octubre Manini Ríos goza de los privilegios constitucionales establecidos en los artículos 112 y siguientes de nuestra Constitución”. El fiscal añadió, además, otro aditivo: Manini, que siempre dijo que no quería ampararse en los fueros, no puede renunciar a ellos a menos que abandone su cargo.
“Es en este contexto que para seguir adelante la fiscalía debe pedir que se dé curso a la solicitud de desafuero”, finalizó Morosoli, antes de relatar los hechos narrados en su dictamen para que constaran en el audio que sería enviado a la Cámara de Senadores.
“Desde que usted entró acá no entró sólo, entró usted y entró todo el Parlamento, simbólicamente”, explicó la jueza a Manini. Cuando Morosoli terminó su exposición, los abogados defensores se llevaron al ex presidenciable aparte durante algunos minutos. De vuelta en la pequeña sala, la defensa comenzó su alegato en medio de un estupor más que evidente por el repentino cambio de circunstancias.
La defensa de Manini argumentó que su cliente efectivamente informó al entonces ministro de Defensa Nacional, Jorge Menéndez, en dos reuniones: una en el Club Naval y otra en uno de los Institutos de Medicina Altamente Especializada (IMAE). Además, aseguró que la participación de Gavazzo en la desaparición de Gomensoro es algo que se sabe desde el año 2002, cuando llegó a la Comisión para la Paz, pero que se mantuvo en secreto y que desde el gobierno se inició una persecución a Manini a raíz del cruce que tuvo en su momento con el ministro de Trabajo, Ernesto Murro. La defensa también indicó que el subsecretario de Defensa, Daniel Montiel, nunca supo de la confesión de Gavazzo por el “enfrentamiento político” que tenía con Menéndez, puesto que este pertenecía al Partido Socialista y Montiel al Movimiento de Participación Popular (MPP).
A la salida de la audiencia, uno de los abogados de Manini -y diputado electo por Cabildo Abierto-, Eduardo Lust, dijo tener pruebas para todo lo expuesto. Si bien Lust no actuó como abogado en esta audiencia, sí colaboró con la defensa y aseguró que tienen “mucha prueba documental y testimonial que demuestra que en el Poder Ejecutivo sabían todo lo que hoy se quiere imputar a Manini desde mucho antes“. De todas formas, dijo que la prueba verá la luz “cuando haya que presentarla“. “Hay pruebas de que Manini informó a Menéndez y que el Poder Ejecutivo sabía“, sentenció.
La audiencia de Manini volvió a caer en un limbo del que es difícil salir, y atravesó tanto a la justicia como a una de las discusiones más antiguas del derecho penal en un caso que podrá ser o no paradigmático, pero que seguro será el primer dolor de cabeza que enfrente la legislatura que asuma el 15 de febrero.
