Eduardo Rubio. Foto: Parlamento
El proyecto de ley, que ya fue aprobado en la Cámara de Diputados, tiene por objetivo beneficiar a familias con ingresos menores a 20 Bases de Prestaciones y Contribuciones (que serían aproximadamente 77 mil pesos nominales) para que puedan pagar su vivienda con una cuota mensual que equivaldría al 10 por ciento de su sueldo. Rubio explicó a SdR que este sector de la población no está contemplado actualmente en ninguno de los planes que están en marcha por parte del Estado.
Según el diputado, este proyecto es “muy distinto” a los que actualmente están vigentes en la Agencia Nacional de Viviendas (ANV). Por ejemplo, se diferencia del proyecto denominado Vivienda Promovida en que se exonera a las empresas constructoras de algunos aportes tributarios pero el precio final de la vivienda no se corresponde al monto que puede pagar por mes la mayoría de las familias.
El proyecto Vivienda Popular menciona que las constructoras de los inmuebles deben ser empresas nacionales y departamentales que utilicen mano de obra y materiales uruguayos. Rubio enfatizó que se deberá trabajar con empresas de los diferentes departamentos, según la zona donde se vaya a construir, para promover el uso de la mano de obra local. “La idea de esto es que el Estado invierta en la construcción de viviendas en todo el país”, agregó Rubio.
El plan también propone que en la licitación se le dé prioridad a las cooperativas de obreros de la construcción frente a las empresas privadas, ya que “ante el alto nivel de desocupación en la construcción se han conformado cooperativas de obreros que se deben priorizar siempre y cuando garanticen el cumplimiento de los objetivos de la obra”, planteó el diputado.
Asimismo, el proyecto permite acceder a la compra de vivienda nueva sin tener ahorro previo y no toma en cuenta antecedentes crediticios (como haber estado en el clearing de informes) ni financieros. Tampoco tiene un tope de edad. La única condición excluyente es que el beneficiario del plan no sea propietario de otro inmueble.
Ante cuestionamientos presentados por varios sectores políticos sobre el financiamiento del plan, Rubio aclaró que se realizará a través de los fondos de rentas generales y de los pagos de los beneficiarios del mismo. Otra crítica que recibió el proyecto por parte de los legisladores es que no contempla el alquiler de una vivienda, solamente propone la compra del inmueble. Rubio sostuvo que el proyecto está únicamente pensado para que “la gente compre en estas condiciones, es una compra subsidiada para garantizar el acceso a la vivienda”.
El comprador tiene, al igual que con los planes del Banco Hipotecario del Uruguay (BHU) y de la ANV, 25 años para pagar su vivienda. El proyecto contempla que en el caso en que el beneficiario no pueda pagar la cuota mensual, este tiene la posibilidad de reducir su cuota y en algunos casos suspender la misma por determinado tiempo. Ese lapso en el que estuvo suspendido de la cuota, se cargará al finalizar los 25 años. Por ejemplo, si se suspendió la cuota cinco meses, al final tiene que pagar durante 25 años y cinco meses. Este atraso o suspensión parcial de la cuota no generará multas o recargos a diferencia de los actuales planes que tienen el BHU y la ANV. “No se castiga doblemente a la gente que, por ejemplo, pierde el trabajo y además pierde la casa”, apuntó el diputado.
El plan señala que las viviendas deben tener una superficie mínima de 50 metros cuadrados y al menos un dormitorio. Si bien los topes de costos de las viviendas no están establecidos, el diputado señaló que la idea es que el Estado compre al por mayor los elementos de construcción para reducir costos y que el precio final sea el menor posible. “Todos estos elementos se van a ir marcando en la reglamentación de la ley”, explicó.
El proyecto de Vivienda Popular fue presentado a mediados de 2015 y luego de varias correcciones fue aprobado en la Cámara de Representantes en marzo del presente año con los votos de diputados del Partido Colorado, el Partido Nacional y del diputado Darío Pérez del Frente Amplio. El proyecto ingresó al Senado los primeros días de este mes.
Carla Olivera
