El gremio de funcionarios de El Correo Uruguayo se encuentra en conflicto en reclamo de más personal para el desarrollo de las tareas en esa dependencia estatal. Según afirman desde el sindicato, el gobierno se había comprometido a cumplir con esa demanda el año pasado, pero no se concretó en su totalidad. En diciembre de 2018 los funcionarios tomaron medidas de lucha que incluyeron la no recepción de envíos postales certificados y la realización de paros generales, en un momento del año en que la correspondencia se triplica debido a las fiestas.
Según se advierte desde el gremio, muchos de los funcionarios postales de El Correo Uruguayo -en su mayoría carteros- se jubilaron en masa, lo que ocasionó un vacío en las oficinas de las carterías de todo el país. Juan González, presidente de Asociación de Funcionarios Postales del Uruguay (AFPU), dijo a Sala de Redacción que la estadística muestra que en 2018 unos 90 funcionarios postales que dejaron de trabajar en la empresa por distintos motivos: destituciones, renuncias, fallecimientos o jubilaciones.
El sindicalista contó que este problema, que originó el conflicto y viene desde 2017, hizo que se realizaran llamados externos para ocupar las vacantes, a los que se postularon cerca de 50 mil personas, entre ellos funcionarios que estaban tercerizados en la empresa pública. Sin embargo, los ingresos no se concretaron debido a un “freno” del Poder Ejecutivo en el segundo semestre de 2018, según señalan desde el gremio.
Según contó el presidente de AFPU, a principios de 2018 el gobierno nacional y El Correo acordaron el ingreso de aproximadamente 200 funcionarios postales nuevos, lo que quedó registrado por escrito. Los llamados externos comenzaron a realizarse en agosto, pero el gobierno cambió sobre la marcha. “La comunicación de la decisión del Poder Ejecutivo sobre que no ingresaría más personal cuando ya se estaban realizando entrevistas y estaba marcada la primera lista de ingreso nos cayó como un balde de agua fría”, afirmó.
“Nos encontramos con que la primera tanda de ingresos no estaba autorizada por el Ejecutivo, cuando había un acuerdo firmado anteriormente”, recordó su presidente. Al mismo tiempo, aseguró que el sindicato debió mostrar que la necesidad del ingreso de nuevos funcionarios era real, a partir de estudios que habían realizado en conjunto con la entidad estatal. “El relevamiento final para el ingreso que El Correo nos marca es que se necesitan 200 funcionarios nuevos para todo el país”, dijo González. Según aseguró, de esa forma se cubrirían todas las vacantes existentes en diferentes puntos del país. “Nuestra empresa nunca llego a tener más de 2.000 funcionarios, como sí tienen otros entes”, lamentó.
En la búsqueda de una salida
González relató que después de esa situación el gremio buscó negociar y convencer al gobierno, que manifestaba desconocimiento sobre el pedido de la empresa postal, que ya había tomado estado público. Ello desembocó en que AFPU tomara medidas de lucha para ser escuchado por el Poder Ejecutivo y particularmente por el Ministerio de Economía y Finanzas. De esa forma, se realizaron cortes de tareas, paros de 24 horas y la medida más drástica, tomada por unanimidad en una asamblea en donde participaron funcionarios de todo el país, fue la no admisión de envíos certificados, encomiendas nacionales e internacionales, caravanas de ganado del Ministerio de Ganaderia, Agricultura y Pesca (MGAP) y registros del Instituto de Regulación y Control del Cannabis.
“Mientras el conflicto estaba vigente, en el edificio central se seguían haciendo entrevistas para el ingreso del personal: mientras el Titanic se hundía, la orquesta seguía tocando”, sentenció González. Las medidas del sindicato tuvieron un efecto inmediato en el accionar de El Correo que, por ejemplo, vio cómo el MGAP solicitó la ruptura del acuerdo con el organismo postal porque estaba afectando la política de trazabilidad de ganado que lleva adelante el ministerio, lo que implicó la pérdida de un importante cliente para El Correo.
La escasez de funcionarios también generó inconvenientes en las carterías zonales, ya que quedaron radios vacantes para el reparto de correspondencia. Según explicó González, el factor principal que generó esa situación fue la jubilación masiva de trabajadores, que tenían un promedio alto de edad. “Hay 35 radios en Montevideo que están vacantes. Si este problema seguía vigente, ¿cómo sería la situación el año que viene? Creo que peor, no podíamos patearla para adelante”, detalló, y agregó que “El Correo Uruguayo necesita gente para realizar las tareas”.
El reclamo de los usuarios a causa de las demoras en la entrega y la necesidad de recibir la correspondencia en tiempo y forma se hizo sentir. Consultado al respecto, González señaló que antes de que se declarara el conflicto ya había radios vacantes en todo el país, ya que muchos trabajadores postales no podían realizar horas extras. “Si nosotros queríamos ‘poníamos un parche’ y seguíamos en carrera, ¿pero qué hubiera pasado a futuro, sabiendo la realidad de funcionarios postales que se retiran cada año? Se hubiera convertido en un caos”, consideró.
Consultado sobre la toma de medidas en diciembre, mes en el que hay más trabajo, el sindicalista señaló que no era lo esperado y que las medidas debieron tomarse en ese momento para obtener una respuesta rápida del gobierno. “La mayoría de los sindicatos hace los paros en la época donde mas puede afectar, por ejemplo, el sindicato de la bebida en verano o el del gas en invierno; nosotros no buscamos eso, hicimos los paros por una realidad, no por oportunismo”, declaró.
Una salida
Después de varias idas y vueltas se consiguió que 63 nuevos funcionarios ingresaran al organismo en febrero de 2019. Pese a que no es la totalidad de lo prometido en un principio, González señaló que ello alivió un poco la situación y sirvió para evitar que funcionarios realizaran más tareas y trabajaran más horas. Además, contó que con ello se logró que las 25 toneladas de correspondencia que se estaban detenidas en las plantas se fueran repartiendo de a poco. Esta solución hizo que el sindicato levantara el conflicto, más allá de que la preocupación de AFPU por contar con más funcionarios sigue vigente.
En año electoral el gremio busca otras alternativas para tapar los agujeros que hay en las actividades de El Correo y que se van agrandando de a poco. “La idea que se planteó fue que entre personal con un contrato de carácter zafral para dentro de unos meses, como alternativa para mejorar el servicio por el momento; nos encontramos en una situación crítica para la institución”, entendió González.
En suma, la mejorar de las condiciones laborales del sector tercerizado también es una de las materias pendientes que desde el sindicato buscan atender. “Muchos de los que están en carácter de privados realizan tareas iguales a las de nosotros, pero, sin embargo, su remuneración económica es baja. Además, la empresa que trabaja con nosotros a veces no se hace cargo de recursos básicos que ellos necesitan para trabajar. No puede ser que alguien que realiza la tarea de chofer o de atención al cliente gane aproximadamente 15 mil pesos, menos de la mitad de lo que gana el funcionario público postal” por la misma tarea, concluyó el sindicalista.
