Foto: FFOSE
Al poco tiempo de aprobada la norma, desde las organizaciones se inició una campaña de recolección de firmas para que su derogación sea sometida a referéndum. Para lograrlo se requiere la voluntad de 25% del padrón electoral, lo que equivale a unas 695.000 firmas, aunque se piden 750.000 debido a que suele haber casos de personas que no están habilitadas a firmar o que se equivocan en algún dato personal al completar la planilla de adhesiones al referéndum. El 27 de octubre es el plazo final de entrega ante la Corte Electoral, aunque, para tomar precauciones, se está citando a todos los que tengan papeletas para un recuento total el 20 de octubre.
En este sentido, el PIT CNT impulsó la realización de algunas jornadas de juntada de firmas para el último tirón de la campaña de recolección. La última jornada se realizó el 3 y 4 de octubre, y un día después se realizó una marcha por la Avenida 18 de julio de Montevideo. En diálogo con SdR, Esteban Porley y Fernanda Gutiérrez, integrantes de la Agremiación Federal de Funcionarios de la Universidad de la República (Udelar), integrantes de un puesto de recolección de firmas durante la última jornada en la Facultad de Ciencias Económicas y Administración, quienes estimaron que hasta el momento se llevan cerca de 650.000 firmas y se mostraron confiados en que se logrará cumplir con la meta para lograr el referéndum.
“No estamos muy contentos con la difusión mediática, creemos que el hecho de que la ley no se ponga en tela de juicio responde a algunos intereses particulares”, entendió Porley. Además, valoraron que un punto fuerte de la campaña fue la presencia de planillas en todas las manifestaciones y marchas, y también en los centros de estudiantes de la Udelar y en puestos fijos en la vía pública.
“Alcanzamos un montón de personas, pero ese número podría haber sido mayor, contamos con el apoyo de FFOSE para materiales como banderas, carteles y pegotines, que han sido la única forma de dar a conocer este movimiento”, explicaron.
Desde la explanada de la Udelar hoy partió la décima Marcha nacional en defensa del agua y la vida, con el objetivo principal de apoyar la campaña. La movilización fue organizada por la Asamblea Nacional Permanente, movimiento que nuclea a diversos colectivos sociales y medioambientales, y fue apoyada por numerosas agrupaciones políticas, gremiales y estudiantiles.
Marcando postura
Para hablar sobre algunos dichos de políticos, tanto a favor como en contra de la ley, SdR se comunicó con Víctor Bachetta, periodista ambiental, coordinador del Movimiento por un Uruguay Sustentable (MOVUS).
-Según el diputado de Unidad Popular Carlos Pérez, la aprobación de la Ley de riego del año pasado “favorece el monocultivo sojero y forestal”, ¿es cierto?
– No afecta de esa manera a las producciones, pero sí a la propiedad de la tierra. La ley incentiva la concentración de la propiedad de la tierra y esto está vinculado fuertemente con el monocultivo. Además, permite que un productor sea propietario del agua, lo que trae un nuevo gran problema: un productor que tenga problemas con la cosecha va a generar una deuda con el dueño del agua que, tarde o temprano, terminará saldando mediante la entrega de la tierra.
-¿El hecho de que la ley permita que los inversores extranjeros compren embalses favorece indirectamente a la extranjerización de la tierra?
– Exactamente. La concentración de nuestra tierra no solo pasa a pocas manos, los dueños del agua, sino que incluso algunos de ellos serán extranjeros.
–El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Enzo Benech, afirmó a El País, que “la ley soluciona la falta de agua en enero y febrero o cuando hay sequía” y que “no afecta el ambiente, lo contrario”. ¿La extranjerización y la tendencia al monocultivo no implican consecuencias ambientales?
-Una cosa es que se busque mejorar e incentivar el riego, para eso ya había una ley. Nadie está contra eso. Pero por otro lado, el último documento incentiva la proliferación por inversión privada de nuevas represas, ahí ya está afectando al ambiente, en cuanto a que hay nuevas fuentes de enlentecimiento de los cursos de agua. Ya tenemos cursos de agua contaminados por saturación de nitrógeno y fósforo que provienen de la actividad agrícola y ganadera. Si aumentan las represas, vamos a continuar saturándolos y generando contaminación.
-¿A futuro debería planificarse una ley que efectivice el uso del agua para riegos pero que excluya la participación privada?
-Efectivamente. La ley aprobada está dentro de la estrategia país del Banco Mundial. Lo que hizo el ex ministro [de Ganadería, Agricultura y Pesca, Tabaré] Aguerre fue poner en proyecto de ley una medida que está en los documentos de dicha institución, que tiene como objetivo la privatización del recurso agua y facilitar la inversión extranjera en grandes cantidades. Esto va tanto contra el artículo 47 de la Constitución como contra los intereses del país.
Facundo Verdún
