Se estima que los ingresos del Banco de Previsión Social (BPS) serán unos 11.181 millones de dólares y los egresos otros 11.870 millones. El déficit llegará a los 689 millones de dólares a fines de 2018, un 56,6 por ciento más que en 2016 y un 21,3 por ciento más que en 2017, según los datos que el organismo envió al Poder Ejecutivo.
Para la economista, el planteo de aumentar los ingresos, es decir, los aportes personales (el 15 por ciento del sueldo de cada trabajador) y patronales (el 7,5 por ciento), no es viable “ya que están bastante altos comparados con países de América Latina y el mundo”. “Mirando los números del sistema, aumentar la edad de retiro no soluciona nada”, comentó Pardo en relación al debate político suscitado al respecto.
Además, la vicepresidenta agregó que una buena parte se jubila “por lo que se llama causal común”, pero “hay personas que lo hacen por nuevas causales como incapacidad o patologías psiquiátricas”, y eso ha crecido y seguirá aumentando. “Hay que ver si las formas de evaluación actuales son las correctas”, advirtió.
Pardo reconoció que se necesita una reforma integral y no hay mucho tiempo para hacerla, y consideró que las medidas a tomar son “antipáticas” y por eso se postergan. “Cuanto más se demoren, menos transiciones simpáticas podrán hacerse porque se tendrán menos fondos”, dijo, y acotó: “Coincido con Astori, la reforma debe de ser en el próximo gobierno y en el primer año”.
Que el sistema tenga dificultades de financiamiento implica que tenga “problemas de cobertura”, es decir, dificultades para afrontar jubilaciones y pensiones. Reflexionó que es necesario un acuerdo interpartidario “porque no son temas para que los partidos obtengan réditos políticos, son propuestas poco agradables de escuchar donde es necesario una política de Estado”. Existen maneras de resolverlo, pero según Pardo, “ninguna es alegre”. “La solución de financiamiento es que el Estado invierta más plata y nosotros, los trabajadores, también pongamos algo más”.
República AFAP, como parte del sistema previsional, realizó diagnósticos de su situación y de acuerdo con la vicepresidenta, la cobertura los tiene “bastante preocupados”. Un informe demográfico realizado por la economista ubica a Uruguay como el segundo país más envejecido de América Latina, pero con las más amplia cobertura de la región. “La población no aumenta, las personas cada vez viven más y los adultos mayores son cada vez más en proporción al resto de la población. Ese no es un tema que se vaya a poder revertir”, dijo. “Todos tenemos que asumir que el envejecimiento va a traer consecuencias desde el punto de vista de las demandas sociales, no solo de previsión social sino de atención de salud, cuidados para personas solas en la tercera edad. Eso va a requerir más fondos”, explicó.
Según Pardo, “es importante entender que para cubrir el gasto público habrá limitaciones y el dinero para pagar las prestaciones va a ser insuficiente”, por lo que la sociedad uruguaya tiene que discutir qué quiere priorizar, si a las personas más vulnerables -los que no tienen cobertura previsional, las jubilaciones y pensiones- o si va a querer mantener otros servicios públicos como la salud, la educación o los cuidados.
Los datos de República AFAP sostienen que en 2017 se destinaron 6.630 millones de dólares a 900 mil jubilaciones y pensiones. Los egresos de los institutos de seguridad social del país, es decir del BPS y las cajas paraestatales, superaron a los ingresos por aportes personales y patronales en una cifra mayor al 4,5 por ciento del Producto Bruto Interno (PBI), unos 2.800 millones de dólares. Además, al BPS el año pasado le faltaron 582 millones de dólares para cubrir sus egresos y la cifra fue saldada por el Estado, lo mismo que sucedió con la Caja Militar, que recibió 550 millones. Se cree que para 2019 el déficit del sistema previsional llegará aproximadamente a los 800 millones.
Mirada política
“La seguridad social necesita reformas urgentes, siendo la más importante la de la Caja Militar”, manifestó Óscar Andrade, secretario general del SUNCA y militante del Partido Comunista. Al Igual que Pardo, Andrade piensa que debe convocarse a un diálogo nacional para promover cambios que “deben centrarse en el concepto de la seguridad social como derecho humano”. Agregó además que es necesario lograr aportes equivalentes entre empresarios y trabajadores: “Las exoneraciones de aportes patronales a la seguridad social son parte del debate, así como la tasa de los mismos, que es la mitad del aporte obrero”. Explicó que cada punto porcentual implicaría más de 100 millones de dólares: “esa podría ser otra de las soluciones”.
También comparte con Pardo la idea de que “extender la edad de retiro no solucionaría nada”, ya que “hay una revolución científico-tecnológica en curso” que hace que maquinaria inteligente suplante al trabajo humano. Esto hace que se piense “incluso en una reducción de la jornada laboral”, por lo tanto aumentar la edad para jubilarse “no parece lógico”, concluyó.
Guillermo Corbo