Tapa del libro de Gerardo Núñez
En 2006, la entonces ministra de Defensa Nacional, Azucena Berrutti (2005-2008), encontró en una dependencia de su cartera un cúmulo de 114 rollos de microfilms de documentos militares incautados. Los documentos refieren a labores de inteligencia militar y policial entre 1985 y 1995, y se denominaron metonímicamente “archivo Berrutti”.
Luego, se realizó un proceso de constatación, registro y digitalización de los rollos que derivó en la creación en diciembre 2016 de la “Comisión Investigadora sobre posibles actos de Inteligencia de Estado, violatorios de la norma legal y constitucional, llevados a cabo por personal policial o militar desde 1985 a la fecha”, que culminó en agosto de este año.
El trabajo de la comisión se sostuvo en el análisis del archivo Berrutti y en testimonios y declaraciones de los citados, en su mayoría diversos responsables de dependencias policiales y militares en el período comprendido. La principal conclusión fue contundente: existió espionaje sistemático en democracia sobre partidos políticos, organizaciones sociales, sindicales y estudiantiles; medios de comunicación e integrantes de los poderes del Estado por agencias militares y policiales.
El diputado frenteamplista Gerardo Núñez, quien presidió la comisión, recogió todo ese trabajo en el libro “Espías de la democracia, la red de la impunidad”, publicado por la editorial Fin de Siglo. La obra tuvo su presentación oficial el sábado 13 en la 41ª Feria del Libro. Estructurado en cinco capítulos, el libro recorre los inicios de la investigación desde el hallazgo del archivo Berrutti, la creación de la comisión y sus objetivos; las razones detrás del espionaje ilegal; los métodos empleados; las víctimas y los responsables.
Los responsables de la impunidad
En el capítulo cinco, “Los responsables del espionaje y la impunidad”, el autor se cuestiona si las acciones de espionaje ilícitas de militares y policías en democracia fueron autónomas o bajo directivas de gobierno. La investigación abarcó los períodos de gobierno de Julio María Sanguinetti 1985-1990 y 1995-2000, además del gobierno de Luis Alberto Lacalle entre 1990 y 1995. Núñez concluye: “Los gobiernos sabían”.
En su libro plantea: “Además de que los gobernantes tomaran contacto con los casos de espionaje y las denuncias sobre violaciones a los derechos humanos cometidos en dictadura, hay suficiente constancia para afirmar que, a su vez, estaban en conocimiento de casos de espionaje ocurridos en democracia durante sus gobiernos”. “La responsabilidad de Sanguinetti es ineludible, pero siempre tiene la habilidad de justificarse y de eso se trata la impunidad y sus efectos en la cultura”, comentó el diputado frenteamplista a SdR. Recordó que el dirigente colorado en su testimonio en la comisión recurrió a la “teoría de los dos demonios” para justificar la existencia del espionaje ilegal, “que ha sido tan dañina para el Uruguay” y a la que se recurrió entre otras cosas para justificar el avance de la represión frente “sectores de izquierda que querían socavar las bases democráticas del Estado de derecho”.
“Fue el que escribió varios libros intentando reconstruir el pasado reciente desde la lógica de la impunidad, forzando la realidad a niveles escandalosos que no resisten la más mínima crítica desde el punto de vista histórico (…) Fue el que negó el espionaje durante casi 30 años, lo negó hasta que las pruebas lo obligaron a admitir la realidad. Ese es Sanguinetti, el padre de la impunidad”. Así se refiere el diputado al ex presidente colorado en un apartado dedicado a su testimonio en la comisión.
Núñez explicó a SdR que esa afirmación parte de “haber analizado cómo se formó y cómo se creó la Ley de Caducidad, conocida como la ley de impunidad, cuyo principal impulsor fue el doctor Sanguinetti. En esa ley se incluía, nada más y nada menos, que la creación de la Dirección General de Información de Inteligencia, dependiente del Ministerio de Defensa, que fue casualmente la que luego se encargó de desarrollar el espionaje militar en democracia. Se usó para frenar, entre otras cosas, los procesos de verdad y justicia y la lucha contra la impunidad que se venía desenvolviendo en nuestro país”.
