La Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH) se pronunció sobre una denuncia por daño ambiental en Aguas Corrientes, Canelones, como consecuencia de lodos residuales generados durante el proceso de potabilización de agua a cargo de OSE. Los deshechos generaron daños ambientales en el Río Santa Lucía y en el monte nativo que hay en el lugar, lo que afectó actividades recreativas y económicas de la población de la zona, que forma parte del Área Protegida de los Humedales de Santa Lucía. Tras recibir la denuncia, que según informó el semanario Búsqueda el 4 de octubre fue realizada por autoridades de la localidad, el INDDHH realizó una visita a la planta de OSE de Barrio Palermo, en Aguas Corrientes, donde se observaron “malas condiciones de mantenimiento e inexistencia de personal en el lugar”.
Según la resolución del INDDHH del 2 de octubre, la medida N° 6 del Plan de Acción para la Protección de la Calidad de Agua del Río Santa Lucía, publicado en 2013 por el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA), se comprometía a “implementar una solución definitiva al manejo y disposición de lodos de la planta de tratamiento de agua potable de Aguas Corrientes de OSE”, obra cuya finalización estaba prevista para diciembre de 2015.
Ante la ausencia de obras, las autoridades municipales de Aguas Corrientes intentaron dialogar con OSE en varias ocasiones pero no tuvieron éxito y tampoco pudieron acceder a los resultados sobre los análisis de la calidad del agua en la zona. El INDDHH realizó un pedido de información a la empresa y solicitó una entrevista que no fue concedida. En la respuesta de OSE se mencionó que desde hace años buscan una solución para disminuir los desechos vertidos al río. Al respecto, el organismo público señaló que “el volumen y gran contenido de agua de los mismos determinan que la inversión para ello sea muy alta, así como los gastos de operación y mantenimiento anuales”, con un costo estimado de 30 millones de dólares de inversión inicial y seis millones de dólares para operación y mantenimiento. Por esta causa, explicaron, la obra no estuvo dentro de las prioridades de las distintas administraciones y también mencionaron que se pidió al MVOTMA posponer la realización de las obras hasta 2020.
La INDDHH solicitó el asesoramiento de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República, que determinó que los elementos utilizados en el proceso de potabilización saturan el lecho del río y que, por la misma naturaleza del proceso, los desechos podrían contener bacterias y virus. También manifestaron que si bien no es OSE la responsable de la presencia de coliformes en el área, la empresa los captura y los desecha, concentrando estos y otros elementos contaminantes presentes naturalmente en el agua. Según se estableció desde la facultad, ello genera daños en la fauna y en la vegetación, por lo que se planteó la necesidad de realizar más estudios para determinar hasta dónde se extienden los desechos. Los docentes de Facultad de Ciencias aconsejaron un monitoreo continuo para controlar posibles daños a largo plazo en el medio ambiente y la salud de los habitantes de Aguas Corrientes.
La resolución de la INDDHH concluyó que “la descarga directa de los lodos residuales del proceso de potabilización en Aguas Corrientes produce impactos adversos sobre los derechos humanos, dada por la inadecuada gestión de residuos por parte de OSE” y que se están vulnerando los derechos al agua, a vivir en un ambiente sano, al acceso a la información ambiental y a la participación pública en la toma de decisiones de asuntos ambientales.
La INDDHH determinó un plazo de 30 días hábiles para que OSE presente un plan de gestión para los residuos de la planta potabilizadora, que plantee una solución a corto plazo. Además, estableció un lapso de 10 días hábiles en los que OSE y las autoridades del MVOTMA deberán reunirse con los denunciantes para brindarles asesoramiento y respuestas.
Al ser consultado sobre el tema, el subsecretario del MVOTMA, Jorge Rucks, mencionó que la resolución de la institución “no corresponde”, porque se determinó que no hay afectación de agua potable por la situación de los lodos de OSE en Aguas Corrientes. Si bien el problema ambiental está identificado desde 2013, los costos para la realización de las obras eran muy altos, por lo que se priorizaron obras de saneamiento en ciudades cercanas que, al estar aguas arriba, sí tenían efectos en la contaminación del agua potable, explicó. Rucks comentó que se hizo una “postergación en el tiempo” hasta que OSE cuente con los fondos para llevar adelante las obras, que hoy no son una prioridad. Insistió en que no están negando el daño ambiental pero que no hubo afectaciones sustantivas al ambiente y por eso se realizaron otras obras.
El alcalde de Aguas Corrientes, Álvaro Alfonso, dijo a SdR que hasta ahora no han tenido respuesta de OSE ni ningún contacto por parte de las autoridades del gobierno nacional. Mencionó que, según el informe, el daño es más grave de lo que pensaban y que si la ministra Eneida De León no toma en cuenta este problema “se va a quedar sin empresa”, ya que estaría eliminando “la única vena que le queda al río si hay algún problema”. Alfonso mencionó que vienen advirtiendo sobre este problema desde 2010, sin respuestas hasta el momento, y que si el 17 de octubre no tienen la reunión que determinó la INDDHH, “ahí empezará otro partido”. Por su parte, concluyó que las autoridades “están jugando con fuego”.
Xóchil Hernández