Foto: Intendencia de Maldonado
El intendente de Maldonado, Enrique Antía, defendió el nuevo gravamen y aseguró que se trata de una “redistribución de los costos”. “Cuando llegamos al gobierno hicimos cero aumento en las contribuciones. Acá no se aumentaron las contribuciones, ni en Punta del Este ni en Maldonado. Solamente fue reajuste por IPC [Índice de Precios al Consumo]”, declaró el intendente en un video publicado días atrás en la cuenta oficial de la comuna.
El impuesto se suma a la lista de otras cargas tributarias que también tuvieron incrementos en la actual administración de Antía, como el nuevo impuesto para la red de cámaras de seguridad, que también se cobra a quienes no viven en zonas con este sistema, o el aumento de hasta un 70 por ciento de la contribución inmobiliaria, que en algunos casos llegó al 300 por ciento. “Trabajando en estos años nos hemos encontrado con algunas dificultades con necesidad de pequeños ajustes en la tasa de higiene de las amenities de los edificios que son vintenes”, expresó Antía.
La nueva tasa implicará un pago de 0,10 Unidades Reajustables (UR) -equivalentes a $108- por metro cuadrado, que tomará en cuenta todas las superficies comunes de los complejos residenciales, incluso los espacios exteriores y las canchas deportivas. Además, tendrá un tope máximo de 100 UR y será retroactiva al 1 de enero de 2018.
Desarrolle su respuesta
El edil del Frente Amplio (FA) por Cabildo 1813 e integrante de la Comisión de Presupuesto de la Junta Departamental de Maldonado, Federico Guerra, habló con SdR y explicó los motivos por los que su partido no acompañó el proyecto por considerar que “no es el momento”. “Hay todo un discurso de pedirle al Gobierno Nacional y al Ministerio de Turismo que no se graven los emprendimientos turísticos y acá se propone subir las tasas” dijo Guerra.
El proyecto establece que “quedan exonerados del pago de la tasa de higiene y salubridad los propietarios de edificios construidos en régimen de propiedad horizontal ubicados en los cascos urbanos de las ciudades de Maldonado y San Carlos”. Uno de los problemas, según Guerra, es que no se define qué es el “casco urbano”. “Puede ser la plaza”, manifestó el edil.
Además, señaló que tampoco define qué se entiende por “complejos habitacionales”; si bien habla de una exclusión de las viviendas promocionadas o similares, no hay un desglose de qué serían estas viviendas.
El edil manifestó que no está de acuerdo con los dichos de Antía sobre la ausencia de aumento de los impuestos, ya que según Guerra hubo zonas residenciales de clase media con aumentos de hasta 400 por ciento, debido a la ambigüedad de la ley de presupuesto de ese entonces.
Sobre la nueva tasa, Guerra expresó que “es muy a la apurada, como toda esta adecuación presupuestal” y que no alcanza para paliar el déficit con el que cuenta la IM, que pasó de tener un pasivo de U$S 48,5 millones en diciembre de 2015, a U$S 74 millones en el balance de diciembre de 2017, lo que se traduce en un aumento de 53% en dos años.
Javier Revetria
