El Poder Ejecutivo propone una nueva modificación a la ley que en el 2009 creó el tercer nivel de gobierno. La iniciativa considera la posibilidad de crear nuevos municipios en localidades de menos de 2000 habitantes, los más pequeños con alcaldes honorarios. También sugiere reducir la cantidad de ediles en las juntas departamentales.
La Comisión Especial de Asuntos Municipales de la Cámara de Diputados se encuentra debatiendo los cambios a la Ley de Descentralización y Participación Ciudadana que propuso el Poder Ejecutivo a mediados de setiembre de este año. Entre las modificaciones más importantes que se proponen para la ley se encuentran la creación de municipios de menos de dos mil habitantes, la reducción de la cantidad de ediles que forman parte de la Junta Departamental, la institucionalización del Congreso de Ediles y el Plenario de Municipios y la regulación del ingreso de los funcionarios municipales.
Estos cambios generaron posturas a favor y en contra dentro del Frente Amplio (FA) y del Partido Nacional (PN). El diputado frenteamplista Daniel Caggiani declaró a SdR que “hay visiones diferentes dentro del FA. Hay algunos compañeros que entienden que no es el momento oportuno para hacer modificaciones a la ley”. Por el lado del PN se organizó una reunión a fines de octubre entre los precandidatos a la presidencia y el diputado y presidente de la Comisión de Asuntos Municipales, Omar Lafluf, donde se tomó una postura contraria al proyecto que presentó el Ejecutivo. En diálogo con SdR Lafluf dijo: “mi planteo a los candidatos es que hay que descentralizar el gobierno nacional primero y los gobiernos departamentales a los municipios. Acá se hizo al revés, se salteó el gobierno departamental y se fue derecho a los municipios. Además como dicen muchos intendentes, un año electoral no es el momento para hacer grandes transformaciones. Es una discusión importante”, que debe darse en otro momento.
La Ley de Descentralización y Participación Ciudadana ha sufrido varias modificaciones desde su creación en setiembre de 2009. En primera instancia se aprobó la ley 18.567 que creó los municipios de cara a las elecciones departamentales de 2010. En 2014 surgió la actual ley, la 19.272, que derogó la anterior y entró en vigencia en junio de 2015. Seis meses después se modificaron algunos artículos y en setiembre de este año se volvió a plantear el debate para introducir cambios nuevamente. Según el diputado Caggiani, “esta debe ser de las leyes que tienen más modificaciones si se toma en cuenta la cantidad de años que lleva vigente”.
Menos ediles
Uno de los puntos que divide al gobierno y a la oposición es el planteo de la reducción de ediles dentro de la Junta Departamental. El proyecto propone “ajustar la representación a razón de un miembro cada cinco mil ciudadanos inscriptos en el departamento, ajustados de forma tal que el número de integrantes del órgano sea impar, de no menos de 11 y no más de 31”. Y agrega que “de acuerdo a los establecido en el artículo 269 de la Constitución, se requiere para ello el voto de dos tercios del total de cada Cámara”.
El diputado Lafluf se manifestó en contra ya que considera que esta modificación disminuye la representatividad: “nos parece que hoy ese no es el camino. Unos cuantos departamentos pasarán a tener 11 ediles, pero como el partido que gana el gobierno departamental tiene la mayoría, seis ediles serán del partido mayoritario y el resto tendrá los otros cinco. En los departamentos chicos, Río Negro por ejemplo, se perdería representatividad porque habría menos ediles que representen a las localidades más pequeñas”.
Por su parte Caggiani se mostró abierto a debatir la propuesta: “me parece importante dar esa discusión, sobre todo cuando se trata de la representación de la ciudadanía en un ámbito tan importante como lo es la Junta Departamental”. Además recordó que la reducción del número de ediles en todo caso dependerá de una mayoría especial como lo establece la Constitución: “la propuesta puede quedar trunca ya que requiere mayoría especial para ser aprobada”.
