Vigilia por Berta Cáceres frente a la Suprema Corte de Justicia en Tegucigalpa. Foto: Orlando Sierra/ AFP
Bertha Zúñiga dijo a SdR que el caso de su madre, Berta Cáceres, se ha convertido en “una piedra en el zapato para el gobierno de Honduras”, por lo que se busca cerrar la investigación cuanto antes. Su familia y el Comité Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) presentaron nuevos recursos y el proceso quedó suspendido.
Zúñiga afirmó que la suspensión de este juicio se da por varias actuaciones “negligentes” del Ministerio Público (la fiscalía) de su país, que fueron contempladas sin ninguna sanción por parte del tribunal de Tegucigalpa. El mismo día del juicio todavía no le habían informado a la familia si la justicia incautó los aparatos telefónicos, pendrives, tabletas y computadoras a las personas que estaban siendo imputadas, algo que había sido ordenado hacía dos semanas. Tampoco se brindaron los resultados de un peritaje de análisis financiero y patrimonial de los involucrados, lo que contribuyó a la suspensión de las actuaciones.
“La negación de información a la familia se ha dado desde que comenzó la investigación, nunca consideraron a las víctimas como sujeto a tener en cuenta dentro del proceso”, aseguró Zúñiga. Dijo además que en marzo de 2016 –fecha del asesinato- decretaron la “secretividad” sobre la investigación, “algo que en Honduras no está permitido” porque las partes tienen derecho a acceder a la información disponible.
En varias oportunidades se suspendieron las audiencias de proposición de pruebas, que anteceden al juicio como tal, ya que el Ministerio Público no proporcionó la información que debía. “El incumplimiento de la orden judicial de entrega de información acarrearía una sanción a la fiscalía según el tribunal, sin embargo, nunca fueron sancionados. Esto es parte de la permisividad del tribunal”, dijo Zúñiga.
Además, la hija de Berta Cáceres enumeró varias actitudes abusivas por parte del tribunal, entre ellas el haberles negado la condición de víctimas de los integrantes del COPINH. Además, “no lo dicen abiertamente, pero el Estado está muy presionado para dar un resultado y cerrar el caso. Frente a la comunidad internacional, esto ha sido una piedra en el zapato para el gobierno de Honduras, debido a que luego del asesinato hay bastante inestabilidad de proyectos extractivos de todo tipo”. Dijo además que el modelo económico de ese país está basado en el extractivismo y en el saqueo de los territorios, y agregó: “quieren dar un resultado para acallar la demanda de justicia, presentarlo como un logro para el Estado de Honduras, para que deje de ser un estorbo para las inversiones y una crítica permanente como una grave violación a los derechos humanos”.
“Ese conjunto de cosas genera un clima que no es el adecuado para hacer el juicio. Estimamos que el juicio será en tres semanas debido al feriado de la Semana Morazánica, por lo que se va a postergar algunos días más. Esto no es una certeza, ya que nosotras estamos esperando también alguna noticia de la corte”, afirmó Zúñiga a SdR.
Berta Isabel Cáceres Flores pertenecía al pueblo indígena Lenca de Honduras y fue cofundadora de COPINH. En su lucha por preservar los suministros de alimentos y agua de las comunidades indígenas se enfrentó a dueños de plantaciones, madereros ilegales, corporaciones multinacionales y proyectos de represas. Fue asesinada en su casa el 3 de marzo de 2016 por unos atacantes que aún no fueron identificados.
Eliana Vila
