El producto audiovisual de No a la Reforma contó con la participación de una veintena de personas y nueve voceros, entre ellos los periodistas Gonzalo Delgado y Eleonora Navatta, el abogado Juan Ceretta y la trabajadora social Andrea Tuana. Esto contrastó con lo presentado por Larrañaga una semana atrás, que tuvo al senador nacionalista como único interlocutor, sin ningún tipo de montaje a excepción de algunos gráficos y mapas; además, esta locución había sido más extensa, de nueve minutos y medio.
Otra diferencia notable en los discursos que se emitieron en cadena oficial es que mientras Larrañaga había expresado críticas directas al gobierno del Frente Amplio, la Comisión No a la Reforma apuntó contra el sistema político en general, por el acuerdo alcanzado en 2010 para aumentar las penas y el presupuesto en seguridad, en el entendido de que no ha frenado el crecimiento de la criminalidad.
La propuesta más compleja de Vivir sin Miedo radica en la creación inmediata de una Guardia Nacional, cuerpo de las Fuerzas Armadas que cumpliría funciones policiales y tendría al menos 2.000 miembros. Ceretta expresó que esta propuesta viola las recomendaciones de la Corte y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos acerca de mantener claramente separadas las funciones de seguridad pública de policías y militares: “es apagar el incendio con nafta”, concluyó. Para defenderse de ese tipo de críticas, Larrañaga había dicho en su cadena que cuerpos militares ya ejercen funciones policiales en las guardias perimetrales de algunas cárceles, en la Prefectura Nacional Naval y en la Policía de Seguridad Aeroportuaria, y que este tipo de críticas “obedecen exclusivamente a prejuicios ideológicos”.
Ambas alocuciones coincidieron en que la inseguridad es una problemática actual y toman en cuenta el crecimiento de las cifras de delincuencia en Uruguay, aunque No a la Reforma no las detalló. Cada uno apeló a las experiencias en la región, en especial a las de Brasil, México y Chile, para defender sus ideas. Los contrarios a la reforma recogieron datos de la intervención militar en Río de Janeiro en 2017 -ordenada por el entonces presidente Michel Temer- que provocó un aumento del 61% de tiroteos y de 35% en homicidios en la comparación interanual con 2018; en el caso de México, desde 2006 a la fecha la cantidad de asesinatos aumentó un 250% tras la militarización de las fuerzas de seguridad. En cambio, Larrañaga había afirmado que “nada tienen que ver” estos modelos con los de su propuesta.
Uno de los puntos de la reforma que propone cambios en la Constitución de la República es sobre los allanamiento nocturnos, que están prohibidos desde la aprobación de la carta magna de 1830. Esta protección, según Larrañaga, es aprovechada por los delincuentes que usan viviendas para crear bocas de venta de droga, lo que deja “rezagada” a la legislación uruguaya frente a la región. En cambio, los militantes de la contrarreforma sostuvieron que esta medida es ineficiente porque tras un allanamiento nocturno, “cualquier boca de venta de droga abre al día siguiente en otro lugar”. Además, Tuana resaltó que un allanamiento nocturno en casas donde habitan niños “implica una situación traumática de alto impacto” para ellos.
El eje acerca del endurecimiento de las penas se enfocó en concientizar sobre los daños que genera la reclusión y en promover mejores políticas de reinserción y de prevención del delito; como posibles soluciones se mencionaron los modelos de seguridad de Suecia y Finlandia con sus “prisiones modelo” y programas de reinserción que, aseguraron, han disminuido la criminalidad. Sin embargo, los voceros no se refirieron explícitamente a la reclusión permanente revisable ni a la propuesta de prohibir la libertad anticipada de quienes comentan delitos graves y gravísimos. Sobre este punto, Larrañaga había dicho en su intervención que le parecía “ilógico” que las penas fijadas por los jueces se terminaran incumpliendo por “una cantidad de beneficios liberatorios”.