Creación de nuevos municipios y sueldo honorario para algunos alcaldes
La modificación que envió el Ejecutivo a la Comisión Especial de Asuntos Municipales de la Cámara de Diputados establece la creación de municipios de más de mil habitantes. Actualmente toda localidad con una población mayor a dos mil habitantes debe constituir un municipio. En caso de que el número sea menor también se puede constituir un municipio si la Junta Departamental lo dispone por dos tercios de los votos, si existe la iniciativa del intendente o del 15 por ciento de los inscriptos residentes de una localidad. En caso de que se creen municipios de menos de mil habitantes, se propone que los miembros del Consejo Municipal sean honorarios.
El diputado Caggiani declaró a SdR que está de acuerdo con la medida: “me parece muy buena esa idea y quizá se queda corta. Creo que hay que pensar en ir más lejos y tratar de establecer un límite mayor, que los municipios que tengan menos de cinco mil habitantes sean honorarios”. Además agregó que “podría ser importante, sobre todo para que la ciudadanía entienda que ésto no se hace con el fin de que algunos puedan tener un cargo de responsabilidad para beneficiarse personalmente o vivir de ese sueldo, sino que en realidad representa una vocación mucho más importante como la de apoyar una localidad”.
Por su parte, Lafluf fue tajante cuando se le consultó sobre esta modificación: “no estoy de acuerdo en absoluto” y agregó que “quizás es mucho más importante la tarea de un municipio en un lugar alejado”, haciendo referencia a las localidades de menos de mil habitantes, justamente donde se propone que el sueldo de los alcaldes pase a ser honorario.
¿Descentralización o desconcentración?
En la exposición de motivos que el Poder Ejecutivo presentó con la modificación de la ley 19.272 se establece que “el gobierno nacional, los gobiernos departamentales y municipales deben desarrollar capacidades dirigidas a dar respuestas a las demandas ciudadanas […] enfatizando a la descentralización como motor del desarrollo y del bienestar general”.
Lafluf opinó que en algunos casos “el Poder Ejecutivo lo que hace es desconcentrar pero no descentraliza. Por ejemplo, los centros MEC son una desconcentración de un pedacito del Ministerio de Educación y Cultura en todo el territorio. Si fuera una verdadera descentralización, le pasarían esa potestad a los municipios”. Caggiani declaró que, a pesar de que el argumento de desconcentración fue utilizado por algunos intendentes del PN, la ley “sí descentraliza y genera una materia municipal”.
El diputado del FA atribuyó la falta de distribución de tareas a algunos intendentes: “a veces se parte de una visión demasiado centralista del poder, desde el punto de vista de la capital del departamento, lo cual no es bueno para el Uruguay y para la política en general. Quizás en algunos departamentos se han delegado algunas competencias y le ha faltado al gobierno departamental descentralizar recursos humanos y materiales para que se pueda llevar adelante la tarea por parte del consejo municipal”.
Lafluf advirtió que los municipios están sujetos a la relación que tengan con el gobernante de turno a la hora de obtener fondos para desarrollar sus funciones: “cuando hablás con los municipios te das cuenta que muchas de las tareas que realizan dependen de la buena relación que tengan con el intendente. Se votó un artículo en el presupuesto quinquenal que dejó a los municipios sujetos a su jerarquía”. El diputado indicó además que para evitar esa dependencia es necesario “definir un mínimo de tareas a cumplir” en cada localidad. “Los municipios quieren saber qué funciones tienen, cuáles son sus competencias, que tipo de ordenador de gastos son. Quieren recibir sus recursos directamente y que no vaya a través de la intendencia”, resumió.
Con personalidad
Desde el FA y del PN hay consenso en avanzar en un punto de la ley: la institucionalización del Congreso de Ediles y del Plenario de Municipios. La modificación que propone el Poder Ejecutivo implica otorgarle personalidad jurídica y establecer miembros fijos para que la organización de ambos cuerpos sea más organizada.
El diputado Lafluf resaltó la importancia de estos cambios: “Hoy el Congreso de Ediles es una ONG. (Con los cambios propuestos) se le otorga una forma de funcionamiento diferente y un reconocimiento más legal. Hay que definir cómo funcionará, si tendrá una mesa permanente, una presidencia, cómo se conformará. Qué recursos tendrán para su instrumentación, qué cometidos, qué funciones”. Por su lado, Caggiani afirmó que para los miembros del Congreso “la institucionalización, que es uno de los aspectos que propone el proyecto de ley, les es ampliamente beneficioso y están de acuerdo”.
Gastón Beltrán