En agosto se cumplen dos años de la aprobación de la Ley de Salud Mental. Ante la falta de avances se llevó a cabo un evento* que reunió a varias organizaciones y profesionales de la salud mental.
En su momento, para la creación de esta reglamentación el Ministerio de Salud (MS) decidió convocar a seis grupos de trabajo. Estos grupos estuvieron integrados por profesionales en psiquiatría y psicología, familiares y usuarios de centros de atención mental y miembros de asociaciones como Radio Vilardevoz.
Muchos de los miembros de estos grupos convocados quedaron poco conformes con las resoluciones tomadas por parte del MS. El hecho de que algunas de las propuestas planteadas por estos integrantes sean rechazadas, sumado a diferencias con el órgano rector y con el léxico utilizado en la redacción de la ley, llevaron a que estos decidieran unirse para que se tengan en cuenta sus inquietudes.
Guillermo Luzardo y Ariel Carozo participaron de estos grupos de trabajo en representación de Radio Villardevoz. Ambos afirmaron a Sala de Redacción que desde la aprobación de la ley se dieron “pasos muy cortos”, ya que sólo se reglamentó un decreto con nueve artículos.
“La idea es que una vez que esté conformado el frente antimanicomial, nos reunamos y que todos los que participamos en los grupos de trabajo expongamos en qué cosas estamos de acuerdo y en cuáles no”, explicó Carozo.
Al ser consultados sobre las principales discrepancias que tiene con la ley, Carozo afirmó que la utilización del término trastorno es la primera gran diferencia: “nosotros no adherimos a la utilización de ese tipo de terminología, no usamos ese termino con la gente”.
Por su parte Luzardo enfatizó en que lo que más le preocupa es la instrumentación de la ley: “se establece la creación de un dispositivo alternativo a los hospitales psiquiátricos. Nuestra preocupación es que se lleve a cabo, pero que después se terminen reproduciendo las mismas lógicas que se estaban dando hasta ahora, que promovían violaciones de los derechos humanos. Eso es lo que buscamos cambiar”.
La ley establece un plazo de cierre para instituciones como el Hospital Vilardebó que culmina en 2025 y la idea es que sea progresivo. Sin embargo, para Carozo es urgente que se empiecen a crear las llamadas casas de medio camino. Luzardo explicó que estos dispositivos alternativos son un punto intermedio entre la hospitalización y la casa del paciente. En estas instituciones se le da al individuo un grado de independencia y se busca que haga lo mismo que haría en su casa pero acompañado.
*”Puesta a punto de la reglamentación de la Ley de Salud Mental 19.529: hacia la creación de un frente antimanicomial”, realizada el 4 de junio en la Facultad de Psicología.