Por su parte, la historiadora y autora del prólogo del libro, Isabel Wschebor, planteó que el argumento de Núñez “parece siempre convincente y muy interesante”, pero “las cosas prenden donde hay mecha. Nadie es todopoderoso”, hay “un conjunto de factores que permiten actuar con impunidad”. Aclaró que no le quita responsabilidad a Sanguinetti, pero “es el primer libro que aborda esta problemática, que la desarrolla de esta manera y que acaba de salir. Ahora lo que tenemos que hacer es reflexionar sobre eso, analizarlo y entenderlo bien”.
Lacalle no fue citado por la comisión. De todas formas, documentos certifican la existencia de espionaje durante su mandato y el hecho fue respaldado por el testimonio del capitán retirado, Héctor Erosa, quien aseguró que entre 1990 y 1996, en el Batallón de Ingenieros de Combate Nº 2 de Florida en aquel momento a cargo de Eduardo Ferro, se realizaron tareas de espionaje. El libro agrega un elemento más que, según el diputado, los responsables no han podido explicar: “A partir del año 1993 casi se triplica la cantidad de funcionarios militares destinados a las tareas de inteligencia en el Ejército. En 1992 se registraban 54; en 1993 pasaron a ser 144”.
Una victoria de la verdad
“Que Sanguinetti haya tenido que reconocer el espionaje en democracia es una victoria de la verdad, es un triunfo de la realidad sobre la ficción que quisieron mantener, y fue posible como resultado de una lucha superior que evidentemente desborda la temática del espionaje ilegal, que tiene mucho que ver puesto que la impunidad es el elemento común y unificador de una lucha popular, que es integral”, sostiene el diputado en su libro.
Sin embargo, esta victoria debe hacerse eco en otros espacios del sistema para lograr mayores resultados: “Si en nuestro país existe una justicia independiente que de verdad quiere ir a lo profundo para generar procesos de verdad y justicia y derrotar de esa manera la impunidad, yo creo que debería ser uno de los principales indagados en esta temática”, expresó Núñez. No obstante, un aspecto que destacó como positivo fue que “a los luchadores de los derechos humanos nos queda la posibilidad de colocar estos temas en el debate público para que, al menos, desde el punto de vista histórico, social y cultural, exista una fuerte condena a este tipo de atropellos que se desarrollaron en nuestro país y que tiene efectos hasta en la actualidad”.
Para Wschebor, el reconocimiento de la existencia de espionaje ilegal de Sanguinetti implica “volver a la mirar la transición democrática como un proceso complejo”, en donde “hay actores que estimulan el avance de ciertos procesos y sacrifican el avance de otros”. En el proceso de transición de la dictadura a la democracia “se jerarquizó el retorno al poder de las estructuras partidarias y se sacrificó en la denuncia, la condena y el cuestionamiento de ciertos códigos de actividad vinculados con la violación sistemática de derechos humanos. Frente a esa situaciones, se decidió poner esos temas a un costado para poder acelerar con los procesos de instalación de la democracia”, indicó la historiadora.
“No estoy quitando importancia a ese hecho. Lo que quiero decir, es que lo que cada uno jerarquiza y sacrifica. Obviamente, Sanguinetti sacrificó las posibilidad de revisar y denunciar los mecanismos de persecución sistemática. Eso tuvo una secuela en que la inteligencia siguiera funcionando más o menos de la misma manera que funcionaba en dictadura”, agregó la historiadora.
Núñez planteó que los hallazgos de la comisión permiten un acercamiento en el “proceso de verdad histórica a lo que efectivamente fue, al papel que jugó (Sanguinetti) en esa transición, que favoreció a los represores y a los que impulsaron un modelo económico y cultural en Uruguay durante la dictadura, que benefició a los torturadores y violadores. Nos vamos acercando cada vez más al verdadero rostro de Sanguinetti”, manifestó.
Sobre el rol que jugó Sanguinetti, criticado por Núñez, Wschebor acotó que el hecho de que haya “memorias” que “debaten entre sí es una cosa súper sana para la democracia”. “Después están las responsabilidades políticas, el libro de Gerardo Núñez es muy convincente en relación a las responsabilidades políticas que tiene Sanguinetti con respecto a la investigación ilegal de las personas”.
Lucía Gandioli
